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El próximo miércoles 4 de septiembre, jubilados y movimientos sociales volverán a las calles en una masiva movilización en rechazo al veto presidencial que frenó la actualización de las jubilaciones.

Esta protesta, que se llevará a cabo en las inmediaciones del Congreso y culminará en Plaza de Mayo, cobra mayor relevancia tras la violenta represión sufrida en la última convocatoria.

La marcha busca no solo visibilizar la situación crítica de los jubilados, sino también desafiar el Protocolo de Seguridad impuesto por el gobierno, que amenaza con reprimir nuevamente a quienes interrumpan el tránsito. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, advirtió que de cortarse las calles se actuará “como es debido”, lo que ha generado gran preocupación entre los manifestantes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el uso de la fuerza en la movilización anterior, asegurando que «lo único que se hizo fue cumplir con el protocolo». En un tono desafiante, agregó: «La calle no se puede cortar y la ley no se puede incumplir. Al que le gusta bien, y al que no, vaya y corte y se aplicará el protocolo».

Ante la inminente protesta, los organizadores esperan la adhesión de sindicatos, agrupaciones políticas peronistas y de izquierda, así como de centros de estudiantes. Sin embargo, critican la falta de apoyo directo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que pese a pronunciarse en contra de la represión, no ha convocado a un paro en defensa de los jubilados.

“Haría una diferencia enorme que la CGT convoque a paro en defensa de los trabajadores”, reclamaron activistas involucrados en la causa, subrayando la necesidad de una acción conjunta y contundente para enfrentar las medidas represivas del gobierno. La expectativa es que esta movilización sea un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los jubilados y en la resistencia contra la violencia estatal.

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La Inflación se dispara: 3,7% en Marzo, un golpe al bolsillo de los trabajadores

La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

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Conflicto en el sector público: ATE y UPCN en disputa por la propuesta salarial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno nacional, que contempla aumentos acumulativos del 1,3% para marzo, abril y mayo, más un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar en junio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como «una vergüenza» y advirtió que «se sigue firmando el 1% mensual como si fuera digno, y no lo es».

El conflicto en el sector público se intensifica debido a la política salarial del Gobierno, que ha generado una fuerte crítica por parte de ATE. Según Aguiar, «este Gobierno ha destrozado los ingresos en el sector público» y «ha decidido compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos». La propuesta salarial ofrecida por el Gobierno implica un aumento acumulado de apenas el 20,8% en el período junio 2024 – mayo 2025, mientras que la inflación ya superó el 32,6% en ese lapso.

La situación es particularmente grave para los trabajadores estatales, cuyos ingresos ya no alcanzan para garantizar una vivienda digna, alimentación y vestimenta. Aguiar denunció que «terminan de aniquilar el derecho a una retribución justa» y que «desde la paritaria estatal se ejerce violencia».

La disputa entre ATE y el Gobierno se centra en la política salarial y la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones paritarias. Mientras que ATE reclama aumentos salariales que superen la inflación, el Gobierno insiste en mantener su política de ajuste fiscal.

La posición de UPCN, el otro gremio que participa de la paritaria, consiguió fuertes críticas por parte de ATE. Aguiar acusó a UPCN de «prestarle la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos» y consideró que «debería estar prohibido por ley firmar aumentos por debajo de la inflación».

La pugna en el sector público se encuentra en un punto crítico, con ATE rechazando la propuesta salarial del Gobierno y UPCN aceptándola. La situación puede escalar aún más si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores estatales. La convocatoria del Secretariado Ampliado de ATE para analizar el plan de acción sugiere que el conflicto puede continuar en las próximas semanas.

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Prórroga para la credencial escolar: Un respiro para estudiantes y docentes

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció una nueva prórroga para la tramitación de la Credencial Escolar y Docente, un documento esencial para la identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas de la provincia. La nueva fecha límite para obtener la credencial será el 31 de mayo de 2025, lo que brinda un mayor plazo para que estudiantes y docentes puedan cumplir con este requisito.

Esta herramienta importante facilita la identificación de alumnos y docentes en el transporte público, y su obtención es necesaria para acceder al boleto escolar y docente gratuito. Sin embargo, en los niveles inicial, primario y secundario, su uso no será obligatorio siempre que el estudiante viaje con guardapolvo o uniforme de la institución.

La decisión de prorrogar el plazo para obtener esta acreditación responde a las solicitudes realizadas por estudiantes y docentes, quienes solicitaron una extensión del plazo para poder cumplir con este requisito.

Beneficios de la credencial

  • Acceso al boleto escolar y docente gratuito
  • Identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas
  • Facilidad para acceder a beneficios y servicios específicos
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