El Gobierno subsidiará a empresas privadas que tomen empleados públicos despedidos

La propuesta surge en el marco de los esfuerzos del gobierno para reducir personal y achicar la estructura del Estado. Según Sturzenegger, la intención es que «los empleados que se encuentren en planta permanente pero sean afectados por la restructuración puedan insertarse en el sector privado formal».

El plan contempla que el personal no reubicado en otras áreas estatales reciba capacitación o desarrolle tareas en otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Pasado este período, si el trabajador no consigue empleo en el sector privado, será despedido con indemnización. «Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses, se la vamos a dar a la empresa», explicó Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

Simultáneamente, Sturzenegger trabaja en la eliminación o reforma de alrededor de 60 organismos públicos, los cuales serán eliminados, reducidos o fusionados con otras áreas. Entre los organismos que podrían ser afectados se encuentran el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Aunque los fundamentos para estas reformas aún no se han oficializado, se basarían en la idea de que estos organismos «no tienen un fin necesario para la función pública» o fueron utilizados de manera irregular durante administraciones anteriores. «En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas», indicó una fuente cercana al Ejecutivo.

La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero como parte de una política «integral» de «desmantelamiento de diferentes institutos» considerados innecesarios. Sin embargo, la implementación de estas medidas está sujeta a la articulación de un decreto y la coordinación con los respectivos ministros o secretarios de las áreas afectadas.