La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno nacional, que contempla aumentos acumulativos del 1,3% para marzo, abril y mayo, más un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar en junio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como «una vergüenza» y advirtió que «se sigue firmando el 1% mensual como si fuera digno, y no lo es».

El conflicto en el sector público se intensifica debido a la política salarial del Gobierno, que ha generado una fuerte crítica por parte de ATE. Según Aguiar, «este Gobierno ha destrozado los ingresos en el sector público» y «ha decidido compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos». La propuesta salarial ofrecida por el Gobierno implica un aumento acumulado de apenas el 20,8% en el período junio 2024 – mayo 2025, mientras que la inflación ya superó el 32,6% en ese lapso.

La situación es particularmente grave para los trabajadores estatales, cuyos ingresos ya no alcanzan para garantizar una vivienda digna, alimentación y vestimenta. Aguiar denunció que «terminan de aniquilar el derecho a una retribución justa» y que «desde la paritaria estatal se ejerce violencia».

La disputa entre ATE y el Gobierno se centra en la política salarial y la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones paritarias. Mientras que ATE reclama aumentos salariales que superen la inflación, el Gobierno insiste en mantener su política de ajuste fiscal.

La posición de UPCN, el otro gremio que participa de la paritaria, consiguió fuertes críticas por parte de ATE. Aguiar acusó a UPCN de «prestarle la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos» y consideró que «debería estar prohibido por ley firmar aumentos por debajo de la inflación».

La pugna en el sector público se encuentra en un punto crítico, con ATE rechazando la propuesta salarial del Gobierno y UPCN aceptándola. La situación puede escalar aún más si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores estatales. La convocatoria del Secretariado Ampliado de ATE para analizar el plan de acción sugiere que el conflicto puede continuar en las próximas semanas.

En un giro trascendental para la arquitectura estatal argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la conversión de cinco empresas estatales en sociedades anónimas unipersonales, y disolvió la agencia de noticias Télam. La medida, enmarcada en el DNU 70/2023, busca reconfigurar la lógica del Estado, reduciendo su peso y trasladando sus funciones hacia estructuras de mercado. La decisión desató cuestionamientos sobre transparencia, control ciudadano y el destino de los bienes públicos.

La privatización como paradigma: un nuevo capítulo en la historia estatal argentina

La maquinaria estatal argentina atraviesa una mutación sin precedentes en décadas recientes. El gobierno encabezado por Javier Milei dio un paso firme en la implementación de su ideario libertario, avanzando con la transformación de cinco empresas públicas en sociedades anónimas unipersonales, y la disolución definitiva de la histórica agencia de noticias Télam. El hecho, comunicado oficialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), representa mucho más que una simple reorganización administrativa: configura una redefinición del rol estatal en la vida económica y social del país.

Entre las empresas reconvertidas se encuentran Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), y la Corporación Buenos Aires Sur. Todas ellas adoptaron la figura jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), con la consiguiente adecuación legal, patrimonial y contable exigida por la normativa vigente. Télam, por su parte, fue disuelta y reemplazada formalmente por una nueva entidad denominada “Agencia de Publicidad del Estado SAU”, lo cual implica el desmantelamiento de su estructura y el desplazamiento de su función informativa, hasta ahora ligada a la comunicación institucional del Estado.

Este movimiento se sustenta en lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, piedra angular de la reconfiguración estatal impulsada por el oficialismo. Según el Ministerio de Justicia, se trata de un “paso clave para terminar con el uso político de estas empresas”, asegurando que en adelante “deberán rendir cuentas y presentar balances como cualquier compañía del sector privado”.

La ideología de la motosierra

Lejos de limitarse a una reforma estructural, el cambio encarna una visión ideológica profunda sobre el lugar del Estado en la vida nacional. El gobierno ha optado por un modelo que privilegia la lógica empresarial por sobre la función pública, con la promesa de mayor eficiencia, transparencia y competitividad. Bajo esta lógica, la estatalidad deja de ser sinónimo de garantía de derechos o acceso a bienes comunes, para convertirse en una estructura sujeta a las reglas del mercado, el rendimiento económico y la autosustentabilidad financiera.

Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, defendió la medida argumentando que “estos procesos de transformación no sólo ponen orden en las finanzas públicas, sino que además contribuyen a la regularización de aspectos contables, registrales y financieros”. Subrayó además la “percepción de opacidad” que, a su juicio, recaía sobre estas organizaciones debido a la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma.

No obstante, esta percepción de eficiencia es materia de debate. Expertos en derecho administrativo, economía pública y comunicación cuestionan la desarticulación de funciones esenciales del Estado, especialmente en sectores estratégicos o simbólicos, como es el caso de Télam, cuya historia remite al fortalecimiento de la soberanía informativa. La desaparición de la agencia no es un dato menor: representa el vaciamiento de un canal institucional que, más allá de sus vaivenes ideológicos, era una herramienta de comunicación federal y plural.

Uno de los puntos más controvertidos radica en la naturaleza de las sociedades anónimas unipersonales: estructuras jurídico-comerciales que, si bien permiten un control estatal absoluto sobre el capital accionario, diluyen la fiscalización ciudadana y parlamentaria. A diferencia de las empresas estatales tradicionales, estas nuevas entidades se rigen por la lógica privada, reduciendo las exigencias de publicidad de actos y acceso a la información.

Asimismo, la conversión y disolución de estas firmas no estuvo acompañada de un debate público amplio ni de una deliberación parlamentaria, sino que fue implementada a través de un DNU, mecanismo de excepción cuya utilización sistemática ha sido objeto de severas críticas por parte de sectores académicos y políticos.