Ajuste en el Estado: un retroceso en políticas sociales y laborales

La administración de Javier Milei ha impulsado un ajuste al sector público que ha desatado una tormenta de críticas y alertas en sectores sociales y gremios. La clausura de más de 200 áreas estatales durante su primer año de gestión ha sido justificada por el gobierno como una medida para eliminar «excesos, duplicaciones y áreas innecesarias».

Sin embargo, entre las reparticiones cerradas se encuentran programas y direcciones vinculados a políticas de género, diversidades y derechos humanos. La Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género y la Dirección de Equidad Racial, Dirección Nacional de Economía Popular, y Personas Migrantes y Refugiadas son solo algunos ejemplos de las áreas eliminadas.

El Impacto Social del Ajuste

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, justificó la decisión afirmando que estas áreas cumplían funciones que pueden ser realizadas por el sector privado o que rompían el federalismo al asumir competencias de las provincias o municipios. Sin embargo, la medida ha sido objeto de duras críticas y cuestionamientos por parte de los sectores afectados, quienes advierten sobre las graves consecuencias que puede tener en la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Reacción de los Trabajadores

Organizaciones sociales y sindicatos han comenzado a coordinar acciones en rechazo a los despidos y el desmantelamiento de áreas sensibles. «Es una medida que pone en riesgo la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores», expresó un representante de ATE.