
La inflación oficial: un dibujo que no refleja la realidad
Más de 36 sindicatos de la CGT y la CTA denuncian que los números del IPC no coinciden con el impacto en los bolsillos de los trabajadores y exigen una actualización de la metodología de medición.
La inflación oficial es un punto que ha despertado una gran polémica en los últimos meses. Los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han sido cuestionados por diferentes actores de la política y la economía. Ahora, 36 sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se suman a la crítica, denunciando que los números oficiales no reflejan la realidad.
Según los gremios, el 2,2% de inflación en enero y su acumulado anual difundido por el gobierno nacional tienen un desfasaje cercano al 15% respecto de los salarios reales. Esto significa que la inflación oficial no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontan los trabajadores todos los meses.
La declaración gremial asegura que los números de la inflación del gobierno nacional, «no refleja lo que afrontamos mes a mes» y que «los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos». Por ello, los gremios exigen una actualización de la metodología de medición del IPC, ya que «hace muchos años que no se realiza una modificación integral».
También sostuvieron que ese “método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50 por ciento en los últimos años”, e indica que esa pérdida apenas fue mitigada por las paritarias. Los sindicatos aseguran que la contracara del índice de inflación oficial mensual e interanual es que “la mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, que en la actualidad es de 297 mil pesos y que es menos de un tercio de lo que una familia tipo necesita para no ser pobre.
Para cubrir los gastos mínimos que a finales de 2024 necesita una familia para vivir, un trabajador “debía percibir un ingreso bruto mínimo de 1.900.000 pesos mensuales”, puntualizó el comunicado que, además, calificó de “dibujo” a los números oficiales.
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El Gobierno convocó al Consejo del Salario en víspera de la movilización sindical

El Gobierno adelantó la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para este martes 29 de abril, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Se espera que se discuta un aumento que permita recortar la pérdida contra la inflación, que acumuló una suba del 8,6% en los primeros tres meses del año.
La reunión virtual, que estaba prevista para las 12:30 horas, se adelantó para las 10 horas, y contará con la participación de representantes de los gremios, empresarios y el propio Estado. El objetivo es avanzar en la determinación del Salario Mínimo y de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
El salario mínimo actual es de $296.832 para los trabajadores mensualizados y $1.484 por hora para los empleados jornalizados. En los primeros tres meses del año, el salario mínimo aumentó 3,53%, mientras que la variación de precios acumuló una suba del 8,6%.0
La actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) tiene un impacto significativo en la economía, ya que actúa como parámetro para la fijación del sueldo mínimo, el piso de los haberes jubilatorios, el valor del seguro por desempleo, y el cálculo de las Asignaciones y del impuesto a las Ganancias.
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La CONADU llama a una nueva Marcha Federal Universitaria en mayo

La CONADU, una de las federaciones que representa a los docentes universitarios, anunció que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria para mayo en defensa del salario y el financiamiento de las universidades nacionales.
El secretario de Organización de la CONADU, Federico Montero, aseguró que el sistema universitario argentino ha empeorado significativamente debido a la falta de financiamiento y la imposición de aumentos salariales insuficientes por parte del gobierno. Montero destacó que la decisión del gobierno de prorrogar las partidas vigentes para el año 2025 sin presentar un presupuesto específico para las universidades es un claro ejemplo de la falta de compromiso con la educación superior.
La situación se volvió aún más crítica con la suspensión de las paritarias y la imposición de aumentos salariales que no alcanzan para cubrir la inflación. Montero planteó la necesidad de la movilización en las calles y también de una representación política que esté a la altura del desafío. En ese sentido, adelantó que se están preparando iniciativas para reinstalar la discusión sobre el financiamiento universitario y para proponer una nueva Marcha Federal Universitaria en mayo.
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Sturzenegger prepara un ajuste masivo en el Estado con cierres y despidos

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que en los próximos días se presentará el «Proyecto Digesto», una iniciativa que busca reducir drásticamente el tamaño del Estado a través de la eliminación de organismos y despidos masivos.
El plan, impulsado por el presidente Javier Milei, tiene como objetivo «desregular» y «simplificar» el Estado, eliminando leyes, resoluciones y decretos considerados obsoletos. Según Sturzenegger, la revisión de los aproximadamente 700 mil decretos existentes será manual en su mayoría, ya que solo 70 mil están digitalizados.
El ministro sostuvo que esta «limpieza» permitirá «liberar» empleados que actualmente desempeñan tareas administrativas consideradas innecesarias, especialmente en organismos descentralizados que, según su visión, «duplican funciones».
La medida tiene como objetivo ajustar el gasto público a través de despidos y eliminación de estructuras. Aunque Sturzenegger garantizó que algunas entidades como la ANMAT no serán disueltas, sí planteó la necesidad de reducir drásticamente los trámites y procedimientos internos. «La mitad de los trámites no se sabe para qué son», justificó, en un discurso que combina la crítica a la burocracia con la intención de recortar personal.
El «Proyecto Digesto» tiene como objetivo principal transformar el Estado argentino a través de la reducción de su tamaño y la eliminación de estructuras consideradas innecesarias. Sin embargo, la medida también plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en la calidad de los servicios públicos y en la estabilidad laboral de los empleados estatales.
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