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El ala dialoguista de la administración libertaria resolvió darle la espalda este martes al tercer intento de la UCR por imponer una ley de limitación del poderío de los sindicatos como la que intentó Raúl Alfonsín. La CGT volverá a juntarse para analizar la invitación oficial a una mesa tripartita con empresarios.

Por: Mariano Martín.

El Gobierno dará esta semana otra señal a la CGT para sentarla a la mesa tripartita de diálogo con el sector empresario: dejará sin apoyo al intento de un sector del radicalismo por insistir con una reforma de los sindicatos destinada a acotar su estructura financiera y su poder de negociación. El diputado nacional Martín Tetaz tenía previsto reimpulsar hoy la iniciativa pero desde el Ejecutivo confirmaron que no contará con respaldo del oficialismo. En cambio, admitieron en el Ejecutivo, en los próximos días podrá avanzar un proyecto que apunta a poner fin a los aportes forzosos de las empresas a las cámaras que las nuclean. 

Se trata de la tercera y última oportunidad que este martes pondrá en juego la UCR para impulsar una iniciativa tendiente a eliminar las denominadas «cuotas solidarias» que los sindicatos recaudan entre los trabajadores no afiliados como contraprestación de la representación que sobre ellos ejercen, así como poner límites a las reelecciones de dirigentes y forzar la integración de las minorías en las estructuras de las organizaciones gremiales, entre otros puntos. «Ese proyecto no es para nada la agenda del Gobierno», confimó a El Destape un funcionario situado en la primera línea de la negociación con la CGT. 

Los dos intentos anteriores de Tetaz y el sector más refractario a los sindicatos fracasaron a la hora de darle tratamiento parlamentario a una reversión de la «ley Mucci», en alusión a la que intentó impulsar sin éxito en su gestión Raúl Alfonsín a caballo de una denuncia sobre un aparente «pacto militar-sindical». En septiembre y octubre, sendas reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que encabeza el economista y expanelista televisivo de la UCR, naufragaron a último momento tras la orden del Gobierno a sus diputados de no facilitar un dictamen. 

La quita de apoyo en esta tercera y última chance coincide con la reanudación del contacto entre el Ejecutivo y la central obrera mayoritaria. Tal como reveló este medio, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo retomó el diálogo, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la «mesa chica» de la CGT y espera de ese espacio la confirmación esta misma semana de que participará de la convocatoria tripartita con el Grupo de los Seis, que nuclea a las mayores patronales argentinas (industria, comercio, agro, construcción, banca y finanzas). 

De hecho este mismo martes habrá una reunión ampliada de la «mesa chica» para poner en común los pro y contras de abrir la etapa de diálogo que planea la administración libertaria. En rigor los espacios más negociadores como los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes» de buen vínculo con todos los gobiernos ya tienen resuelto desde hace meses su concurrencia pero esperan convencer a Pablo Moyano de participar también, o al menos de no dinamitar esa instancia. Durante el fin de semana largo el hijo mayor de Hugo Moyano hizo saber en cambio que espera de la CGT un plan de lucha con alguna protesta en diciembre. 

Pablo Moyano atraviesa una encrucijada: su ánimo habitualmente confrontativo choca con la voluntad conciliadora de los socios más influyentes de la CGT, más interesados en sellar un entendimiento con el Gobierno que incluya concesiones como la caída del paquete antisindical de Tetaz o un blindaje financiero para las obras sociales que en apurar un tercer paro nacional, y hasta de su propio padre, Hugo, abocado a la salvaguarda de la prestadora de salud de Camioneros (Oschoca) y a las paritarias del gremio. Incluso en el entorno más cercano al heredero del gremio de choferes admiten que una nueva huelga nacional corre el riesgo de diluirse por las deserciones de gremios clave y de sectores de trabajadores poco dispuestos a perder un día de salario por su adhesión a la medida de fuerza. 

