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La administración de Javier Milei ha impulsado un ajuste al sector público que ha desatado una tormenta de críticas y alertas en sectores sociales y gremios. La clausura de más de 200 áreas estatales durante su primer año de gestión ha sido justificada por el gobierno como una medida para eliminar «excesos, duplicaciones y áreas innecesarias».

Sin embargo, entre las reparticiones cerradas se encuentran programas y direcciones vinculados a políticas de género, diversidades y derechos humanos. La Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género y la Dirección de Equidad Racial, Dirección Nacional de Economía Popular, y Personas Migrantes y Refugiadas son solo algunos ejemplos de las áreas eliminadas.

El Impacto Social del Ajuste

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, justificó la decisión afirmando que estas áreas cumplían funciones que pueden ser realizadas por el sector privado o que rompían el federalismo al asumir competencias de las provincias o municipios. Sin embargo, la medida ha sido objeto de duras críticas y cuestionamientos por parte de los sectores afectados, quienes advierten sobre las graves consecuencias que puede tener en la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Reacción de los Trabajadores

Organizaciones sociales y sindicatos han comenzado a coordinar acciones en rechazo a los despidos y el desmantelamiento de áreas sensibles. «Es una medida que pone en riesgo la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores», expresó un representante de ATE.

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La UOCRA acordó aumento salarial para trabajadores de la construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y el sector empresario llegaron a un acuerdo para aumentar los salarios de los trabajadores de la construcción. El convenio, que aún está pendiente de homologación por parte del Ministerio de Capital Humano, busca mitigar el impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores.

Días antes de la firma de este pacto, la UOCRA había anunciado un estado de alerta debido a la falta de avances en las negociaciones paritarias y la preocupación por la caída en la actividad del sector. El gremio, liderado por Gerardo Martínez, expresó su malestar por las políticas económicas del gobierno nacional, que han impactado negativamente en el empleo registrado y en las condiciones laborales.

Rechazo al techo paritario

La UOCRA también manifestó su rechazo a cualquier intento del gobierno de imponer un techo paritario, subrayando que las negociaciones son exclusivas con la contraparte empresarial. Este posicionamiento refleja la postura combativa del sindicato, que busca presionar por un acuerdo que garantice una recomposición salarial acorde a las necesidades de los trabajadores.

El acuerdo se produce en un contexto de inflación persistente y caída en la actividad económica. La UOCRA busca garantizar una recomposición salarial que permita a los trabajadores mantener su poder adquisitivo y hacer frente a los desafíos económicos.

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Trabajadores del Garrahan denuncian colapso por falta de fondos y precarización laboral

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan realizaron una masiva movilización hasta el Ministerio de Salud para exigir financiamiento urgente y denunciar el vaciamiento del principal hospital pediátrico del país.

El conflicto en el Hospital Garrahan se calienta a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció que el hospital está siendo desfinanciado a propósito y que la situación es límite. La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, advirtió que el hospital atiende más de 600.000 consultas por año y que la falta de fondos y la precarización laboral están poniendo en riesgo la atención médica.

La situación salarial

La APyT denunció que los médicos de guardia pediátrica perciben apenas 6.000 pesos por hora y que los residentes trabajan más de 60 horas semanales por un salario mensual cercano a los 700.000 pesos. Con la inflación acumulada, ese monto debería ser de al menos 1.700.000 pesos mensuales. La situación salarial es crítica y la reducción del personal es alarmante, con más de 200 profesionales que renunciaron en lo que va del año sin que se hayan abierto concursos para cubrir esas vacantes.

La exigencia de financiamiento

La APyT exige la aprobación de una ley nacional de financiamiento para el Garrahan, que garantice el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes en todo el país. «El ministro Lugones dice que el derecho a la salud no es para todos, y en eso se equivoca. Es un derecho universal», enfatizó Lezana. La jornada de protesta continuará este viernes con una conferencia de prensa y una audiencia pública en el Congreso Nacional.

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Junio llega recargado de aumentos: combustibles, servicios, alquileres, prepagas y colegios

El mes de junio llega con una serie de aumentos que impactarán en la economía de los hogares argentinos. Los combustibles, la electricidad, el gas, el agua, los alquileres y las cuotas de la medicina y los colegios privados experimentarán subas significativas. El Gobierno nacional decidió habilitar incrementos en dos servicios esenciales para la época invernal: electricidad y gas natural.

Aumentos en servicios

La Resolución 226/2025 establece los aumentos que regirán desde junio para la electricidad y el gas natural. Para usuarios residenciales de menores ingresos, se mantendrán bonificaciones y límites de consumo subsidiado. Las prepagas subirán 2,8 por ciento y las cuotas de los colegios privados alrededor del 11,0 por ciento acumulado en dos meses.

Combustibles

El Gobierno también decidió encarecer más el precio de los combustibles, un producto fundamental para el funcionamiento de toda la economía. La nafta y el gasoil aumentarán 1,0 por ciento promedio en las estaciones de servicio de YPF a partir del domingo 1 de junio.

Alquileres

Los alquileres que ajustan anualmente por Índice para Contratos de Locación (ICL) se incrementarán más del 80 por ciento. En cambio, los que actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendrán un alza de 9,0 por ciento. Esto impactará significativamente en la economía de los inquilinos.

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