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Más de 36 sindicatos de la CGT y la CTA denuncian que los números del IPC no coinciden con el impacto en los bolsillos de los trabajadores y exigen una actualización de la metodología de medición.

La inflación oficial es un punto que ha despertado una gran polémica en los últimos meses. Los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han sido cuestionados por diferentes actores de la política y la economía. Ahora, 36 sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se suman a la crítica, denunciando que los números oficiales no reflejan la realidad.

Según los gremios, el 2,2% de inflación en enero y su acumulado anual difundido por el gobierno nacional tienen un desfasaje cercano al 15% respecto de los salarios reales. Esto significa que la inflación oficial no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontan los trabajadores todos los meses.

La declaración gremial asegura que los números de la inflación del gobierno nacional, «no refleja lo que afrontamos mes a mes» y que «los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos». Por ello, los gremios exigen una actualización de la metodología de medición del IPC, ya que «hace muchos años que no se realiza una modificación integral».

También sostuvieron que ese “método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50 por ciento en los últimos años”, e indica que esa pérdida apenas fue mitigada por las paritarias. Los sindicatos aseguran que la contracara del índice de inflación oficial mensual e interanual es que “la mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, que en la actualidad es de 297 mil pesos y que es menos de un tercio de lo que una familia tipo necesita para no ser pobre.

Para cubrir los gastos mínimos que a finales de 2024 necesita una familia para vivir, un trabajador “debía percibir un ingreso bruto mínimo de 1.900.000 pesos mensuales”, puntualizó el comunicado que, además, calificó de “dibujo” a los números oficiales.

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¡CONFIRMADO! Paro nacional docente el 24 de Febrero y 5 de Marzo

Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron dos días de paro nacional, el 24 de febrero y el 5 de marzo, en respuesta a la falta de convocatoria del gobierno de Javier Milei a la paritaria nacional docente. Esta medida afectará el inicio del ciclo lectivo 2025 y ha sido definida por las conducciones de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Reclamos y Demandas

Los gremios docentes reclaman la convocatoria a la paritaria nacional para definir el nuevo piso salarial del sector, así como la restitución del fondo de incentivo docente (FONID). También critican la gestión ineficiente del gobierno y la falta de inversión en la educación.

Sergio Romero, titular de la UDA y secretario de educación de la CGT, habló de una crisis salarial en el sector, donde el sueldo mínimo «queda sepultado en 420 mil pesos desde agosto del año pasado», dejando a muchos docentes «por debajo de la línea de indigencia».

En tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se reunirá para definir un plan de acción en respuesta a la situación.

Los paros se concretarán este lunes 24 de febrero y el miércoles 5 de marzo; las dos fechas previstas para el inicio del ciclo lectivo en los niveles inicial, primario y secundario.

Según un relevamiento efectuado por UDA, el ranking de los salarios mínimos docentes en el mes de enero pasado en todo el país es el siguiente: Catamarca, $420.000; Santiago del Estero, $450.000; La Rioja, $450.000; Misiones, $521.904; Formosa, $540.000; Salta, $540.672; Chubut, $544.808; provincia de Buenos Aires, $553.075; Entre Ríos, $563.000; Mendoza, $570.000; Chaco, $592.000; San Luis, $623.546; Jujuy, $625.000; Corrientes, $635.000; Santa Fe, $633.137; CABA, $673.000; Córdoba, $755.000; Tierra del Fuego, $804.338; Santa Cruz, $840.000, y Río Negro $931.186.

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Marcelo Trujillo y la realidad de los trabajadores de las telecomunicaciones en San Juan

En una entrevista con Marcelo Trujillo, titular del Sindicato de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones (Soeesit) de San Juan, se abordaron los desafíos actuales del sector, particularmente en relación con la recomposición salarial, las negociaciones paritarias y los cambios en la industria de las telecomunicaciones.

Paritarias y la pérdida del poder adquisitivo

Trujillo destacó la dificultad de alcanzar acuerdos salariales que realmente compensen la inflación. Explicó que las paritarias se ajustan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero este indicador oficial no siempre refleja la realidad del costo de vida. En consecuencia, los aumentos salariales suelen ubicarse por debajo de la inflación real, lo que genera una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

A lo largo del último año, según el dirigente sindical, los empleados de telecomunicaciones han perdido entre 35 y 40 % de su capacidad de compra, cobrando aproximadamente un 60 % menos en términos reales. Esta situación se debe a la creciente brecha entre la inflación y los aumentos salariales otorgados.

Para mitigar este impacto, el sindicato ha intentado negociar sumas fijas adicionales, aunque estas no forman parte del acuerdo general de paritarias. Si bien estas sumas ayudan a mejorar temporalmente los ingresos de los trabajadores, no solucionan el problema de fondo: la constante pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que sigue en alza.

La venta de Telefónica y el riesgo del fondo compensador

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la noticia de que Telefónica de Argentina está en venta. Este posible cambio de propietario podría tener un fuerte impacto en la estructura del mercado y en las condiciones laborales de los trabajadores. Trujillo subrayó que el sector de telecomunicaciones está dominado por multinacionales como Claro, Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, y cualquier modificación en estos actores podría alterar las negociaciones sindicales.

Otro aspecto crítico es la situación del fondo compensador, un mecanismo clave para mejorar las jubilaciones del sector. Actualmente, las principales empresas de telecomunicaciones han presentado una medida cautelar para reducir su aporte a este fondo. De prosperar esta solicitud, el sistema previsional de los trabajadores del sector se vería gravemente afectado, alejando aún más la posibilidad de alcanzar el 82 % móvil en las jubilaciones, una lucha histórica del sindicalismo argentino.

