El Gobierno nacional estableció un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil que, lejos de ser una solución efectiva, perpetúa la pobreza y la indigencia en la Argentina.

La Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial es un claro ejemplo de la falta de compromiso del Gobierno nacional con la clase trabajadora. El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido es de $296.832 para marzo de 2025, un monto que no solo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, sino que también perpetúa la brecha entre ricos y pobres.

La Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó $1.001.466 en noviembre, según datos del INDEC. Esto significa que el nuevo Salario Mínimo es apenas un tercio de lo que se necesita para vivir dignamente. La situación es aún más crítica para los trabajadores jornalizados, que recibirán apenas $1.484 por hora en marzo de 2025.

La decisión del Gobierno nacional de establecer un Salario Mínimo tan bajo es un claro ejemplo de su falta de compromiso con la justicia social. La CGT y las dos CTA exigieron un monto inicial de $572.000, mientras que las cámaras empresariales propusieron un aumento escalonado que llevaría el salario mínimo de $278.000 a $295.000 en marzo de 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional optó por una solución que no satisface las demandas de nadie.

La justificación del Gobierno de que se buscaba encontrar un «punto de equilibrio» entre las demandas de los trabajadores y las posibilidades del sector privado es un eufemismo para describir su falta de compromiso con la justicia social. La verdad es que el Gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para abordar la problemática de la pobreza y la indigencia en la Argentina.

El Gobierno nacional decidió postergar nuevamente la implementación de la medida que permitiría activar las privatizaciones de empresas estatales. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, genera interrogantes sobre la estrategia económica del Ejecutivo y su capacidad para impulsar reformas estructurales.

La declaración de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal, realizada por el presidente Milei, sentó las bases para una serie de reformas orientadas a achicar el Estado y fortalecer el equilibrio fiscal. Sin embargo, la postergación de las privatizaciones plantea dudas sobre la efectividad de esta estrategia.

Implicaciones de la Prórroga

La prórroga de 60 días establecida por el decreto permite al Gobierno contar con más tiempo para concretar los procedimientos legales y administrativos necesarios para la privatización de las empresas estatales. No obstante, esta decisión también puede interpretarse como un signo de debilidad en la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas estructurales.

Alternativas para la Implementación de las Privatizaciones

El Gobierno cuenta con varias opciones para concretar las privatizaciones, incluyendo la apertura de licitaciones, la oferta pública inicial (IPO) y la cesión de empresas a los empleados o a terceros. Sin embargo, la elección de la opción más adecuada dependerá de una evaluación cuidadosa de los costos y beneficios potenciales de cada alternativa.

La administración de Javier Milei ha impulsado un ajuste al sector público que ha desatado una tormenta de críticas y alertas en sectores sociales y gremios. La clausura de más de 200 áreas estatales durante su primer año de gestión ha sido justificada por el gobierno como una medida para eliminar «excesos, duplicaciones y áreas innecesarias».

Sin embargo, entre las reparticiones cerradas se encuentran programas y direcciones vinculados a políticas de género, diversidades y derechos humanos. La Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género y la Dirección de Equidad Racial, Dirección Nacional de Economía Popular, y Personas Migrantes y Refugiadas son solo algunos ejemplos de las áreas eliminadas.

El Impacto Social del Ajuste

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, justificó la decisión afirmando que estas áreas cumplían funciones que pueden ser realizadas por el sector privado o que rompían el federalismo al asumir competencias de las provincias o municipios. Sin embargo, la medida ha sido objeto de duras críticas y cuestionamientos por parte de los sectores afectados, quienes advierten sobre las graves consecuencias que puede tener en la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Reacción de los Trabajadores

Organizaciones sociales y sindicatos han comenzado a coordinar acciones en rechazo a los despidos y el desmantelamiento de áreas sensibles. «Es una medida que pone en riesgo la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores», expresó un representante de ATE.