El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, anticipó que la CGT está preparando un nuevo paro general en respuesta al accionar del Gobierno de Javier Milei, que busca limitar el derecho a huelga y prohibir aumentos salariales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) está evaluando lanzar un nuevo paro general en respuesta a las políticas del Gobierno de Javier Milei, que ha sido criticado duramente por sus intentos de limitar el derecho a huelga y prohibir aumentos salariales. Palazzo, afirmó que «seguramente estará en carpeta» un nuevo paro general.

Palazzo denunció que el Gobierno tiene «conductas fascistas» y que su objetivo es «provocar y condicionar» a los trabajadores cada vez que se plantea una medida de fuerza. También criticó la decisión del Gobierno de recurrir a un DNU para reinstalar medidas ya anuladas por la Justicia y limitar el derecho a huelga.

El nuevo paro general sería una respuesta a las políticas del Gobierno que fueron criticadas por los sindicatos y los trabajadores. La CGT ha sido clara en su defensa del derecho a huelga y ha advertido que no se quedará de brazos cruzados ante los intentos del Gobierno de limitar este derecho.

El DNU 340/25, que busca limitar el derecho a huelga en la Marina Mercante, fue calificado como un «nuevo intento autoritario» por parte del Gobierno nacional. La Justicia ya había declarado nulo un intento similar en el pasado, y la CGT está preparando una impugnación para presentar contra este nuevo decreto.

En un giro inesperado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) firmaron un acuerdo que suspende los despidos en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego hasta fin de año. El entendimiento llega tras 10 días de huelga en la isla, que puso en jaque a más de 8 mil puestos de trabajo.

La UOM y AFARTE lograron un acuerdo que establece la suspensión de despidos sin causa hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que significa un alivio para los trabajadores del sector. Además, se conformará una mesa de diálogo para buscar herramientas que mejoren la competitividad del sector y garanticen la continuidad de la actividad productiva.

La directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, destacó la promesa de las empresas en el acuerdo, afirmando que «asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad». La UOM, por su parte, remarcó que «la lucha continúa» y que la mesa de diálogo será fundamental para garantizar la protección de los puestos de trabajo.

Análisis y perspectivas

El acuerdo alcanzado entre la UOM y AFARTE es un paso importante para proteger los puestos de trabajo en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos significativos en un contexto de creciente competencia global y cambios en la política arancelaria.

La mesa de diálogo que se conformará entre las partes será fundamental para encontrar soluciones sostenibles que permitan a la industria electrónica fueguina mantener su competitividad y proteger los puestos de trabajo del sector. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó la importancia de la colaboración entre las partes para garantizar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo.

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado lanzó nuevos procedimientos para la elección de delegados y el pedido de tutelas sindicales, que se traducirá en un fuerte golpe a la representación gremial en ministerios y organismos. La medida es una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del ministerio de Desregulación establece los métodos para el registro de delegados y de los juicios con tutela sindical. La normativa crea un «Registro Centralizado de Delegados Gremiales» y otro de «Juicios en los que se invoque Tutela Gremial», lo que configura un mayor control del Estado sobre la elección de delegados y la representación sindical.

La medida impone restricciones significativas a la representación sindical, como la exigencia de acreditar al menos un 10% de afiliación respecto a la dotación de la jurisdicción u organismo para que las elecciones de delegados sean válidas. Además, el Estado evaluará si los candidatos a delegados cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones.

Consecuencias y reacciones

La medida generará tensión entre los propios gremios y al interior de cada organización que deberá buscar la forma de contener a los delegados que quedarán sin cargo a partir de los nuevos requisitos. También producirá sacudones entre los sindicatos en relación con la representación con la que contará cada uno en las negociaciones o discusiones con las autoridades ministeriales o de organismo. Habrá ganadores y perdedores en el peso de las conversaciones con el Gobierno.

Argumentos del Gobierno

Según señalaron, la norma intenta ordenar y actualizar la información sobre la representación sindical y los litigios vinculados a la tutela sindical, cumpliendo estándares de pluralidad y proporcionalidad sindical y respetando la representación femenina según lo regula la Ley 25.674. Sin embargo, la medida es vista como una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 es un claro ejemplo de la política del Gobierno de limitar la representación sindical y la capacidad de negociación de los trabajadores. La medida generará un nuevo foco de conflicto con los sindicatos y puede tener graves consecuencias para la democracia laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante que los sindicatos y los trabajadores se unan para defender sus derechos y luchar contra esta medida.