Según formularon desde la CTERA, observan con “preocupación y alerta” el proyecto impulsado por el ejecutivo ya que significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023, lo que profundizaría el “brutal ajuste y desfinanciamiento”.

En ese sentido, recordaron que todo comenzó con la degradación del Ministerio de Educación a Secretaría y que ahora se agravará al dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (26.206), de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614) y del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058 ).

CTERA destacó el fallo judicial que ratifica la inconstitucionalidad del DNU 70

De este modo, el Estado ya no quedaría obligado a proporcionar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 % del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento 1% del PBI.

Además, la medida también afectará al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

Todos los ítems del presupuesto se ven afectados, especialmente el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el Mejoramiento de la calidad educativa, que directamente desaparecen del presupuesto 2025. A su vez, también se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-97%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras.

“Es un nuevo ataque a la educación pública y vulnera el derecho a la educación que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía en nuestro país”, afirmaron, y criticaron que el Gobierno “esté dispuesto a gastar recursos en fondos para la SIDE, para la compra de aviones de guerra o para los viajes privados del presidente”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el jueves 19 de septiembre en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos.

“Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Es mentira que el Presidente quiera destruir el Estado. Lo que realmente quiere es construir otro Estado. Un Estado que esté al servicio de los poderes económicos concentrados y las multinacionales. El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral”, señaló el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó: “Este jueves vamos a cesar en la prestación de servicios en dos bloques horarios y durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado. El mandato de las asambleas y plenarios es claro. Si no existen respuestas, las medidas se van a profundizar con el correr de los días”.

El cese de la prestación de servicios afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 en primera instancia; y luego entre las 17 y las 22.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

 Los motivos de la medida informada en la presente son:

* Retrotraer los despidos de trabajadores del organismo

* Ser incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo

* Reapertura de la Paritaria Sectorial para discutir una actualización salarial.

Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. Por ende, es una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente. 

Desde julio de este año, la ANAC se encuentra intervenida por el Ejecutivo nacional, lo que derivó en una serie de cambios normativos de los cuales los trabajadores del sector no son informados como corresponde, siendo que los mismos afectan a las labores diarias: tercerización de funciones, fusión de organismos, derogación de licencias, entre otros. 

Por último, el sindicato informó que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año a raíz de la paritaria sectorial que no fue abierta en lo que va del año.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la organización que conduce Carlos De Feo, lanzó una advertencia contundente al gobierno tras la aprobación en el Senado de la ley de financiamiento obligatorio para las universidades nacionales.

«Si hay veto, hay marcha», manifestó la CONADU en defensa de la normativa aprobada en el Congreso de la Nación, y destacó que la comunidad universitaria está lista para movilizarse nuevamente en defensa de sus derechos.

De esta manera, la organización sindical de docentes universitarios celebró el logro que significó la aprobación del proyecto, pero dejó en claro que no tolerarán un posible veto presidencial a la norma, como ocurrió con la ley de movilidad jubilatoria.

«Llenaremos nuevamente las calles con nuestros reclamos. No se puede gobernar con vetos y decretos que atentan contra los derechos de nuestro pueblo», enfatizó la federación gremial a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, CONADU subrayó la importancia de la ley para garantizar el financiamiento adecuado de las universidades y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia.

«Vamos a defender la democracia», añadió la Federación, y dejó en claro su rechazo no sólo a un eventual veto a la ley de financiamiento, sino también a la ley jubilatoria.

De esta manera, la organización sindical hizo un llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse alerta y unida para enfrentar cualquier medida que ponga en riesgo los derechos conquistados.