
La CGT sale a la calle y desafía a Milei
La primera expresión callejera será la marcha del 7 de agosto. «Pegar y salir», es la táctica elegida y el plan se definirá en un plenario de regionales. La conducción del PJ.
La CGT abandona la pasividad en la que había ingresado tras el paro general del 9 de mayo. Y es que los sectores más dialoguistas finalmente se convencieron de que las charlas que había abierto el gobierno de Javier Milei no iban a ninguna parte. O peor, la Casa Rosada ignoró todo lo conversado para profundizar el ajuste y destruir la legislación laboral. Los datos son funestos: el consumo cayó casi 10 por ciento respecto a mayo, la pobreza crece sin freno y el desempleo despega. En este contexto, durante la última reunión del consejo directivo, se concluyó que «el gobierno hizo todo para que volvamos a la calle» y se acordó elaborar un nuevo plan de acción. La primera actividad será la marcha del 7 de agosto, el día de San Cayetano, donde confluirá con las dos CTA y los movimientos sociales. El resto deberá ser aprobado en un plenario de regionales, pero algunos integrantes de la conducción ya hablan de aplicar la táctica de «golpear y retirarse» a ver qué hace la Rosada porque, como coincidieron todos los integrantes del consejo directivo, «estamos solos sin conducción política (partidaria)».
En el principio
A pocos días de asumir, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 118 por ciento. La economía sufrió frenazo que se sintió de inmediato en los bolsillos de los trabajadores. El inicio del ajuste en el Estado no se hizo esperar y tampoco las protestas y movilizaciones de los sindicatos. De inmediato la CGT, la más grande del país, reaccionó. Primero fue a la justicia, con movilización incluida, con un amparo para frenar el capítulo laboral del DNU 70/2023. Luego, y junto a las dos CTA, anunció un paro con movilización cuando solo habían transcurrido 44 días de gobierno libertario. Fue el 24 de enero.
No terminó allí. Luego se sucedieron otras grandes movilizaciones donde la central participó, como las del 8 y 24 de marzo y la de la universidad en abril y el segundo paro general del 9 de mayo. Sin embargo, a partir de ahí se produjo una especie de calma chicha cegetista que no se correspondía con lo que sucedía en las calles. El gobierno supo en ese momento tocar esa fibra interna del sector mayoritario de la CGT, la del diálogo antes que la acción, y los grupos conocidos como «gordos» e «independientes» se sentaron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a ver si la nueva ley Bases no se las agarraba con la legislación laboral y, además, con las obras sociales.
Cordero se mostró receptivo y predispuesto a las reclamos de los dirigentes sindicales. Mientras, como si fuera un especie de tábano, el triunviro y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, les decía que era «una pérdida de tiempo». Que nada bueno iba a salir de esas conversaciones. Pero pudo más el gen «dialoguista» hasta que se sancionó la ley Bases sin que el peronismo en el Congreso pudiese evitar la reforma laboral que la UCR se había incorporado al proyecto.
Ese cambio de táctica por parte de «gordos» e «independiente» hizo que el intento de movilizar que llevó adelante Moyano cuando se sancionó la ley Bases no surtiera el efecto deseado.
Regreso a la calle
A pesar de la diferencia de tácticas utilizadas, tanto Héctor Daer como el propio Moyano reconocen que la unidad de la CGT no estuvo en peligro. «Estos tres giles hablan todos los días», le dijo a los periodistas el día que se reunió el consejo directivo y hacía referencia a él, Moyano y Carlos Acuña que forman el triunvirato.
Antes de concluir en la necesidad de recuperar la iniciativa, en la reunión del consejo directivo se habló mucho de los problemas propios de cada gremios, también de la responsabilidad del gobierno ante su sordera frente a los reclamos sociales. Lo señalaron como la principal causa del retorno a las protestas, pero también se podría decir que hubo una especie de autocrítica. Algunos de los dirigentes allí presentes reconocieron que es preciso actuar con mucha intensidad para «no perder la confianza de los trabajadores de nuestros sindicatos o quedaremos pintados».
