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En un fallo histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 ordenó al Estado Nacional proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género, en medio de un ajuste estatal que amenazaba con desmantelar las políticas de género en el país.

La resolución judicial, que surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, obliga al Estado a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. Sin embargo, desestima el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes.

La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado. El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas.

En conclusión, la intervención de la Justicia Federal es un paso crucial para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que el Estado Nacional cumpla con la resolución judicial y mantenga los recursos humanos e infraestructura necesarios para combatir la violencia de género.

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La minería argentina: entre la tradición y la innovación

Iván Maya, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), compartió un análisis profundo sobre el panorama minero en el país. Resaltó la amplitud de este sector en la provincia de San Juan, dividiéndolo en dos realidades principales: la minería metalífera y la de segunda y tercera categoría, como la cementera, la molienda de minerales y la minería extractiva.

Maya señaló que este último segmento enfrenta una crisis debido a la paralización de la obra pública, la cual absorbe entre el 60% y 70% de su producción. Sin proyectos en marcha, el sector está en caída. Por otro lado, destacó las expectativas generadas en torno al desarrollo del cobre, que podrían materializarse en los próximos años.

El impacto del RIGI

Respecto al Régimen de Incentivo a las Inversiones Mineras (RIGI), Maya expresó su desacuerdo. Consideró que las condiciones otorgadas a las empresas extranjeras eran excesivas y podían desfavorecer a los proveedores locales en un contexto económico adverso. Argumentó que, aunque el régimen ya es un hecho, su implementación podría dificultar la competitividad de los servicios locales frente a los costos de la región.

Paritarias y retos laborales

En el ámbito económico, Maya explicó que, aunque las paritarias en la minería metalífera están cubiertas hasta enero, los sectores de segunda y tercera categoría enfrentan grandes dificultades. Empresas como las de Calipiedra no han podido acordar paritarias debido a la inestabilidad financiera. En años anteriores, los acuerdos salariales habían superado la inflación, pero la situación actual es menos favorable.

Desafíos hacia 2025

Maya enfatizó los retos venideros, especialmente con la posible consolidación de proyectos de cobre. El sector laboral deberá adaptarse rápidamente a nuevas realidades operativas, marcadas por tecnologías avanzadas y el uso creciente de la inteligencia artificial. Este ajuste será clave para mantenerse competitivo y relevante en el mercado global.

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Nuevo régimen de contrataciones para el sector público: ¿un paso hacia la eficiencia o la restricción?

La gestión de Javier Milei estableció un nuevo régimen para la contratación de empleados públicos, mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial. A partir de ahora, la contratación de un empleado público implicará la baja previa de otros tres, y se deberá contar con la aprobación del examen de idoneidad.

El Decreto 1148/24 establece una serie de restricciones y dispone que cualquier incorporación deberá ser aprobada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Según el Ejecutivo, esta medida tiene por objeto garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional y propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional.

Sin embargo, el Decreto también fija que los organismos del Estado podrán disponer para las designaciones o contrataciones un alta en el caso de que informen tres bajas de personal. Además, el pedido de designación deberá ser validado por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.

En otro Decreto, el 1149/24, el Gobierno estableció que quienes quieran formar parte de la Administración Pública durante 2025 deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Sin embargo, hay varios sectores que están exceptuados de estas restricciones, como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, entre otros.

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Paro en la industria de la carne: la disputa por los salarios pone en riesgo el asado de fin de año

La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) anunció un paro para el 30 y 31 de diciembre, lo que podría generar una escasez de carne para la tradicional parrillada de fin de año.

La disputa entre la Foica y los empresarios del sector de la carne por los salarios llevó a un nuevo paro, que podría tener un impacto significativo en la tradicional parrillada de fin de año. Según Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), «es muy posible que en los primeros días de enero no haya asado» debido a la falta de faenas el 30 y 31 de diciembre.

La Foica, que está en conflicto con los empresarios del sector desde hace meses, alega que el paro es «en defensa de la negociación colectiva y los consejos de salarios». Martín Cardozo, dirigente de la Foica, afirmó que «el objetivo es un convenio colectivo» y que no cree que falten productos en la carnicería.

Sin embargo, Falero advirtió que los frigoríficos están entregando carne «cuotificada», lo que podría generar una escasez de carne para los comerciantes finales. «Un poco de asado va a faltar», reconoció.

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