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El gobierno de Javier Milei está llevando a cabo un drástico plan de ajuste estatal, conocido como «Motosierra 2.0», que busca reducir el gasto público en un 30% y eliminar organismos clave como la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Este plan, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también contempla despidos masivos y la fusión de organismos.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran la reducción del personal en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un 38%, lo que implica entre 1700 y 1800 bajas este año. Además, se planea eliminar unos 2000 contratos en el Ministerio de Capital Humano, que ya sufrió recortes importantes en 2024.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado el ajuste y declaró el estado de alerta, advirtiendo sobre la creciente conflictividad social que podría desencadenarse por esta política de ajuste. Mientras tanto, el gobierno busca acelerar los recortes antes de que comience la campaña legislativa.

Es importante destacar que este efecto de ajustar ha generado un creciente rechazo de los sectores sindicales y sociales, y ha dejado más de 200 áreas eliminadas y miles de trabajadores en la calle. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto más podrá soportar el tejido social antes de que estalle el conflicto?.

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La CGT anuncia un nuevo paro general antes del 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general antes del 10 de abril, formalizando así un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. La medida, que será oficializada el 20 de marzo en la reunión del Consejo Directivo Nacional de la central obrera, representa la tercera huelga de alcance nacional desde la asunción del presidente libertario.

Este anuncio, realizado por Héctor Daer en el Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no solo ratifica el rechazo del sindicalismo a las políticas de ajuste y desregulación del Ejecutivo, sino que también refuerza la unidad gremial en un contexto de creciente tensión social.

El trasfondo del conflicto

El sindicalismo argentino atraviesa una de sus mayores disputas con el poder político en los últimos años. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la CGT ha demostrado su oposición a las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el mercado laboral y la eliminación de regulaciones que afectan a los trabajadores.

El primer paro general, realizado el 24 de enero de 2024, fue un claro mensaje de resistencia en las primeras semanas del nuevo mandato. Luego, el 9 de mayo del mismo año, una segunda huelga dejó en evidencia que el distanciamiento entre ambas partes se mantenía firme. Aunque en los meses siguientes se abrieron instancias de negociación, las discrepancias nunca se resolvieron y el conflicto volvió a escalar.

El anuncio de esta tercera medida de fuerza confirma que el sindicalismo no ha encontrado en el gobierno un interlocutor dispuesto a ceder. La CGT, que reúne a los principales gremios del país, cuenta con el respaldo de figuras clave como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Cristian Jerónimo y Pablo Flores. Esta confluencia de liderazgos dentro del movimiento obrero otorga al paro una dimensión aún más significativa.

El impacto de la medida y el desafío para el Gobierno

Más allá de la propia protesta, la convocatoria al paro representa un desafío político para Milei. Desde su llegada al poder, el presidente ha apostado por una estrategia de confrontación con los sindicatos, a los que acusa de ser parte de la “casta” que obstaculiza el cambio en el país. Sin embargo, el respaldo masivo a la huelga podría poner en jaque esa narrativa y evidenciar el creciente descontento en amplios sectores de la sociedad.

El nivel de adhesión que logre la medida será un termómetro clave para evaluar el clima político y social en Argentina. Si la protesta alcanza una gran magnitud, el Ejecutivo podría verse obligado a replantear su estrategia y abrir canales de negociación con los gremios. Por el contrario, si el impacto es limitado, el gobierno podría interpretar esto como una señal de debilitamiento del sindicalismo y continuar con su programa de reformas sin grandes modificaciones.

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La Asociación de Reporteros Gráficos Exige la Renuncia de Patricia Bullrich

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) emitió un comunicado en el que exige la «renuncia indeclinable» de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, después de que el fotógrafo Pablo Grillo resultara gravemente herido en la manifestación a favor de los jubilados en el Congreso de la Nación.

El incidente ocurrió cuando Grillo, de 34 años, estaba capturando imágenes de la protesta. Un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un policía impactó en su cabeza, dejándolo inconsciente en el acto. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, mostrando cómo el agente le apunta y dispara.

La ARGRA denunció que la represión policial fue «desproporcionada y violenta» y que los reporteros gráficos fueron «blanco de ataques» por parte de las fuerzas de seguridad. La asociación pidió al presidente argentino Javier Milei que aparte a su ministra del cargo y la ponga a disposición de la justicia.

En este sentido, la entidad también recordó que había denunciado previamente la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra reporteros gráficos y que no se habían tomado medidas adecuadas para evitar tales situaciones.

En caso de que el presidente Milei no actúe, la ARGRA advirtió que considerará al gobierno cómplice de los delitos cometidos por la ministra de Seguridad.

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La CGT Condena la Represión en el Congreso y Anuncia Medidas contra Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional, repudiando la «salvaje represión» policial en el Congreso durante la movilización en defensa de los jubilados. En este sentido, la central sindical anunció que evaluará «medidas de acción en repudio de la represión» en una reunión de Consejo Directivo el 20 de marzo.

La CGT expresó su «enérgico repudio y profunda indignación» por la represión policial, que consideró «violentá, insensata e ilegal». La central sindical acusó al Gobierno de utilizar «millonarios recursos del Estado argentino» para reprimir la manifestación en Plaza Congreso.

Asimismo, la organización sindical criticó la actitud de la ministra Patricia Bullrich, quien según la CGT, utilizó la represión como «complemento indispensable y necesario» para ejecutar un plan económico de entrega del patrimonio público y empobrecimiento social de las mayorías.

La CGT se suma así a la creciente ola de críticas y repudios contra el Gobierno nacional por su manejo de la crisis económica y social, considerando que es fundamental defender los derechos de los trabajadores y los jubilados, y que es necesario impulsar un cambio en la política económica y social del país.

En este contexto, la CGT anunció que realizará una serie de medidas de protesta y movilización en los próximos días, incluyendo una marcha nacional en defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados.

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