Martín Solazo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, analizó la dura situación del sector. Entre la falta de avances en las paritarias nacionales y la amenaza de miles de despidos en Tierra del Fuego por la eliminación de aranceles, crece la preocupación en todo el país.

Mientras el costo de vida sigue en ascenso, los trabajadores metalúrgicos enfrentan un panorama desalentador. Las negociaciones paritarias entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales se encuentran estancadas, con diferencias sustanciales entre las partes.

Martín Solazo advirtió que las últimas tres paritarias representaron una fuerte pérdida de poder adquisitivo. “En la última perdimos casi siete puntos, y eso deteriora muchísimo el salario del trabajador”, sostuvo. La próxima reunión oficial estaba prevista para este jueves 22 del mes en curso, aunque se esperaba que existieran acercamientos previos entre los sectores.

“El salario está planchado y el tiempo corre. Mientras tanto, las familias viven con lo justo, mientras todo sube menos los sueldos”, expresó con preocupación el dirigente. Desde la seccional de San Juan manifestaron su total respaldo a la conducción nacional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple la realidad del trabajador.

Tierra del Fuego en alerta: 8000 puestos de trabajo en riesgo

La situación en Tierra del Fuego agrava aún más el escenario. Ante la eliminación de aranceles a productos electrónicos importados, la UOM convocó a un paro por tiempo indeterminado. Solazo, en contacto directo con los secretarios de las seccionales de Ushuaia y Río Grande, expresó su solidaridad y preocupación.

“Estamos hablando de entre 6.000 y 8.000 trabajadores que pueden quedar en la calle”, alertó. La industria fueguina, encargada de la producción de celulares, televisores y aires acondicionados, representa una de las principales fuentes laborales de la provincia y recibe trabajadores de distintas regiones del país.

El dirigente criticó duramente la actitud del gobierno nacional, al señalar que “no se puede decir con liviandad que las empresas empiecen a hacer otra cosa”. Para Solazo, esta medida no solo pone en jaque a miles de familias, sino que revela un objetivo mayor: “Desindustrializar el país y convertirlo en una colonia económica”.

Para Martín Solazo, las reformas impulsadas por el gobierno nacional responden directamente a exigencias del Fondo Monetario Internacional. “La eliminación de aranceles es una de las condiciones impuestas para acceder a nuevos préstamos, pero el costo lo pagan los trabajadores”, afirmó.

“Vamos camino a dejar de ser un país con industria para convertirnos en uno de servicios y consumo de productos importados. Y eso es retroceder décadas en desarrollo y soberanía”, sentenció.

El sector metalúrgico enfrenta un doble frente de batalla: la urgente necesidad de actualizar salarios y la defensa de miles de puestos de trabajo ante políticas que debilitan a la industria nacional. La falta de respuestas oficiales y la creciente presión social configuran un escenario tenso, donde las decisiones que se tomen en los próximos días podrían marcar el destino laboral de miles de familias argentinas.

Con un paro de 48 horas como puntapié inicial, las federaciones universitarias comenzaron una semana de acciones en todo el país en defensa de la universidad pública, el salario docente y la calidad educativa. En San Juan, ADICUS se suma al reclamo y advierte sobre una crisis sin precedentes.

La comunidad universitaria atraviesa días de incertidumbre en su defensa por una educación pública de calidad. Las principales federaciones del país lanzaron una serie de medidas que comenzaron este lunes con un paro de 48 horas, que tuvo un alto acatamiento en la Universidad Nacional de San Juan. Así lo confirmó Jaime Barcelona, titular de ADICUS, en diálogo Mundo Laboral SJ.

“La medida tuvo una adhesión muy importante. Esta semana continuará con distintas actividades que iremos definiendo, y ya se está organizando la tercera marcha federal universitaria a nivel nacional”, sostuvo Barcelona, al tiempo que remarcó que se trata de una movilización federal impulsada por el Frente Gremial Universitario en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Un plan de lucha que se extiende en todo el país

Las acciones no se limitan a los dos primeros días de la semana. El próximo viernes 23 de mayo está previsto un paro nacional de trabajadores no docentes, y para las próximas semanas se esperan nuevas medidas de visibilización y posibles paros adicionales. A nivel nacional, el frente gremial universitario junto al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se encuentra en proceso de coordinación para establecer la fecha de la tercera marcha federal universitaria, una movilización masiva en defensa del sistema público de educación superior.

