El gobierno de Javier Milei lanzó el Decreto 955/2024 que otorga a los trabajadores la libertad de elegir y cambiar de obra social una vez cada 12 meses, en un esfuerzo por “garantizar más transparencia y opciones de salud”, según afirman fuentes oficiales.

Esta medida, que sigue la línea del plan de ajuste “deep motosierra”, crea un «Registro de Agentes del Seguro de Salud», controlado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y tiene como meta transparentar las opciones de cobertura para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

“Este registro permitirá a los trabajadores y trabajadoras elegir con mayor previsibilidad la obra social que mejor se adapte a sus necesidades, asegurando que cada opción esté debidamente controlada”, explicó una fuente de la SSS.

La modificación permite que los afiliados puedan elegir su obra social y cambiarla cada doce meses, con el primer día del mes siguiente a la solicitud como fecha de efectividad. Además, la normativa define un acceso progresivo a coberturas adicionales mediante el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE). Así, al alcanzar seis meses de afiliación, los beneficiarios podrán acceder a prestaciones adicionales que incluyen, entre otras, las del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE).

La creación del «Registro de Agentes del Seguro de Salud» representa un intento por “fortalecer la transparencia y mejorar la gestión del acceso a la cobertura médica” para los pequeños contribuyentes. Según el decreto, este registro incluirá todas las categorías de contribuyentes adheridos, buscando consolidar un sistema de mayor claridad y accesibilidad.

“La transparencia en el acceso a las obras sociales es un derecho de los trabajadores y un deber del Estado”, declararon voceros de la Superintendencia, subrayando que esta medida permitirá a los afiliados tomar decisiones informadas sobre su cobertura médica y garantizar que no existan cambios inesperados en la cobertura de su grupo familiar.

El Decreto 955/2024 también establece modificaciones en los Decretos N° 504/1998 y N° 1/2010, redefiniendo la política de libre elección de obra social y estableciendo un período mínimo de permanencia de 12 meses antes de permitir un cambio. Además, los beneficios del Programa Médico Obligatorio se harán efectivos progresivamente, asegurando 

Desde el gremio que lidera Graciela Aleñá señalaron la difícil situación que atraviesan los trabajadores del sector y que el objetivo de las medidas “es lograr crear una canal de comunicación para que alguien venga, aclare y/o firme un acuerdo con la organización de que no van a despedir a nadie ni van a entregar ninguna ruta”.

En este sentido, hace meses que el gremio viene denunciando la falta de presupuesto del organismo y afirmaron: “No figuramos en un decreto como ente a vender o a privatizar, pero la desfinanciación que tiene Vialidad va camino a eso”.

Por su parte, Aleñá apuntó duramente al avance del Gobierno Nacional con la privatización de rutas y advirtió sobre la intención del expresidente, Mauricio Macri, de quedarse con Vialidad a partir de que un equipo, conformado por Guillermo Dietrich, se haga cargo de la gestión del organismo.

“Los tramos que quieren privatizar en muchas de las provincias ya fueron concesionados en su momento y fue un fracaso, los devolvieron en pésimas condiciones. Desde el gobierno están apostando a un nuevo desastre que después lo pagamos cada uno de los ciudadanos”, afirmó la dirigente sindical.

En la misma línea, recordó: «Sabemos que lo primero que hacen previo a privatizar y a entregar las rutas es demostrar que no servimos para nada y que no salimos a trabajar. Eso nos pasó en la época del menemismo: nos desfinanciaron, nos dejaron sin plata, nos insultaban todos y después de todo esto vinieron las concesiones».

Para finalizar, Aleñá sostuvo que el plan del Gobierno es ir de a poquito “desmembrando y entregando” Vialidad. “No hay mucho para pensar. Olvídense de lo ideológico, está perfecto que cada uno piense como quiera, pero en lo que es Vialidad Nacional tenemos que pensar todos en defenderla. No hay color político, hay que defenderla como hicimos siempre, como es nuestra historia”, concluyó.

La encuesta de Zuban Córdoba, que se realizó en todo el país a principio de octubre, reveló el deterioro de la imagen de Milei desde abril hasta el décimo mes del año, que pasó de 52,5% a 58,6% negativa; mientras que la positiva cayó de 47,2% a 40,3%.

El mandatario decidió enfrentarse a las universidades públicas, una de las instituciones más creíbles de la sociedad argentina, y esto impulsó su debilitamiento público, pese a la baja de la inflación y la estabilidad en los mercados cambiarios.

Según los expertos que realizaron la encuesta, «pocos temas han generado tanta sensibilidad en la opinión pública como las universidades en la era Milei». Además, remarcaron que «el consenso es mayoritario y contundente: el 99% cree que la educación es la herramienta para crecer como país».

El estudio reveló que el 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.

En este marco, remarcaron que los encuadres del discurso oficial son importantes: ‘la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas’, ‘el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos’, han mostrado que la reacción pública impacta en el tono del presidente, aunque no parece tener intención de dar marcha atrás en la cuestión del financiamiento.

En este sentido, plantearon: «¿Será este el talón de Aquiles de Milei? Los intentos por bajarle el tono a la protesta no dispersaron a la comunidad universitaria, que sigue en el reclamo por el déficit en el financiamiento” y “es difícil imaginar réditos concretos para el Gobierno en esta crisis», destacaron.

«Al contrario, los intentos prematuros para clausurar el proceso de crisis de estos días demuestran que hay una situación de incomodidad de la que los actores oficiales no saben muy bien cómo salir. Es difícil cambiar de dirección luego de hacer una apuesta política arriesgada», agregaron.

«La conclusión inevitable de nuestro estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso. Es un error que suele generar profundos procesos de desgaste y que dejan a las gestiones en posiciones de debilidad», cerró.