Para eso señalaron que es imprescindible que todo lo que se organice deber ser un éxito en convocatoria. En esa línea se inscribe la marcha del próximo miércoles. Por caso, Moyano afirmó, durante una entrevista con el programa radial «Rezá por mí», que será la continuidad de lo que se inició en diciembre pasado: «Vamos con la consigna histórica: paz, pan y trabajo. Y más allá de pedirle a San Cayetano, será una jornada de protesta en paz y multitudinaria. Los reclamos son contra la recesión, los despidos, contra la reforma laboral, en contra que los trabajadores paguen ganancias y para que se entregue los alimentos a los comedores y merenderos”.
Los planes
El fracaso de las conversaciones con el gobierno fue la principal razón para que el sector dialoguista retome la táctica de Moyano de mantener activa la protesta. Según relató uno de los presentes, uno de los principales referentes de los dialoguistas fue el que propuso cómo debían implementarse las futuras medidas de acción directa contra el gobierno: «golpear y salir». La propuesta, afirman, salió de la boca del titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
La idea del líder de gremio de empleados estatales fue aceptada por los integrantes del consejo. Resta definir qué es golpear y que implica salir, porque para muchos la propuesta les hizo acordar a las tácticas de la guerra de guerrillas.
Más allá de esta reminiscencia, lo cierto es que este plan de acción debe ser refrendado antes por un plenario de regionales. La intención es convocarlo para la segunda quincena de agosto. El encuentro será en el salón Felipe Vallese de la CGT y hasta allí deberán llegar los representantes de las casi 75 regionales que tiene la central obrera.
La intención es que todas las acciones propuesta tengan siempre la participación de las dos CTA y también las organizaciones sociales que son las que aglutinan a ese universo de trabajadores no registrados que están fuera del mundo sindical.
Por supuesto que siempre queda entre los dirigentes gremiales la queja quepor ahora no tiene resolución: la ausencia de conducción política desde el peronismo. Lo sintetizan con un lacónico «estamos solos». Otros agregan que «la dirigencia política del PJ se suma a nuestras acciones, están en todos los actos pero no convocan, el partido no convoca». El problema por ahora solo está planteado y la dirigencia política no les dio una respuesta.
Fuente: por Felipe Yapur – Pagina 12
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La UTA no se suma al paro del 10 de abril y desarma la estrategia de la CGT

La decisión del gremio de colectiveros de no detener el servicio el 10 de abril, pese a su adhesión formal al paro, expone tensiones internas dentro del movimiento obrero. La conciliación obligatoria y un trasfondo político no menor delinean un escenario complejo para la central sindical.
En un giro que sacude los cimientos de la arquitectura sindical argentina, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió mantenerse al margen de la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Aunque expresó formalmente su adhesión al paro general, el gremio conducido por Roberto Fernández confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desactivando así uno de los ejes logísticos más potentes de cualquier huelga: el transporte.
La decisión no responde únicamente a una postura gremial autónoma, sino que se encuentra condicionada por la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo tras el fallido intento de la UTA de realizar una protesta el pasado 28 de marzo. Aquel paro fue convocado ante la falta de avances en la negociación salarial del sector, pero el Gobierno nacional intervino rápidamente con la herramienta legal que suspende momentáneamente cualquier medida de fuerza.
Lo que podría parecer una determinación técnica, obedece también a factores de índole política. Desde el seno del sindicato, las voces fueron tajantes: el incumplimiento de una conciliación obligatoria podría acarrear consecuencias jurídicas severas, incluso la intervención del gremio. Pero a ello se suma el evidente malestar por el modo en que la CGT comunicó —o más bien, omitió comunicar— la decisión de convocar al paro.
Según fuentes gremiales, ni la UTA ni La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los conductores de trenes, fueron informados previamente de la medida, enterándose por la prensa y luego del préstamo de las instalaciones de la central obrera a un congreso piquetero. Solo después, y ya consumado el anuncio, el triunviro Héctor Daer convocó a los jefes de ambos sindicatos para informar oficialmente.
