La tensión entre el sindicalismo y el gobierno nacional vuelve a tomar fuerza con dos convocatorias clave en la agenda gremial: la movilización de jubilados del 9 de abril y el paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril. En este contexto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan confirmó su adhesión activa a ambas medidas de fuerza, tal como lo aseguró su titular, José “Pepe” Villa, en declaraciones a Mundo Laboral San Juan.

Villa destacó que, si bien el paro del día 10 cuenta con un fuerte respaldo gremial a nivel nacional, es probable que la movilización de jubilados tenga una participación aún más contundente, dado que representa un reclamo particularmente sensible en el actual contexto socioeconómico. “El acto del día 9 será por la tarde y creemos que puede tener un mayor impacto. Hay muchas limitaciones en los lugares de trabajo: si bien no son restricciones formales, hay temores concretos sobre posibles descuentos salariales por adherir a la huelga del 10, sumado a cuestiones como la extensión horaria y otras presiones internas que dificultan la inasistencia”, explicó el dirigente.

En ese sentido, adelantó que desde UPCN se organizarán asambleas en cada repartición estatal como mecanismo de acompañamiento a la jornada de lucha, buscando visibilizar la problemática sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. “Con esas asambleas buscamos cubrir el problema que implica dejar el puesto de trabajo, pero sin quedarnos en silencio”, sostuvo.

La decisión de acompañar ambas convocatorias no fue tomada de manera aislada: Villa dejó en claro que responde a una resolución adoptada en el seno del Consejo Directivo Nacional de UPCN. “La medida fue acordada en conjunto por todas las delegaciones del país. Somos una unión federal y, cuando se toma una decisión en el Consejo, se respeta y se ejecuta en cada provincia”, señaló con firmeza.

Consultado sobre la profundidad de la crisis que atraviesa el país, Villa fue categórico. “Estamos en medio de una crisis estructural. Las provincias están subsumidas, sin recursos suficientes para mejorar salarios o garantizar condiciones dignas. San Juan no es la excepción. Incluso el propio Estado nacional está lejos de estar en una buena situación”, indicó. Esta falta de respuestas concretas por parte del gobierno solo agrava la relación con los sectores gremiales, que ven con creciente preocupación la erosión del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

El análisis del dirigente sanjuanino evidencia un clima de creciente malestar en el ámbito estatal y una escalada en el conflicto que parece no tener un freno a corto plazo. Las medidas del 9 y 10 de abril se perfilan, entonces, no solo como jornadas de reclamo, sino como una muestra de unidad y resistencia por parte de los trabajadores y jubilados ante un panorama que se vuelve cada vez más incierto.

Con un frente sindical que se muestra decidido a hacerse oír en las calles y un gobierno que aún no brinda respuestas de fondo, la escena nacional se encamina hacia una nueva etapa de confrontación, en la que los gremios intentan preservar derechos conquistados y exigir una mayor sensibilidad social frente a los sectores más golpeados.

El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.

Los rectores de las universidades nacionales reunidos en el CIN emitieron un comunicado en el que denuncian la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

La situación en las universidades nacionales es alarmante. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció en un comunicado la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, expresó su profunda preocupación por la situación y ha solicitado al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en la partida reconducida para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.

La situación salarial es particularmente grave, con un desfasaje de más del 80% entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza.

El sistema científico también se encuentra en una situación crítica, con una desinversión y un ajuste que pueden ser terminales si no se toman medidas que reviertan esta situación. La pérdida de recursos humanos extraordinarios formados por la nación es un golpe significativo para el desarrollo científico del país.