Llaryora tensiona con docentes cordobeses que van a un paro de 48 horas

El gobernador de la provincia de córdoba, Martín Llaryora optó por una medida unilateral que abonará a los docentes los aumentos propuestos para los meses de junio y julio, según un comunicado oficial divulgado el martes por la noche.

En un giro inesperado en la conflictiva negociación salarial entre el Gobierno provincial de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Llaryora  decidió actuar desde Londres, donde se encuentra en una visita oficial.

El comunicado del Centro Cívico detalla que, «a pesar del rechazo de la propuesta salarial, la Provincia liquidará los haberes docentes con aumento retroactivo a junio». Esta decisión se materializa a través de un decreto emitido por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi. 

La medida incluye un ajuste salarial retroactivo y busca sortear el conflicto que surgió con el mayor gremio de estatales de la provincia, conocido por su firme postura en las negociaciones salariales.

El incremento salarial aprobado por el gobernador incluye un aumento del 2,5% remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos para junio, así como un 2% más una suma fija de 25 mil pesos para julio. Estos ajustes se realizan en un contexto de inflación de 4,08% en mayo y 3,7% en junio, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.

El impacto de esta medida generó una serie de críticas desde el gremio. Rafaela Ludueña, secretaria general de UEPC en el departamento San Justo, calificó la oferta como «un retroceso en la negociación» y la considera «inaceptable». Ludueña señaló que la propuesta del gobierno no mejoró en comparación con la oferta anterior rechazada y que el ajuste no compensa adecuadamente las necesidades de los trabajadores.

En respuesta a la medida unilateral, la UEPC convocó a un paro de 48 horas para los días lunes 5 y martes 6 de agosto, con una movilización programada en la capital provincial. Esta acción se suma a la creciente tensión entre el gobierno provincial y los educadores, que han expresado su descontento con la gestión salarial actual y han exigido mejoras sustanciales en las condiciones laborales.

La decisión de Llaryora de implementar el aumento salarial por decreto parece ser una estrategia para resolver el conflicto con el gremio, al menos a corto plazo. Sin embargo, la falta de acuerdo y la resistencia del UEPC indican que la disputa salarial no está cerca de resolverse completamente. La medida puede ser vista como un intento de presión sobre el gremio, al mismo tiempo que busca mitigar las críticas y mostrar un avance en la resolución del conflicto.

Con este panorama, la situación salarial de los docentes en Córdoba sigue siendo un tema de intenso debate y conflicto, y se mantiene bajo un análisis constante tanto por parte de los sindicatos como de la administración provincial. La evolución de esta disputa será clave para el desarrollo de las relaciones laborales en la provincia y el impacto en el bienestar de los trabajadores educativos. 

Fuente: (www.REALPOLITIK.com.ar)