La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y el Sindicato de la Alimentación (STIA) se encuentran en el ojo de la tormenta laboral, luego de que ambos gremios rechazaran la pauta salarial del 1% mensual impuesta por el Gobierno. Mientras que la UOCRA se declaró en estado de alerta y movilización, el STIA realizará una movilización ante la cámara empresarial para exigir un aumento salarial que refleje la realidad inflacionaria.

La situación laboral en Argentina se está tornando cada vez más compleja, con varios gremios presionando por aumentos salariales que superen la pauta oficial del 1% mensual. La UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, se sumó a la lista de sindicatos que buscan romper el tope salarial impuesto por el Gobierno. El gremio de la construcción se declaró en estado de alerta y movilización en todo el país, luego de que la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se negara a llegar a un acuerdo de recomposición salarial que contemple los índices inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Por su parte, el STIA, encabezado por Rodolfo Daer, realizará una movilización ante la cámara empresarial para exigir un aumento salarial que refleje la realidad inflacionaria. El sindicato exige un aumento del 2,93% para recuperar lo perdido ante la inflación y una cifra equivalente al costo de la vida para «mantener el poder de compra de los salarios».

La inflación y su impacto en los salarios

La inflación desbordada en el país generó un desfase en los convenios salariales firmados por debajo del porcentaje de aumento del costo de vida. La UOCRA y el STIA no son los únicos gremios que están presionando por aumentos salariales que superen la pauta oficial. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, también se encuentra en negociaciones con las cámaras empresariales para otorgar un aumento salarial en la rama metalmecánica.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno advirtió que no homologará los acuerdos salariales que superen la pauta oficial del 1% mensual. Sin embargo, algunos sindicatos, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, ratificaron aumentos salariales que superan la pauta oficial y han asegurado que serán pagados igual aunque la Secretaría de Trabajo no los homologue.

La Justicia del Trabajo falló a favor del gremio AEFIP y ordenó suspender la implementación de la herramienta de desafiliación impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) fue aceptada por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 17, que suspendió el acceso digital a los sitios del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona la afiliación y la desafiliación gremial.

La Justicia laboral dio un golpe significativo al Gobierno nacional al suspender el botón digital de desafiliación sindical implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que había sido incorporada como nuevo trámite en el sitio web del organismo, permitía a los trabajadores registrar y presentar en forma autónoma la solicitud de afiliación y desafiliación gremial.

Sin embargo, la AEFIP, que conduce Pablo Flores, presentó un amparo ante la Justicia, argumentando que el sistema diseñado por el Gobierno «no tiende tan solo a facilitar al trabajador la comunicación de descuentos que pretende o no pretende hacer o aceptar, sino antes bien a sustituir una competencia propia» del sindicato. La jueza Rodríguez Fernández validó los fundamentos de la organización sindical y señaló que el sistema «interfiere de modo ilegítimo en un vínculo estatutario e intrasindical que le es ajeno y del cual se encuentra marginado por imperio constitucional y legal».

La importancia de la libertad sindical

La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La AEFIP y el SUPARA, el sindicato de los trabajadores de la Dirección de Aduanas, habían advertido que la herramienta «presentada como un canal ágil y transparente representa una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos, vulnera la autonomía sindical y constituye un acto de injerencia patronal que se encuentra prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país».

La suspensión del botón digital de desafiliación sindical es un golpe significativo al Gobierno y un triunfo para los sindicatos. La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La medida también advierte sobre los límites del poder estatal en la regulación de las relaciones laborales y la importancia de respetar los derechos y garantías constitucionales y legales de los trabajadores.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) advirtió que un inminente decreto del Gobierno de Javier Milei podría liquidar la Dirección Nacional de Vialidad y privatizar rutas nacionales, lo que implicaría el despido de más de 4.000 trabajadores en todo el país.

La situación en Vialidad Nacional es crítica. El Stvyara, liderado por Graciela Aleñá, mantiene la guardia en alto ante versiones que indican que el Gobierno tiene previsto privatizar las rutas nacionales y liquidar la Dirección Nacional de Vialidad. Esto significaría el despido de más de 4.000 trabajadores que se encargan del mantenimiento de las rutas argentinas.

Aleñá expresó su preocupación por la falta de diálogo y la nula actualización salarial, y advirtió que el Gobierno busca darle un golpe final a Vialidad Nacional. «Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir», sentenció la dirigente sindical.

La lucha del gremio

EL gremio anunció que continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema. «Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender a Vialidad», afirmó Aleñá. La dirigente sindical destacó que no solo se trata de defender las fuentes de trabajo, sino también de proteger al pueblo argentino que quedaría desconectado sin la Dirección Nacional de Vialidad.

Un conflicto que llegó a la Justicia

La pelea entre el gremio y la Casa Rosada ya llegó a la Justicia. El Stvyara denunció el freno del envío de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para que no se puedan negociar paritarias, lo que provocó un virtual congelamiento salarial. La presentación recayó en el Juzgado General N°6 y apuntó a un responsable y funcionario de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

La situación en Vialidad Nacional es grave y el Stvyara está dispuesto a luchar por la defensa de las fuentes de trabajo y la Dirección Nacional de Vialidad. La privatización de rutas nacionales y la liquidación de la agencia estatal tendrían un impacto significativo en la economía y la sociedad argentina. El gremio continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema y se garantice la continuidad del organismo estatal.