La Justicia del Trabajo falló a favor del gremio AEFIP y ordenó suspender la implementación de la herramienta de desafiliación impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) fue aceptada por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 17, que suspendió el acceso digital a los sitios del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona la afiliación y la desafiliación gremial.

La Justicia laboral dio un golpe significativo al Gobierno nacional al suspender el botón digital de desafiliación sindical implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que había sido incorporada como nuevo trámite en el sitio web del organismo, permitía a los trabajadores registrar y presentar en forma autónoma la solicitud de afiliación y desafiliación gremial.

Sin embargo, la AEFIP, que conduce Pablo Flores, presentó un amparo ante la Justicia, argumentando que el sistema diseñado por el Gobierno «no tiende tan solo a facilitar al trabajador la comunicación de descuentos que pretende o no pretende hacer o aceptar, sino antes bien a sustituir una competencia propia» del sindicato. La jueza Rodríguez Fernández validó los fundamentos de la organización sindical y señaló que el sistema «interfiere de modo ilegítimo en un vínculo estatutario e intrasindical que le es ajeno y del cual se encuentra marginado por imperio constitucional y legal».

La importancia de la libertad sindical

La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La AEFIP y el SUPARA, el sindicato de los trabajadores de la Dirección de Aduanas, habían advertido que la herramienta «presentada como un canal ágil y transparente representa una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos, vulnera la autonomía sindical y constituye un acto de injerencia patronal que se encuentra prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país».

La suspensión del botón digital de desafiliación sindical es un golpe significativo al Gobierno y un triunfo para los sindicatos. La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La medida también advierte sobre los límites del poder estatal en la regulación de las relaciones laborales y la importancia de respetar los derechos y garantías constitucionales y legales de los trabajadores.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, advirtió sobre las graves implicancias del Decreto 340/2025 emitido por el Gobierno nacional. Asegura que no solo vulnera el derecho constitucional a huelga, sino que también elimina herramientas clave para garantizar la calidad educativa y la equidad salarial en todo el país.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), expresó su fuerte rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual redefine qué actividades son consideradas servicios esenciales en el país. Según el gremialista, esta medida no solo limita el derecho a huelga, sino que también representa un claro retroceso en derechos laborales, educativos y democráticos.

«Repudiamos profundamente esta actitud unilateral del gobierno. No solo cercena el derecho a huelga, sino que suspende la ley de financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica», manifestó Quiroga. «Es una decisión que revela desinterés por la educación pública y una preocupante tendencia autoritaria».

Un golpe a la educación pública y al federalismo educativo

Quiroga señaló que uno de los impactos más graves del decreto es la eliminación de la paritaria nacional docente. Esta herramienta era clave para establecer un piso salarial igualitario para los docentes de todo el país. “Ahora ya no habrá un salario mínimo nacional para la docencia, lo que implica que habrá provincias con sueldos mucho más bajos que otras, generando desigualdad entre colegas que cumplen la misma función”, explicó.

La desaparición del piso salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo nacional son interpretados por el gremio como señales de una estrategia para provincializar completamente la educación, trasladando responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar fondos o criterios unificados.

El derecho a huelga, en riesgo

El Decreto 340 amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera directa la posibilidad de que los trabajadores se expresen mediante medidas de fuerza. “Al definir como esencial todo lo que el gobierno quiera y al impedir el ejercicio del derecho a huelga, se vulneran principios básicos de la democracia”, advirtió Quiroga.

Además, cuestionó que el Estado nacional se reserve la potestad de vetar acuerdos paritarios, incluso cuando estos hayan sido consensuados entre partes. “Ya no se podrá negociar con libertad. Habrá techo salarial, pero ningún piso. ¿Dónde queda el principio de negociación colectiva?”, se preguntó.

Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en el abandono de políticas públicas que garanticen empleo joven y de calidad, y criticó el uso sistemático de decretos por parte del Ejecutivo, esquivando la discusión legislativa.

“Estamos retrocediendo. Estas decisiones nos recuerdan a épocas autoritarias. Se gobierna por decreto, ignorando leyes que fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y que representaban avances en materia educativa y social”, remarcó.

Asimismo, denunció demoras crónicas en los pagos a docentes en varias provincias, como San Juan, donde los trabajadores pasan meses sin cobrar sus salarios. “¿Eso es ser esencial? ¿Eso es valorar el trabajo docente?”, cuestionó.

Para Quiroga, el Decreto 340 representa mucho más que un cambio administrativo: simboliza un retroceso institucional que atenta contra el espíritu democrático del país. “Estamos volviendo a discutir derechos que habíamos conquistado con años de lucha. Lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro de la educación pública y la calidad democrática de la República Argentina”, concluyó.

Desde AMET y otras organizaciones gremiales ya se iniciaron presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Mientras tanto, el sector docente se mantiene en estado de alerta, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino también el derecho de todos los argentinos a una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades.

El presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger están trabajando en una serie de normativas desregulatorias que podrían derivar en una nueva ola de desvinculaciones de trabajadores públicos y cambios en la estructura estatal.

En un contexto de profundización del rumbo desregulador, el Gobierno nacional está ultimando detalles para la publicación de una serie de decretos que tendrán un impacto significativo en el sector público y los trabajadores. Según fuentes cercanas al Gobierno, se espera que se publiquen al menos una veintena de decretos en los próximos días, muchos de los cuales avanzarán sobre distintos organismos del Estado y medidas en materia de desregulación.

Impacto en los Trabajadores Públicos

La posibilidad de nuevos despidos y cambios en la estructura estatal generaron preocupación en el sector sindical. Desde diciembre de 2023, el Gobierno informó que ya desvinculó a 45.164 trabajadores y disminuyó un 36% los cargos superiores. Sin embargo, todo indicaría que habrá más novedades al respecto en lo que queda del año.

La Reorganización de la Administración Pública Nacional

La semana pasada, la gestión Milei avanzó con nuevas normativas que impactaron muy fuerte en el ámbito laboral de los estatales y en el movimiento obrero organizado. Los Decretos 344, 345, 346 y 347/2025 pusieron en marcha un amplio proceso de reorganización de la Administración Pública Nacional, que implicaron la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos.

El Gobierno remarca que existe un crecimiento sostenido del aparato estatal en las últimas décadas. Desde 1983, la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados creció más del 150% y hoy suman 111 los órganos de gobierno que emplean a más de 80.000 agentes. El objetivo es reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de «despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales».

El Gobierno nacional está decidido a profundizar el rumbo desregulador y avanzar con nuevas fusiones en dependencias del Estado. Los próximos días serán decisivos y claves para determinar el futuro del sector público y los trabajadores. La expectativa es alta y el sector sindical está expectante ante la posibilidad de nuevos despidos y cambios en la estructura estatal.