La Justicia Federal Interviene: Protección a Trabajadores y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad

En un fallo histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 ordenó al Estado Nacional proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género, en medio de un ajuste estatal que amenazaba con desmantelar las políticas de género en el país.

La resolución judicial, que surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, obliga al Estado a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. Sin embargo, desestima el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes.

La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado. El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas.

En conclusión, la intervención de la Justicia Federal es un paso crucial para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que el Estado Nacional cumpla con la resolución judicial y mantenga los recursos humanos e infraestructura necesarios para combatir la violencia de género.