En una entrevista con Mundo Laboral, Eduardo Cabello, dirigente de la CGT regional San Juan, expresó su preocupación y repudio frente al nuevo embate del Gobierno Nacional sobre los derechos laborales. En este caso, se trata de un decreto que, de manera unilateral, intenta restringir el derecho constitucional a huelga.

“El desconcierto es total. Uno esperaba medidas fuertes de un gobierno de ultraderecha, pero esta ofensiva sistemática contra la clase trabajadora supera cualquier previsión”, aseguró Cabello. El dirigente subrayó que la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales, resguarda el derecho a la protesta y, en particular, la herramienta de la huelga como mecanismo legítimo de defensa de los trabajadores.

La CGT prepara una contraofensiva legal

Ante el anuncio oficial, la CGT no se quedará de brazos cruzados. Cabello anticipó que se presentarán demandas ante la Corte Suprema, convencidos de que la Justicia dará la razón a los trabajadores. “Esto no va a quedar así. Vamos a recurrir a todas las vías legales posibles. Si no es en los tribunales, será en la calle, como siempre lo hemos hecho”, afirmó con contundencia.

Para Cabello, el decreto forma parte de una estrategia más amplia que busca disciplinar a los sindicatos, cercenar sus herramientas de negociación, congelar las paritarias y favorecer sistemáticamente a los sectores más poderosos del país. “Este gobierno está decidido a quitarle lo poco que tienen los que menos tienen, para seguir beneficiando a los que ya lo tienen todo”, denunció.

Una política de desvío y polarización

El referente sanjuanino también vinculó estas decisiones con una táctica de distracción del gobierno frente a los conflictos laborales en provincias como Tierra del Fuego, donde ya se aplican protocolos represivos. “Son juegos de poder. Mientras se enfrentan figuras políticas en la superficie, desmantelan estructuras que beneficiaban al pueblo. El trabajador no se alinea ideológicamente, lo que quiere es trabajar y cobrar un salario digno”, remarcó.

Asimismo, cuestionó la representatividad política del actual oficialismo, al señalar que apenas una fracción del electorado efectivamente votó por el rumbo actual del país: “No se trata de una victoria contundente, sino de una falsa ilusión de poder. La realidad es que la mayoría no está siendo escuchada”.

“Se está rompiendo el sistema de Estado”

Cabello no ahorró palabras para describir lo que considera un proceso de desmantelamiento del Estado. Según él, los cambios no solo afectan a los trabajadores actuales, sino que están comprometiendo el futuro del país al entregar soberanía y recursos a intereses externos. “Se está rompiendo un sistema de Estado que nos preocupa profundamente. No sabemos hasta dónde piensan llegar”, advirtió.

En relación al derecho a huelga, el dirigente mencionó que desde el gobierno se intenta relativizar la medida al hablar de servicios mínimos garantizados, afectando sectores clave como la educación. “El camino debe ser el diálogo, no la imposición. Esto requiere debate, no decretazos”, concluyó.

Frente al panorama actual, la CGT se prepara para dar pelea tanto en el plano judicial como en las calles. La organización sindical permanece en estado de alerta y movilización, dispuesta a defender los derechos conquistados a lo largo de décadas. “Los trabajadores no estamos dispuestos a retroceder. Lo que está en juego no es solo un derecho, es la dignidad de millones de argentinos y argentinas”, sentenció Cabello.

En un contexto de creciente tensión social y laboral, el movimiento obrero vuelve a posicionarse como actor clave en la resistencia frente a un modelo que, según sus referentes, busca barrer con los derechos laborales más elementales.

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, anticipó que la CGT está preparando un nuevo paro general en respuesta al accionar del Gobierno de Javier Milei, que busca limitar el derecho a huelga y prohibir aumentos salariales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) está evaluando lanzar un nuevo paro general en respuesta a las políticas del Gobierno de Javier Milei, que ha sido criticado duramente por sus intentos de limitar el derecho a huelga y prohibir aumentos salariales. Palazzo, afirmó que «seguramente estará en carpeta» un nuevo paro general.

Palazzo denunció que el Gobierno tiene «conductas fascistas» y que su objetivo es «provocar y condicionar» a los trabajadores cada vez que se plantea una medida de fuerza. También criticó la decisión del Gobierno de recurrir a un DNU para reinstalar medidas ya anuladas por la Justicia y limitar el derecho a huelga.

El nuevo paro general sería una respuesta a las políticas del Gobierno que fueron criticadas por los sindicatos y los trabajadores. La CGT ha sido clara en su defensa del derecho a huelga y ha advertido que no se quedará de brazos cruzados ante los intentos del Gobierno de limitar este derecho.

El DNU 340/25, que busca limitar el derecho a huelga en la Marina Mercante, fue calificado como un «nuevo intento autoritario» por parte del Gobierno nacional. La Justicia ya había declarado nulo un intento similar en el pasado, y la CGT está preparando una impugnación para presentar contra este nuevo decreto.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el registro de delegados gremiales creado por el Gobierno puede ser utilizado como una herramienta para despedir a ex representantes sindicales y advirtió que irá a la Justicia para impugnar la medida.

La creación del Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional, dispuesto por la resolución 34/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, generó una fuerte reacción en el sector sindical. Desde ATE, el delegado en el INDEC, Raúl Llaneza, consideró que la medida es «ilegal» y advirtió que se busca crear «una lista negra» contra los dirigentes estatales.

Llaneza señaló que el registro implica una exposición para posibles represalias contra representantes gremiales cuando dejen de serlo y pierdan los fueros sindicales. «Claramente es una amenaza», afirmó. Además, remarcó que la medida se inscribe en un contexto más amplio de avances contra los derechos laborales y gremiales.

Análisis y perspectivas

La creación del registro de delegados gremiales puede ser vista como una medida para controlar y disciplinar a los dirigentes sindicales. La ATE adelantó que presentará una denuncia judicial contra la medida, argumentando que se trata de una intervención directa del Estado empleador sobre la vida interna de los sindicatos del Estado.

El registro también incluye una lista de juicios en los que se invoca tutela gremial, lo que implica que cada elección, cada lista de candidatos y cada juicio vinculado con protección sindical deberá pasar por el análisis y dictamen del Ejecutivo. Esto puede generar un mecanismo de control sobre las garantías gremiales que puede derivar en represalias o disciplinamiento de dirigentes incómodos.