Los gremios universitarios celebraron la reciente aprobación de la ley de financiamiento del sector en el Congreso Nacional y destacaron la lucha emprendida por la comunidad universitaria.

«Es un logro de nuestra lucha, de las banderas de nuestra Federación, y de todos nuestros sindicatos de base, que, a lo largo y a lo ancho del país, le han puesto el cuerpo a la pelea por la defensa de nuestras Universidades Nacionales y de nuestros salarios, y para alcanzar esta Ley de Financiamiento Universitario», destacó la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

El Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los trabajadores nodocentes, que participaron de una manifestación frente al Congreso a la espera de la aprobación de la ley junto a gremios docentes de la actividad, advirtieron con profundizar las acciones gremiales si el presidente Javier Milei veta la ley tal como prometió semanas atrás.

«Ahora queda decirle al Gobierno Nacional que si esta ley es vetada, nos encontraremos más que nunca en las calles, y volveremos a realizar una nueva marcha federal universitaria, volviendo a convocar al pueblo a salir a las calles, para que exprese que la Educación Pública Superior, gratuita, cogobernada y de calidad es una bandera irrompible del conjunto social de nuestro país», señaló la FATUN.

La entidad sindical reconoció también la defensa del «pueblo argentino» a la educación universitaria pública. «Este triunfo es nuestro, pero también es del pueblo argentino, que ese 23 de abril marcó los límites democráticos para el Gobierno Nacional, diciendo: ¡con las Universidades Públicas, NO!», concluyó.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicará una nueva tabla del Impuesto a las Ganancias en los próximos días, con una actualización extraordinaria que ya estaba prevista para septiembre. Este ajuste afectará los salarios de los trabajadores, de acuerdo con el paquete fiscal aprobado este año, sin embargo, las consultoras ya prevén que no habrá impacto positivo.

El nuevo mínimo no imponible será de $2,03 millones brutos para un trabajador soltero y $2,63 millones para uno casado con dos hijos. Este incremento responde a lo establecido por la Ley 27.743, que reintrodujo el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de contribuyentes.

El ajuste del 12,8% en las escalas y deducciones se basa en la inflación registrada por el INDEC entre junio y agosto, y se aplicará sobre los salarios que se pagarán en octubre. A partir de 2025, estas actualizaciones se realizarán semestralmente, evitando que la inflación desajuste el sistema tributario.

Expertos en la materia, como los tributaristas Martín Caranta y Sebastián Domínguez, coincidieron, en diálogo con Ámbito Financiero, en que la AFIP debe publicar las tablas actualizadas para que las empresas puedan aplicar correctamente los cambios en los sueldos. Se espera que estas tablas estén disponibles la semana próxima.

Este ajuste, aunque necesario para compensar la inflación, no se traducirá en un incremento en el consumo de los empleados afectados por Ganancias, según advierte la consultora Focus Market, debido al aumento de los costos en servicios públicos y privados.

En una misiva firmada por el secretario general de la ITF, Stephen Cotton y enviada a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el organismo subrayó que “Argentina corre el riesgo de violar los estándares legales internacionales que se ha comprometido a respetar”, indica el texto que también solicita al gobierno, “que se abstenga de esta restricción autoritaria e ilegal del derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras de la aviación”, instó la ITF.

En esa línea, la entidad internacional expresó su indignación “por el ataque político del presidente argentino, Javier Milei, contra el derecho fundamental de huelga de los trabajadores y trabajadoras” y señaló que la iniciativa del Ejecutivo llegó, “tras las huelgas organizadas la semana pasada por los sindicatos de aviación afiliados a la ITF, en un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales y laborales de sus miembros”, contextualiza el documento.

Cotton criticó el proyecto oficialista y lo caracterizó como una “restricción autoritaria e ilegal” y agregó que, “esta política regresiva y peligrosa no es solo un ataque a los trabajadores y trabajadoras, sino un ataque a la democracia misma”, apuntó.

La Federación recordó que el derecho a la huelga, “está consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1960, que protege la libertad sindical y el derecho de organización de los trabajadores y trabajadoras”, explicó la organización.

Cotton enfatizó en que, “declarar la aviación como un servicio esencial, con el propósito de limitar la capacidad de huelga de los trabajadores y trabajadoras, va en contra de los principios de la OIT” y que la entidad, “ha aclarado en repetidas ocasiones que los servicios de transporte, no constituyen servicios esenciales en el estricto sentido jurídico”, observó.

El dirigente afirmó que, “en lugar de comprometerse de manera constructiva con los sindicatos, el Gobierno de Milei está proponiendo una legislación regresiva que lo sitúa en una situación que viola el derecho internacional” y que, “prioriza los intereses de las élites corporativas sobre las voces de los trabajadores y trabajadoras”, resaltó.

El titular de la ITF también insistió en que “los funcionarios del gobierno no tienen la autoridad legal para definir los servicios esenciales o dictar los niveles de servicio” puesto que, según la legislación argentina, “sólo una comisión independiente de expertos puede declarar un servicio público como esencial, y ambas partes tienen la oportunidad de determinar los niveles mínimos de servicio”, explicó.

En esa línea, Cotton condenó que el gobierno no haya respetado el procedimiento legal de la legislación vigente y sostuvo que la medida que busca imponer el Ejecutivo va “en clara contravención del estado de derecho y de los compromisos internacionales de Argentina”, subrayó.

Con este marco, la ITF le exigió al gobierno “que cese de inmediato sus intentos de restringir el derecho de huelga y establezca un diálogo significativo con los sindicatos, respetando tanto las normas internacionales como las leyes argentinas”, y se solidarizó con los trabajadores del sector, “los sindicatos son defensores de nuestros derechos e instituciones democráticas. Cuando los gobiernos atacan los derechos laborales, están atacando a la democracia misma”, concluyó la entidad.

La ITF ostenta una importante representación gremial a nivel global, y cuenta con más de 16,5 millones de afiliados en 740 organizaciones sindicales del transporte que forman parte de la organización en 150 países.