El dirigente advirtió que la resolución de este conflicto dependerá no solo de la negociación con las empresas, sino también de la actitud de los jueces y funcionarios que intervengan en la causa.

Perspectivas y estrategias sindicales

Ante un panorama de altos niveles de inflación y políticas restrictivas en materia de homologación de aumentos salariales, Trujillo enfatizó la necesidad de que los gremios reevalúen sus estrategias de lucha. Enfatizó que cada sector deberá adaptar sus mecanismos de protesta, considerando el avance de la tecnología y la automatización, que pueden limitar la efectividad de medidas tradicionales como los paros.

El líder sindical concluyó que el 2025 será un año de fuertes conflictos laborales, donde la resistencia y la organización gremial serán fundamentales para evitar una mayor precarización de los trabajadores.

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Crisis en Vialidad Nacional: vaciamiento, recortes de personal y pérdida de autonomía

La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta una crisis sin precedentes a raíz de los anuncios del gobierno nacional que implican una profunda reestructuración del organismo. Carlos Ordóñez, titular de Vialidad Nacional en San Juan, manifestó su gran preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el empleo, la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura del país.

Recortes de Personal y Pérdida de Autonomía

Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación del carácter autárquico de Vialidad Nacional, lo que significaría que la entidad dejaría de manejar su propio presupuesto y pasaría a depender directamente del gobierno central. Esta modificación restringiría drásticamente la capacidad operativa del organismo, ya que su financiamiento quedaría supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin la posibilidad de administrar de manera independiente los recursos destinados a la conservación de rutas y caminos.

Además, se prevé una reducción del 30 % del personal, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en todo el país. Esta drástica disminución del plantel afectaría la operatividad de Vialidad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino también la capacidad del organismo para garantizar el mantenimiento y la seguridad en las rutas nacionales y provinciales.

Fondos Desviados y Falta de Inversión en Infraestructura

Carlos Ordóñez desestimó el argumento oficial de que los recortes responden a la falta de financiamiento. En este sentido, recordó que existe un impuesto específico sobre los combustibles líquidos, cuyo destino es precisamente el mantenimiento y desarrollo de las rutas del país. Sin embargo, denunció que en 2023 se recaudaron 300.000 millones de pesos por este concepto, pero esos fondos no fueron dirigidos a la infraestructura vial, lo que ha profundizado el deterioro de las rutas y caminos.

El impacto de esta falta de inversión no solo se refleja en el desgaste acelerado de la red vial, sino también en el incremento de costos para el sector del transporte. Las malas condiciones de las rutas provocan daños recurrentes en vehículos de carga y particulares, generando gastos adicionales en reparación de neumáticos, suspensión y otros componentes esenciales. A largo plazo, este deterioro se traduce en un encarecimiento del transporte de bienes y servicios, afectando directamente a la economía de los ciudadanos.

Otro aspecto crítico señalado por el dirigente es el aumento de la siniestralidad vial. La falta de mantenimiento y la presencia de rutas en condiciones deficientes han incrementado el número de accidentes de tránsito en todo el país, con consecuencias fatales en muchos casos. Según Ordóñez, esta realidad no es solo una cuestión de infraestructura, sino de seguridad pública, ya que el estado de las rutas impacta directamente en la vida de quienes las transitan a diario.

Negociaciones y el Rechazo del Sector

El descontento entre los trabajadores de Vialidad Nacional y los gremios del transporte es evidente. En una reciente reunión entre el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, y representantes sindicales, se confirmó la inminente publicación del decreto de reestructuración. A pesar de las advertencias sobre los efectos negativos de estas medidas, el gobierno nacional mantiene firme su postura de avanzar con los cambios, lo que ha generado una fuerte resistencia dentro del sector.

Los sindicatos han comenzado a evaluar medidas de protesta y estrategias para visibilizar el impacto de estas decisiones. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en estado de alerta ante la incertidumbre sobre sus empleos y el futuro de la institución.

El Escándalo Escándalo cripto y las Críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Ordóñez también se refirió a la polémica en torno al revuelo $Libra, remarcando que fue un escándalo que ha alcanzado al Ejecutivo nacional. En sus declaraciones, criticó la postura del presidente Javier Milei, quien intentó desligarse del caso argumentando que se trata de un asunto privado. Según Ordóñez, un presidente no puede desentenderse de estos temas, ya que su responsabilidad es permanente y no está limitada a horarios de oficina.

En un tono irónico, el dirigente comparó el caso con la construcción de una “pirámide fraudulenta”, haciendo alusión al esquema financiero bajo sospecha. Esta controversia ha generado aún más incertidumbre sobre la gestión del gobierno y ha puesto en duda su capacidad para garantizar la transparencia en la administración de fondos públicos.

Defensa de la Labor de Vialidad Nacional y la Importancia del Trabajo en las Rutas

Ordóñez enfatizó la importancia del trabajo que realizan los empleados de Vialidad Nacional, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde muchas veces su labor pasa desapercibida. Destacó la dedicación de los trabajadores, quienes, a pesar de contar con escasos recursos y maquinaria en mal estado, han garantizado la conectividad en momentos críticos, como las intensas lluvias que afectaron recientemente a la provincia de San Juan.

En este contexto, se están impulsando campañas de concientización para informar a la ciudadanía sobre la relevancia de Vialidad Nacional y el impacto que tendrán los recortes en la calidad y seguridad de la infraestructura vial.

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