En un movimiento que busca fortalecer la Secretaría de Trabajo, el Gobierno Nacional ha oficializado a Claudia Testa como la nueva Subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Testa, una abogada con amplia experiencia en el ámbito laboral, reemplazará a Martín Huidobro, quien dejó el cargo en octubre pasado.

Con su designación, Testa se convierte en la quinta funcionaria en ocupar el cargo en menos de un año de gestión. Su llegada se produce en un momento de tensiones políticas y sindicales, lo que la convierte en una figura clave para abordar los desafíos laborales del país.

Testa llega a la Nación después de desempeñarse como Directora General de Relaciones del Trabajo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su experiencia en el ámbito laboral y su capacidad para dialogar con sindicalistas y empresarios la convierten en una figura idónea para ocupar el cargo.

La Subsecretaría de Trabajo ha visto pasar a varias funcionarias en menos de un año de gestión. Antes de Testa, habían pasado por el cargo Liliana Acosta de Archimbal, Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo. La designación de Testa busca dar estabilidad al cargo y abordar los desafíos laborales del país.

En un fallo sin precedentes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una cautelar que impide al Gobierno aplicar los 3.155 despidos anunciados en la ex AFIP y Aduana. Esta medida cautelar, solicitada por los gremios AEFIP y SUPARA, garantiza la estabilidad laboral de los empleados de estos organismos.

La sentencia, emitida el 14 de enero, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que vulnere la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos de trabajo. El juez Gabriel de Vedia argumentó que la medida precautoria de no innovar es necesaria para evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores.

Este fallo llega en medio de un contexto político y social complejo, con la reestructuración de la ex AFIP y Aduana en curso. De los 20.000 trabajadores que había al inicio de la gestión de Javier Milei, ya se fueron 1.500 el año pasado y se espera que otros 1.500 se vayan en el marco de un nuevo retiro voluntario.

La decisión de la Justicia Laboral plantea interrogantes sobre el futuro de la reestructuración y los despidos anunciados. ¿Cómo reaccionará el Gobierno ante este fallo? ¿Qué implicaciones tendrá esta medida cautelar en la relación entre el Estado y los trabajadores? La respuesta a estas preguntas solo la dará el tiempo.

En un contexto económico cada vez más adverso, los datos publicados por el INDEC revelan una realidad alarmante: en diciembre de 2024, una familia tipo necesitó $1.024.435 para no ser considerada pobre. Esta cifra es un recordatorio contundente de la presión constante que sufren los trabajadores y trabajadoras argentinos.

La suba de la canasta básica en diciembre fue del 2,3%, ligeramente por debajo de la inflación mensual del 2,7%. Sin embargo, el aumento acumulado en el año llegó al 106,6%, lo que refleja el impacto sostenido sobre los hogares argentinos. La inflación, que cerró el año con un récord del 117,8%, ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, quienes ven cómo su calidad de vida se deteriora.

La situación es aún más crítica cuando se considera que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, esencial para las familias trabajadoras, aumentó un 2,2% en diciembre. Esto ha llevado a que los trabajadores deban hacer malabares para llegar a fin de mes, y ha generado un desafío inmediato para los hogares más vulnerables.

La pobreza y la indigencia, en cifras alarmantes, continúan subiendo, poniendo en jaque a millones de familias. Los números son devastadores; detrás de cada porcentaje hay personas que no pueden pagar el alquiler o llenar la heladera. Es hora de que el Gobierno tome medidas urgentes para revertir esta situación y proteger a los más vulnerables.