La Justicia pone un freno a la privatización camuflada del Banco Nación
Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.
El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.
El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.
El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.
En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.
Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.
La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.
Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.
La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.
Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.
A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.
Fuente: Data Clave
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Trabajadores de comercio adhieren al paro nacional de la CGT
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados en América Latina, confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Con más de dos millones de afiliados en todo el país, esta decisión marca un punto clave en la magnitud que alcanzará la medida de fuerza.
En un comunicado difundido por la FAECyS califica el paro como una «respuesta legítima» y un llamado a la unidad, conciencia y organización de la clase trabajadora. La federación advierte que el actual rumbo económico pone en riesgo pilares fundamentales del Estado, como:
- El sistema solidario de salud: La salud como derecho fundamental está siendo amenazada por la falta de inversión y la precarización de los servicios.
- La seguridad social: La protección social y los beneficios para los trabajadores y jubilados están siendo cuestionados y reducidos.
- La educación pública: La educación como derecho fundamental está siendo desfinanciada y privatizada.
- La justicia social: La desigualdad y la injusticia social están aumentando debido a las políticas económicas y sociales implementadas.
«Si se destruye el Estado, nos quedamos sin justicia social; sin sistema solidario de salud; sin educación; sin seguridad social y sin desarrollo», advierte el texto de los mercantiles.
La entidad sindical también reivindica el paro como una acción en defensa de los jubilados y jubiladas, quienes serán protagonistas de una movilización frente al Congreso el miércoles 9, un día antes de la huelga general. «Por la defensa de nuestros/as jubilados/as, de la existencia del Estado y de los derechos de los/as trabajadores/as. ¡PARAMOS!», concluye el comunicado.
Con esta decisión, la Federación de Comercio se suma a una larga lista de gremios que ya confirmaron su participación, entre ellos:
- Sindicatos del transporte: Los trabajadores del transporte están luchando por sus derechos y condiciones laborales.
- Docentes: Los docentes están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales.
- Sanidad: Los trabajadores de la salud están luchando por la defensa del sistema solidario de salud.
- Alimentación: Los trabajadores de la alimentación están defendiendo sus derechos laborales y condiciones de trabajo.
La FAECyS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del Estado.
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Arranca una semana cargada de lucha gremial con 36 horas de protesta
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.
La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional
Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.
El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional
Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados
- Paritarias libres y homologadas
- Aumento de emergencia y actualización del bono
- Rechazo a la represión de la protesta social
- Defensa de la industria nacional
- Retorno de la obra pública
- Ejecución de un plan nacional de empleo
- Mayor presupuesto para educación y salud
- Equilibrio económico y justicia social
El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.
Respaldo de la CATT: Un Paso Importante
El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.
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Trump declara la guerra a los sindicatos: más de un millón de trabajadores en la mira
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.
La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.
Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.
La reacción de los líderes sindicales
Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».
La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.
El precedente de Ronald Reagan
La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.
La reacción de los diputados demócratas
Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.
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