Desde ADICUS y otras federaciones, se advierte que el conflicto es profundo y no tiene solución a la vista. “No hay convocatoria a paritarias desde octubre del año pasado. Los aumentos salariales se han otorgado por decreto, en torno al 1,3% mensual, lo que ni siquiera alcanza la inflación oficial que el propio gobierno reconoce. Esto ha generado un deterioro salarial sin precedentes para los docentes universitarios”, señaló Barcelona.

Un sistema educativo al borde del colapso

El plan de lucha no responde únicamente a una demanda salarial. La situación presupuestaria de las universidades nacionales se ha vuelto crítica. La falta de financiamiento, los recortes impulsados desde el Poder Ejecutivo y la ausencia de diálogo han generado un escenario preocupante que amenaza no sólo el bienestar de los trabajadores, sino también la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.

En este contexto, muchas universidades enfrentan dificultades para garantizar el funcionamiento básico, y no son pocos los docentes que se han visto obligados a reducir sus horas o buscar alternativas laborales fuera del ámbito académico.

Un llamado urgente a la sociedad

“Estamos frente a una situación extremadamente grave. Esta semana de visibilización también es una invitación a que la sociedad tome conciencia del valor de la universidad pública y de los riesgos que corre si no se revierte este rumbo”, afirmó el titular de ADICUS.

Con el foco puesto en la concientización, los gremios buscan sumar apoyo ciudadano para sostener un sistema educativo inclusivo, de calidad y gratuito. Las universidades públicas no solo forman profesionales: son pilares del desarrollo científico, cultural y social de la Argentina.

La semana de lucha universitaria no es un hecho aislado, sino parte de un reclamo sostenido que interpela a toda la sociedad. Las aulas vacías de estos días no son símbolo de abandono, sino de resistencia frente al vaciamiento. El futuro de la educación pública está en juego, y su defensa requiere del compromiso de todos: docentes, estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general. Porque cuando se defiende la universidad, se defiende el derecho a un país con oportunidades para todos.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) convocó a una movilización este martes frente al edificio de Empleo Público para denunciar el cierre y privatización de Vialidad Nacional.

La dirigente sindical Graciela Aleñá denunció que el Gobierno nacional planea liquidar Vialidad Nacional y anunció una masiva movilización para frenar la medida. Según Aleñá, el Gobierno busca desmantelar el patrimonio público para favorecer negociados privados y condenar a los argentinos a vivir en la «edad media». La sindicalista destacó la labor esencial que cumple el personal de Vialidad Nacional, recordando la reciente asistencia durante las inundaciones del pasado fin de semana.

“Nuestros trabajadores estuvieron ahí, ayudando a conductores, evacuando personas, llevando mantas y alimentos en medio del temporal. Y aun así se aprestan a cerrarla, es de locos”, subrayó.

Desde el sindicato también recordaron que la situación del organismo ya era crítica debido a los recortes presupuestarios impulsados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y al congelamiento salarial que llevan más de siete meses sin resolverse.

“El vaciamiento y la paralización de la obra pública es criminal. Las rutas están en mal estado, los accidentes se multiplican, y mientras tanto, el Gobierno hace propaganda”, remarcó Aleñá, quien también desafió al Ejecutivo a desmentir públicamente las denuncias.

La disputa entre el Gobierno nacional y los trabajadores de Vialidad Nacional pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la obra pública. Mientras el Gobierno busca reducir el gasto público y privatizar servicios, los trabajadores y el sindicato sostienen que la medida afectará negativamente a la infraestructura y la integración del país.

La movilización de los trabajadores viales es un llamado de atención sobre la importancia de Vialidad Nacional y la necesidad de defenderla. La medida de fuerza es un reflejo de la preocupación de los trabajadores y el sindicato por la política económica del Gobierno nacional y su impacto en la obra pública y la infraestructura del país.