En el Gobierno, en tanto, esperan con ansias la mesa de diálogo con la CGT. La iniciativa lleva la bendición de los negociadores Caputo, Francos y Cordero, que creen haber convencido a Javier Milei de su conveniencia. Y, como muestra de buena voluntad, no sólo le darán la espalda al paquete legislativo de Tetaz que prometía desfinanciar a los sindicatos sino que analizan avanzar en una medida en sentido inverso: poner fin a las contribuciones forzosas que las cámaras patronales les cobran a empresas que ni siquiera forman parte de sus estructuras. 

Entre las cámaras en la mira figuran las que nuclean a empresas mercantiles (CAC y CAME) e industrias metalúrgicas (Adimra). También aparecen como posibles apuntadas otras entidades patronales que hacen lo propio como la de la actividad maderera (Faima), la industria gráfica (Faiga) y la de fábricas de calzado (Faica) entre otras. La mecánica es similar y prevé el pago mensual, por parte de todas las empresas comprendidas en un convenio colectivo de trabajo (sean o no afiliadas a la cámara sectorial), de un porcentaje de la masa salarial a favor de la entidad bajo la premisa de que es la encargada de llevar adelante la gestión salarial y en los conflictos. 

Enn 2019, y tras años de litigio administrativo y judicial, el gobierno de Mauricio Macri dictaminó en contra del pago forzoso que exigía Adimra a las empresas metalúrgicas no asociadas. El diferendo tenía como histórico contendiente a la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC) que rechazaba ese pago al sostener su propia presencia en las paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sin depender de Adimra. 

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Boleto educativo gratuito en San Juan: Una conquista para la Inclusión


Desde el 14 de abril, San Juan implementará el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes. Aunque representa una conquista significativa en términos de inclusión y acceso a la educación, surgen cuestionamientos técnicos y sociales que ameritan un análisis profundo.

En una medida largamente esperada por amplios sectores de la comunidad educativa, el Gobierno de la provincia de San Juan anunció oficialmente que, a partir del próximo 14 de abril, entrará en vigencia el boleto educativo gratuito. La presentación se realizó en el Centro Cívico, con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Ambos funcionarios detallaron las condiciones y modalidades del nuevo beneficio, destinado a docentes y estudiantes activos del sistema educativo provincial.

El anuncio encuentra eco positivo en un contexto donde los costos de transporte representan una carga significativa para muchas familias. El boleto gratuito busca aliviar esa presión, garantizando el acceso a la educación sin barreras económicas vinculadas a la movilidad. El beneficio se aplicará de lunes a viernes hasta las 23:59 horas, y los sábados por la mañana, contemplando las necesidades horarias de quienes cursan carreras universitarias.

No obstante, esta iniciativa no está exenta de complejidades técnicas y aspectos que invitan a la reflexión crítica. Tal como lo explicó Molina, el sistema SUBE –bajo la órbita de Nación Servicios– no permite registrar viajes a costo cero, por lo cual el usuario deberá contar con una carga mínima. En la práctica, esto significa que cada viaje implicará un descuento simbólico de entre $0,10 para estudiantes y $0,20 para docentes. Este requerimiento, si bien puede parecer menor, condiciona parcialmente la gratuidad prometida, introduciendo un matiz que merece atención: la gratuidad real se ve limitada por una cuestión de arquitectura del sistema tecnológico.

Otro aspecto relevante es la necesidad de gestionar una Credencial Única Escolar y Docente, que podrá tramitarse hasta el 30 de abril. La exigencia de este documento, junto con la tenencia de una tarjeta SUBE registrada, apunta a garantizar un uso ordenado del beneficio. Sin embargo, podría transformarse en una barrera adicional para quienes enfrentan dificultades de acceso a la información o medios tecnológicos, especialmente en contextos rurales o de menor conectividad.

Cabe señalar que el requisito de recorrer una distancia superior a un kilómetro para acceder al beneficio excluye a un grupo no menor de estudiantes y docentes que, pese a vivir cerca de sus instituciones, utilizan el transporte público por cuestiones de seguridad, tiempo o condiciones personales. Esta condición puede tornarse arbitraria si no se considera el contexto integral del usuario.

