La CGT presiona al Gobierno para que tome medidas urgentes y evite el colapso financiero de las obras sociales sindicales

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó sus reclamos al Gobierno nacional, exigiendo medidas inmediatas para frenar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, que afecta el acceso a servicios médicos de más de 15 millones de argentinos. Este sistema, que representa el 33,6% de la población, atraviesa una crisis económica derivada de aportes insuficientes y el creciente costo de las prestaciones médicas.

La CGT señaló la problemática del sistema solidario de salud, que se agrava por la obligación de brindar las mismas prestaciones a sectores cuyos aportes mensuales son significativamente menores. Los monotributistas, desempleados y personal de servicio doméstico aportan menos de $14.000 mensuales, mientras que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $45.000 mensuales.

Propuestas para Aliviar la Crisis

En agosto, la CGT presentó un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, con propuestas concretas para aliviar la crisis del sistema. Entre las iniciativas destacadas se incluyen:

• Reemplazar el PMO actual por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE).
• Incrementar los aportes del personal de servicio doméstico y de los monotributistas.
• Ajustar los reintegros del PAMI para que estén en línea con el promedio per cápita que maneja el instituto.
• Transferir la atención de los monotributistas sociales a los efectores públicos de salud, destinando los recursos directamente a hospitales y centros de salud.
• Crear un fondo para cubrir tecnologías médicas de alto costo.
• Establecer que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las carteras correspondientes y no por el Fondo Solidario de Redistribución.

La CGT advirtió en numerosas ocasiones que, de no tomarse medidas inmediatas, el sistema de obras sociales podría enfrentar un colapso financiero que comprometería el derecho a la salud de millones de argentinos. Es fundamental que el Gobierno brinde respuestas concretas y urgentes para evitar esta crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema.