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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Trabajadores del Correo Argentino en estado de alerta por salarios insuficientes


La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECOYT) se declaró en estado de alerta en el Correo Argentino debido a la crítica situación salarial que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de la empresa. El gremio rechazó el incremento salarial del 2,7% impuesto unilateralmente por la empresa y confirmó la continuidad del plan de lucha en el sector.

La FOECOYT expresó su profunda preocupación por el nivel remunerativo actual de los empleados de la actividad, que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Esta realidad es considerada «inaceptable bajo todo punto de vista» por el sindicato. A pesar de esta situación, el Correo sigue funcionando gracias al esfuerzo y compromiso diario de sus trabajadores, incluso con dotaciones reducidas y proyectando un superávit desde mayo de 2024.

El gremio que conduce Alberto Cejas destacó la necesidad de unidad en la acción de los trabajadores del Correo ante la intransigencia de las autoridades de la empresa de brindar una mejora en los salarios. La FOECOYT llevó adelante un paro de 24 horas en el Correo Argentino que afectó la atención al público en todo el país y se plegó a la huelga convocado por la CGT en contra de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

El sindicato denunció que el año 2024 cerró con un 80% de devaluación del poder adquisitivo de los salarios respecto a la inflación. Esta situación generó una gran preocupación entre los trabajadores, que ven cómo su capacidad de compra se redujo drásticamente. El gremio adelantó que el estado de alerta se mantendrá hasta el miércoles 23 de abril, cuando el Congreso Nacional de la Organización se reunirá para evaluar la situación y adoptar medidas tendientes a lograr la mejora salarial.

La continuidad del plan de lucha en el sector dependerá de la respuesta de las autoridades de la empresa y del gobierno a sus reclamos. La FOECOYT busca una solución inmediata a la crítica situación salarial de los trabajadores del Correo Argentino y está dispuesta a tomar medidas más drásticas si no se logran acuerdos satisfactorios.

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Cavalieri alerta sobre la Inflación: Los precios están dolarizados y los salarios en pesos

El líder de Comercio, Armando Cavalieri, encendió las alarmas sobre la situación económica actual, destacando la preocupante tendencia de remarcaciones diarias en los precios de los productos de consumo masivo. Según el sindicalista, los delegados de la federación en los supermercados informan de aumentos constantes, lo que refleja una realidad económica cada vez más difícil para los consumidores.

En una entrevista con Clarín, Cavalieri expresó su profunda preocupación por la situación económica actual, enfatizando que los precios están dolarizados mientras que los salarios permanecen en pesos. Esta disparidad, según el líder sindical, genera una brecha insostenible que afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Cavalieri también criticó duramente el intervencionismo del Gobierno en las negociaciones paritarias, argumentando que esta intromisión limita la capacidad de negociación de los trabajadores y fija salarios que no reflejan la realidad económica.

Cavalieri destacó la necesidad de un diálogo constructivo entre el Gobierno y la CGT para abordar los desafíos económicos actuales. Sin embargo, lamentó la falta de voluntad del Gobierno nacional para entablar una conversación significativa con los sindicatos. En respuesta a esta situación, el líder de Comercio anunció planes para solicitar una reunión con el Presidente para discutir la crisis económica y las políticas laborales. Si esta solicitud no es atendida, la CGT podría organizar una movilización a Plaza de Mayo para demostrar su compromiso con la búsqueda de soluciones.

La situación económica descripta por Cavalieri refleja una realidad preocupante para la mayoría de los argentinos. La inflación y las remarcaciones diarias de precios están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores y generando incertidumbre sobre el futuro económico del país. La crítica de Armando Cavalieri al intervencionismo gubernamental en las negociaciones paritarias resalta la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas laborales actuales.

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Judiciales nacionales exigen aumento salarial para recuperar poder adquisitivo

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una nueva solicitud de aumento salarial ante la Corte Suprema, argumentando que la inflación del 3,7% en marzo agravó la situación de los trabajadores judiciales.

El sindicato exige un incremento del 10% para febrero, de los cuales el 2,4% corresponde a la inflación de dicho mes y el restante 7,6% sería para comenzar a recuperar lo perdido. Para marzo, el sindicato pidió un aumento del 5%, donde el 3,7% se ajusta a la inflación mensual y el 1,3% restante sería para recuperar poder adquisitivo.

El líder de la UEJN, Julio Piumato, destacó que la pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei alcanza el 34,24%, lo que refleja una realidad cada vez más difícil para los trabajadores del sector. El gremio enfatizó que «el momento de recuperar lo perdido es ahora» y que no pueden seguir perdiendo frente al aumento del costo de vida.

La solicitud de incremento salarial presentada por la UEJN refleja la creciente preocupación por la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales debido a la inflación. La pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei es significativa y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas actuales para proteger el salario de los trabajadores.

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