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La industria de la indumentaria se encuentra en una situación crítica, con un conflicto entre empresarios y trabajadores que refleja la inestabilidad económica que atraviesa el país. La negativa de los empresarios a pagar un bono de fin de año ha desatado una ola de protestas y medidas gremiales que podrían tener un impacto significativo en la economía.

El conflicto laboral se originó cuando los empresarios, nucleados en la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), se negaron a pagar un bono de fin de año a los trabajadores. Los sindicatos de la actividad, como el SETIA, la UCI y el Soiva, consideran que este bono es fundamental para mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un año con un ajuste económico mayor.

La reacción de los trabajadores ha sido contundente. Los sindicatos han anunciado la realización de asambleas y medidas gremiales en todos los establecimientos del país, lo que podría generar un impacto significativo . «La negativa de los empresarios a pagar el bono de fin de año es un ejemplo de la falta de solidaridad y responsabilidad social que caracteriza a algunos sectores empresariales», afirmaron fuentes gremiales.

El Impacto Económico

La industria textil es una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos en el país, y un conflicto prolongado podría generar pérdidas económicas significativas. Además, la pelea podría tener un impacto en la inflación, ya que la industria de la indumentaria es una de las principales fuentes de productos que se ven afectados por la inflación.

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Bancarios actualizan sus salarios y el sueldo inicial será de casi 2 millones

La Asociación Bancaria anunció la entrada en vigencia de la actualización salarial correspondiente a los montos iniciales del mes de abril de 2025, con un incremento del 11,6% sobre los haberes. Los trabajadores bancarios recibirán un retroactivo en mayo y sus salarios quedarán por encima de los 1,8 millones de pesos.

La Asociación Bancaria, liderada por el legislador nacional Sergio Palazzo, confirmó la actualización salarial para los trabajadores bancarios, que entrará en vigencia a partir de abril de 2025. Según el anuncio, los salarios iniciales del sector quedarán en $1.752.653,20, y con la Participación Ganancias (ROE) de $79.159,46, el total ascenderá a $1.831.812,66.

Además, el Día del Bancario/a tendrá un monto mínimo de $1.562.429,69, sujeto a futuras actualizaciones. La organización sindical destacó que esta actualización será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

El gremio también confirmó que el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de mayo. «De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», agregaron en el comunicado.

La actualización salarial es un paso importante para los trabajadores bancarios, ya que les permite mantener su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. La Asociación Bancaria ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios y ha logrado mejorar sus condiciones laborales.

El aumento salarial de los trabajadores bancarios a casi 2 millones de pesos es un logro importante para el sector, pero también pone en evidencia la gran brecha salarial que existe en la Argentina. Mientras que los bancarios disfrutan de un sueldo inicial relativamente alto, otros sectores laborales cobran sumas ínfimas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sectores laborales pueden acceder a salarios dignos mientras que otros están condenados a vivir en la pobreza? La respuesta es compleja y multifacética, pero es claro que la desigualdad salarial es un problema estructural que requiere una solución urgente.

Es hora de que los los líderes sindicales se unan para abordar esta cuestión y garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a un salario justo y digno. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo un obstáculo para la justicia social y la igualdad en la Argentina.

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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.

La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.

El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.

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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

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