Milei destina cerca de $200.000 millones para retiros voluntarios en tres empresas estatales

El Gobierno destinó casi $200.000 millones para financiar retiros voluntarios en tres de las principales empresas estatales: Aerolíneas Argentinas, Aysa y Correo Argentino. Según fuentes de estas empresas, unas 5800 personas se acogieron a este régimen, lo que representa un costo promedio de $33,6 millones por trabajador.

Aysa: Un total de 1200 empleados optaron por el retiro voluntario. La empresa recibió $36.000 millones del Tesoro para financiar estas salidas, con un promedio de $30 millones por empleado. En diciembre del año pasado, Aysa contaba con 7790 empleados, y según un documento de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, muchos de estos puestos fueron creados por razones políticas más que por necesidades reales.

Correo Argentino: La empresa experimentó una significativa reducción de personal, con 3600 retiros voluntarios y 377 despidos. Para financiar estos retiros, el Tesoro transfirió un total de $100.000 millones, lo que equivale a unos $27,8 millones por trabajador. La reducción representa casi un cuarto de la plantilla de Correo Argentino, que en noviembre del año pasado tenía 16.897 empleados.

Aerolíneas Argentinas: En junio, el Gobierno transfirió $58.700 millones a la empresa, en la primera asignación de fondos de la administración de Javier Milei. Esta financiación está destinada a un plan de reducción de personal, que en su primera etapa incluyó a casi 500 empleados. Una segunda etapa, que se lanzó recientemente, espera sumar otros 500 retiros voluntarios.

A pesar de estas significativas reducciones, la empresa estatal con mayor plantilla es Operadora Ferroviaria S.E., conocida como Trenes Argentinos, con 23.456 empleados. Hasta el momento, esta empresa no ha iniciado ningún proceso de retiros voluntarios o despidos. Sin embargo, la firma atraviesa cambios, ya que el Gobierno solicitó la renuncia de su presidente, Luis Luque, debido a incumplimientos en los objetivos y tiempos para las políticas del sector.

Estos movimientos reflejan el alto costo de los procesos de reducción de personal en las empresas estatales, destacando la complejidad y el impacto económico de tales decisiones.