Desde una perspectiva de políticas públicas, este boleto educativo gratuito representa una decisión acertada que se alinea con los principios de equidad y acceso universal al derecho a la educación. Pero también desnuda una vez más la tensión constante entre las buenas intenciones gubernamentales y las limitaciones operativas de los sistemas burocráticos y tecnológicos que las sostienen.

El inicio del boleto educativo gratuito en San Juan es una noticia que merece celebrarse, en tanto busca derribar barreras estructurales para acceder a la educación. El desafío estará en monitorear su aplicación concreta, garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables y corregir a tiempo los desajustes que puedan surgir. Como toda política pública transformadora, su éxito dependerá de la sensibilidad con la que se escuche a quienes deben ser, efectivamente, sus principales beneficiarios.

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Paro nacional docente: San Juan se suma a la protesta del 10 de Abril

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el paro nacional docente para el 10 de abril, en un reclamo que trasciende lo salarial y se convierte en un grito en defensa del sistema educativo público y los derechos de los docentes.

La tensión entre el gobierno nacional y el sector educativo alcanza un nuevo punto de ebullición. La CTERA, liderada por Sonia Alesso, confirmó la medida de fuerza a nivel nacional que incluirá paro docente y una movilización masiva el día anterior, el 9 de abril. El reclamo no se limita al salario, sino que se trata de un grito colectivo en defensa del sistema educativo público, el trabajo docente y los derechos previsionales de miles de jubilados.

La demanda de la CTERA incluye la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución y actualización del FONID, el aumento del presupuesto destinado a la educación y la necesidad de garantizar edificios escolares en condiciones mínimas para enseñar y aprender.

En la provincia de San Juan, los gremios locales UDA, UDAP y AMET se suman al paro nacional pese a estar bajo conciliación obligatoria, denunciando el deterioro progresivo del poder adquisitivo docente y el vaciamiento del sistema jubilatorio.

El conflicto docente se convierte en un símbolo de resistencia al modelo económico actual, con un profundo desacuerdo entre el gobierno y el sector educativo sobre la orientación política y económica del país. El rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la defensa de la soberanía nacional y el reclamo por una educación como derecho y no como mercancía, son puntos insoslayables del discurso sindical.

El paro nacional docente del 10 de abril es parte de una pulseada más amplia entre un gobierno que busca ajustar sin anestesia y una sociedad que resiste desde sus instituciones más sensibles. El sistema educativo público se ha transformado en un escenario privilegiado de esta confrontación, que pone en tela de juicio decisiones presupuestarias y el lugar de la educación en la estructura democrática argentina.

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Tensión en el sector estatal: Paros y conflictos en el Correo Argentino

Los trabajadores del Correo Argentino anunciaron un plan de lucha por salarios, sumando otro foco de conflictividad en organismos y empresas estatales.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la decisión unilateral de las autoridades de la empresa de fijar un porcentaje de incremento salarial «insuficiente» frente a la inflación. El gremio decretó el estado de alerta, con realización de asambleas en puestos de trabajo, y resolvió la convocatoria a un paro de actividades por 24 horas para el próximo martes 8 de abril.

La medida de fuerza se suma a las acciones gremiales impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), que incluyen una asamblea y movilización el miércoles 9 y un paro general el jueves 10. La organización que conduce Alberto Cejas consideró «inaceptable» el método de reemplazo de paritarias libres por una disposición caprichosa y mezquina.

Los trabajadores del Correo Argentino cerraron el 2024 con un 80% de devaluación de su salario producto de la inflación acumulada, mientras que se les ofrece un 2,7% siendo que se estima en 7% la inflación del primer trimestre del año. La paciencia de los trabajadores «tiene un límite y ese límite llegó hasta hoy», señaló el gremio.

El conflicto en el Correo Argentino se suma a la tensión en el sector estatal, con disputas en auge en distintas áreas y organismos frente al ajuste salarial y en materia de puestos de trabajo. En las últimas horas se concretaron medidas gremiales en la ex AFIP y se tensó la relación con los gremios viales ante la intervención de Corredores Viales SA.

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