La actitud de la conducción cegetista pone en evidencia una profunda desconexión entre el núcleo decisor de la central y sectores estratégicos del sindicalismo tradicional, lo que no hace más que debilitar la cohesión del frente obrero en un contexto de creciente conflictividad social y económica. En este sentido, la falta de una construcción colectiva previa al paro erosiona su legitimidad y eficacia.
Por su parte, la UTA se resguarda tras una lectura estrictamente legalista, pero el gesto político es insoslayable. Al garantizar la circulación del transporte público, neutraliza de hecho el impacto del paro general en los grandes centros urbanos y expone las debilidades de una CGT que, más allá de las proclamas, carece hoy de una estrategia unificada y efectiva.
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Paro nacional docente: San Juan se suma a la protesta del 10 de Abril

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el paro nacional docente para el 10 de abril, en un reclamo que trasciende lo salarial y se convierte en un grito en defensa del sistema educativo público y los derechos de los docentes.
La tensión entre el gobierno nacional y el sector educativo alcanza un nuevo punto de ebullición. La CTERA, liderada por Sonia Alesso, confirmó la medida de fuerza a nivel nacional que incluirá paro docente y una movilización masiva el día anterior, el 9 de abril. El reclamo no se limita al salario, sino que se trata de un grito colectivo en defensa del sistema educativo público, el trabajo docente y los derechos previsionales de miles de jubilados.
La demanda de la CTERA incluye la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución y actualización del FONID, el aumento del presupuesto destinado a la educación y la necesidad de garantizar edificios escolares en condiciones mínimas para enseñar y aprender.
En la provincia de San Juan, los gremios locales UDA, UDAP y AMET se suman al paro nacional pese a estar bajo conciliación obligatoria, denunciando el deterioro progresivo del poder adquisitivo docente y el vaciamiento del sistema jubilatorio.
El conflicto docente se convierte en un símbolo de resistencia al modelo económico actual, con un profundo desacuerdo entre el gobierno y el sector educativo sobre la orientación política y económica del país. El rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la defensa de la soberanía nacional y el reclamo por una educación como derecho y no como mercancía, son puntos insoslayables del discurso sindical.
El paro nacional docente del 10 de abril es parte de una pulseada más amplia entre un gobierno que busca ajustar sin anestesia y una sociedad que resiste desde sus instituciones más sensibles. El sistema educativo público se ha transformado en un escenario privilegiado de esta confrontación, que pone en tela de juicio decisiones presupuestarias y el lugar de la educación en la estructura democrática argentina.
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Tensión en el sector estatal: Paros y conflictos en el Correo Argentino

Los trabajadores del Correo Argentino anunciaron un plan de lucha por salarios, sumando otro foco de conflictividad en organismos y empresas estatales.
La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la decisión unilateral de las autoridades de la empresa de fijar un porcentaje de incremento salarial «insuficiente» frente a la inflación. El gremio decretó el estado de alerta, con realización de asambleas en puestos de trabajo, y resolvió la convocatoria a un paro de actividades por 24 horas para el próximo martes 8 de abril.
La medida de fuerza se suma a las acciones gremiales impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), que incluyen una asamblea y movilización el miércoles 9 y un paro general el jueves 10. La organización que conduce Alberto Cejas consideró «inaceptable» el método de reemplazo de paritarias libres por una disposición caprichosa y mezquina.
Los trabajadores del Correo Argentino cerraron el 2024 con un 80% de devaluación de su salario producto de la inflación acumulada, mientras que se les ofrece un 2,7% siendo que se estima en 7% la inflación del primer trimestre del año. La paciencia de los trabajadores «tiene un límite y ese límite llegó hasta hoy», señaló el gremio.
El conflicto en el Correo Argentino se suma a la tensión en el sector estatal, con disputas en auge en distintas áreas y organismos frente al ajuste salarial y en materia de puestos de trabajo. En las últimas horas se concretaron medidas gremiales en la ex AFIP y se tensó la relación con los gremios viales ante la intervención de Corredores Viales SA.
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