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En una medida que impacta directamente a los ciudadanos y trabajadores de diversas áreas del Estado, el Gobierno anunció el cierre de más de 70 oficinas en todo el país, afectando sectores como Salud, Turismo, Anses, Afip, Enacom, Inadi, Industria y Enargas.

La Jefatura de Gabinete, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), confirmó la recisión de estos contratos de alquiler con el objetivo de reducir el gasto público.

Según lo informado por la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, la cancelación de estos alquileres representa un ahorro anual de $2.298.218.220. “Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera.

De este modo, se resolvió la baja 23 convenios en la  provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de los alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

Además de las 71 oficinas cerradas, el Gobierno prevé continuar con esta política y rescindir otros 106 contratos de alquiler. “La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más”, aseguraron fuentes oficiales.

A pesar de los cierres, la administración afirmó que los 3.500 trabajadores afectados fueron reubicados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional. “En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”, explicaron.

Esta decisión, según el Gobierno, contribuirá significativamente a la reducción del gasto público. “Esta medida contribuye de manera notable a la reducción del gasto público”, destacaron, agregando que se implementarán nuevos controles en los procedimientos de alquileres para seguir optimizando los recursos del Estado.

Los cierres están generando diversas reacciones entre los trabajadores y usuarios de estos servicios. Mientras algunos ven la medida como una forma de eficiencia y ahorro, otros expresan su preocupación por la accesibilidad y calidad de los servicios que ahora estarán concentrados en menos lugares.

Trabajadores y usuarios de las oficinas afectadas han mostrado sentimientos encontrados ante la noticia. “Estamos preocupados por cómo se gestionará la atención al público con menos oficinas disponibles”, expresó un trabajador de ANSES.

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ATE anunció un paro de controladores aéreos para este jueves

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el jueves 19 de septiembre en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos.

“Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Es mentira que el Presidente quiera destruir el Estado. Lo que realmente quiere es construir otro Estado. Un Estado que esté al servicio de los poderes económicos concentrados y las multinacionales. El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral”, señaló el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó: “Este jueves vamos a cesar en la prestación de servicios en dos bloques horarios y durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado. El mandato de las asambleas y plenarios es claro. Si no existen respuestas, las medidas se van a profundizar con el correr de los días”.

El cese de la prestación de servicios afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 en primera instancia; y luego entre las 17 y las 22.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

 Los motivos de la medida informada en la presente son:

* Retrotraer los despidos de trabajadores del organismo

* Ser incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo

* Reapertura de la Paritaria Sectorial para discutir una actualización salarial.

Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. Por ende, es una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente. 

Desde julio de este año, la ANAC se encuentra intervenida por el Ejecutivo nacional, lo que derivó en una serie de cambios normativos de los cuales los trabajadores del sector no son informados como corresponde, siendo que los mismos afectan a las labores diarias: tercerización de funciones, fusión de organismos, derogación de licencias, entre otros. 

Por último, el sindicato informó que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año a raíz de la paritaria sectorial que no fue abierta en lo que va del año.

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Trabajadores podrán ver sus recibos de sueldo desde MI AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que los trabajadores en relación de dependencia podrán visualizar su recibo de sueldo a través de la aplicación del organismo en una nueva muestra de su capacidad de control sobre ingresos y gastos.

La observación se hará a través del servicio “Mi Liquidación Digital”, al que se podrá acceder desde el menú de opciones de la aplicación, con CUIL y clave fiscal.

“La herramienta de consulta exhibirá los datos existentes en las bases de datos de seguridad social de la AFIP, a fin de que el ciudadano pueda consultar conceptos tales como los montos y descuentos declarados por su empleador”, señalaron desde el organismo.

El sistema estará disponible para los trabajadores del sector privado cuyos empleadores se encuentren obligados al uso del “Libro de Sueldos Digital”, de donde la aplicación tomará los datos a informar.

Mediante su utilización, los trabajadores también verificar otros datos vinculados a pagos adicionales y vacaciones, mientras que podrán revisar los descuentos destinados a su jubilación, salud, riesgos del trabajo, seguro de vida, cuota sindical y/o por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, en caso de corresponder.   

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CONADU advirtió: «Si hay veto, hay marcha»

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la organización que conduce Carlos De Feo, lanzó una advertencia contundente al gobierno tras la aprobación en el Senado de la ley de financiamiento obligatorio para las universidades nacionales.

«Si hay veto, hay marcha», manifestó la CONADU en defensa de la normativa aprobada en el Congreso de la Nación, y destacó que la comunidad universitaria está lista para movilizarse nuevamente en defensa de sus derechos.

De esta manera, la organización sindical de docentes universitarios celebró el logro que significó la aprobación del proyecto, pero dejó en claro que no tolerarán un posible veto presidencial a la norma, como ocurrió con la ley de movilidad jubilatoria.

«Llenaremos nuevamente las calles con nuestros reclamos. No se puede gobernar con vetos y decretos que atentan contra los derechos de nuestro pueblo», enfatizó la federación gremial a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, CONADU subrayó la importancia de la ley para garantizar el financiamiento adecuado de las universidades y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia.

«Vamos a defender la democracia», añadió la Federación, y dejó en claro su rechazo no sólo a un eventual veto a la ley de financiamiento, sino también a la ley jubilatoria.

De esta manera, la organización sindical hizo un llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse alerta y unida para enfrentar cualquier medida que ponga en riesgo los derechos conquistados.

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