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Se dio en el marco de la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado nacional Martín Tetaz (UCR). El bloque de Unión por la Patria se retiró de la reunión por estar en desacuerdo en la metodología de la misma.


La Comisión de Legislación del Trabajo inició hoy el tratamiento a una serie de proyectos relacionados a la modificación de las leyes 23.551, de Asociaciones Sindicales; la 14.250, de Convenciones Colectivas de Trabajo; y la 24.013, de Empleo. Durante esta primera reunión, algunos de los autores presentaron y explicaron sus iniciativas. El próximo martes continuarán las exposiciones del resto de los diputados.


A la vista, los legisladores tenían 28 proyectos vinculados a la cuestión de democracia sindical, como por ejemplo referidos a la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos sus representantes, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la libertad de obra social, la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales, entre otras cuestiones.


En primer lugar, lo hizo la diputada Roxana Reyes (UCR), quien afirmó que la norma apunta a “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga con los principios para los cuales fueron concebidos, que es la defensa geniuna de los derechos de los trabajadores”. “Hoy la sociedad argentina duda, no cree en la dirigencia sindical, por eso es importante dar respuestas”, señaló.


En representación de la Coalición Cívica, Mónica Frade, pidió discutir y reflexionar sobre “la necesidad de transparentar los fondos sindicales”. Verónica Razzini, del PRO, se refirió a su proyecto de “antibloqueos sindicales extorsivos” basándose en su propia experiencia y la de más de setenta empresas que han sido bloqueadas. Al respecto, remarcó que “han preparado un sistema que se ha disfrazado detrás de lo que es la pelea por los derechos laborales”, es por ello que “buscamos la figura penal para dicho delito”.


Al presentar el proyecto de su autoría, Soledad Carrizo (UCR) expresó que el mismo “viene a poner énfasis en la limitación en las reelecciones indefinidas, sobre todo en los órganos de administración”. En ese sentido, celebró que “haya sindicatos que sí lo hayan establecido en sus estatutos, pero es necesario fijar un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia para darle oxigenación a esa representación”.


Desde el mismo bloque, Luis Picat (UCR), expresó que “está demostrado empíricamente que aquellos sistemas más rígidos son en tiempos de crisis los que más perjudican al trabajador”. Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”


En el inicio de la reunión, se mocionó favorablemente para que el diputado José Gómez (UxP) sea secretario de la comisión, cargo que había quedado vacante.

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Trabajadores de comercio adhieren al paro nacional de la CGT

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados en América Latina, confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Con más de dos millones de afiliados en todo el país, esta decisión marca un punto clave en la magnitud que alcanzará la medida de fuerza.

En un comunicado difundido por la FAECyS califica el paro como una «respuesta legítima» y un llamado a la unidad, conciencia y organización de la clase trabajadora. La federación advierte que el actual rumbo económico pone en riesgo pilares fundamentales del Estado, como:

  • El sistema solidario de salud: La salud como derecho fundamental está siendo amenazada por la falta de inversión y la precarización de los servicios.
  • La seguridad social: La protección social y los beneficios para los trabajadores y jubilados están siendo cuestionados y reducidos.
  • La educación pública: La educación como derecho fundamental está siendo desfinanciada y privatizada.
  • La justicia social: La desigualdad y la injusticia social están aumentando debido a las políticas económicas y sociales implementadas.

«Si se destruye el Estado, nos quedamos sin justicia social; sin sistema solidario de salud; sin educación; sin seguridad social y sin desarrollo», advierte el texto de los mercantiles.

La entidad sindical también reivindica el paro como una acción en defensa de los jubilados y jubiladas, quienes serán protagonistas de una movilización frente al Congreso el miércoles 9, un día antes de la huelga general. «Por la defensa de nuestros/as jubilados/as, de la existencia del Estado y de los derechos de los/as trabajadores/as. ¡PARAMOS!», concluye el comunicado.

Con esta decisión, la Federación de Comercio se suma a una larga lista de gremios que ya confirmaron su participación, entre ellos:

  • Sindicatos del transporte: Los trabajadores del transporte están luchando por sus derechos y condiciones laborales.
  • Docentes: Los docentes están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales.
  • Sanidad: Los trabajadores de la salud están luchando por la defensa del sistema solidario de salud.
  • Alimentación: Los trabajadores de la alimentación están defendiendo sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

La FAECyS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del Estado.

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Arranca una semana cargada de lucha gremial con 36 horas de protesta

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.

La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional

Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.

El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional

Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados

  • Paritarias libres y homologadas
  • Aumento de emergencia y actualización del bono
  • Rechazo a la represión de la protesta social
  • Defensa de la industria nacional
  • Retorno de la obra pública
  • Ejecución de un plan nacional de empleo
  • Mayor presupuesto para educación y salud
  • Equilibrio económico y justicia social

El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.

Respaldo de la CATT: Un Paso Importante

El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.

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Trump declara la guerra a los sindicatos: más de un millón de trabajadores en la mira

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.

La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.

Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.

La reacción de los líderes sindicales

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».

La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.

El precedente de Ronald Reagan

La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.

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Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.

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