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La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un acuerdo salarial del 4,3% para el período enero-marzo, en tres tramos del 1,8%, 1,5% y 1%, más dos sumas fijas no remunerativas de $20.000.

El pacto establece un incremento del 1,8% para enero sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre, seguido de aumentos acumulativos del 1,5% en febrero y 1% en marzo. Además, se otorgarán dos sumas no remunerativas de $20.000 en febrero y marzo.

La Unión Obrera de la Construcción se suma a otros gremios que han pactado aumentos salariales moderados, como Camioneros, la UOM y Gastronómicos. Esta tendencia se alinea con la pauta del Ministerio de Economía de acompañar la inflación a la baja.

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Aumento salarial insuficiente para empleados públicos

El Poder Ejecutivo oficializó un nuevo aumento salarial para los empleados públicos, mediante el Decreto 112/2025. Sin embargo, este acuerdo generó críticas y decepción entre los sindicatos y los trabajadores quienes consideran que el monto del aumento es insuficiente para compensar la inflación proyectada y la pérdida del poder adquisitivo.

El suba del 1,5% desde enero de 2025 y del 1,2% desde febrero de 2025 es claramente insuficiente para cubrir la inflación proyectada para este año. Según las proyecciones del Banco Central, la inflación podría alcanzar el 50% en 2025, lo que significa que el aumento salarial sería absorbido rápidamente por la inflación.

La pérdida del poder adquisitivo

Además, el aumento de salarios no compensa la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los empleados públicos en los últimos años. La inflación ha erosionado el valor de los salarios, lo que ha llevado a una disminución significativa del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

En este contexto, es necesario que el gobierno implemente una política más justa y equitativa. Esto implica no solo equiparar los sueldos, sino también garantizar que los aumentos sean suficientes para cubrir la inflación y la pérdida del poder de compra.

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Presentan proyecto para anular la transformación del Banco Nación en sociedad anónima

En un movimiento que busca proteger la función social del Banco Nación, los diputados nacionales Sergio Palazzo y Carlos Cisneros presentaron un proyecto de ley para derogar el Decreto 116/2025 del gobierno de Javier Milei.

En la iniciativa legislativa presentada ante el Congreso Nacional, Palazzo y Cisneros buscan declarar la nulidad de todos los actos realizados en la entidad a partir de la publicación del Decreto y garantizar que el Banco Nación continúe siendo una institución propiedad del Estado Nacional.

La función social del Banco Nación

Los diputados argumentan que la transformación en sociedad anónima debilitaría el rol del Banco Nación como motor de la economía y herramienta de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Además, destacan la importancia del Banco Nación en la inclusión financiera, el acceso al crédito y el desarrollo económico del país.

La voluntad histórica del Congreso Nacional

El proyecto destaca la voluntad histórica del Congreso Nacional de proteger al Banco Nación de los procesos de privatización, recordando la Ley 25.108 que lo excluyó expresamente de la privatización durante la década del 90′.

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La CGT y las CTA se pronuncian en contra de la privatización del Banco Nación

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) se unieron para repudiar el intento del gobierno de Javier Milei de transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima. Esta medida ha generado una gran preocupación entre los trabajadores y la sociedad en general, ya que se considera un paso hacia la privatización de la entidad.

La CGT, en un comunicado oficial, manifestó su solidaridad y acompañamiento a la Asociación Bancaria y a los trabajadores del Banco Nación. «Defender el Banco Nación es defender la Nación», se titula el documento. Además, las CTA se expresaron en el mismo sentido, calificando al presidente Milei de «estafador» y denunciando que la medida se toma en un momento en que el gobierno es investigado por una supuesta estafa de criptomonedas.

La oposición a la privatización del Banco Nación se basa en la consideración de que la entidad es una empresa pública estatal rentable tanto en términos financieros como en su función social. Además, se argumenta que la medida se toma sin considerar la voluntad de los trabajadores y la sociedad en general.

La CGT y las CTA aseguraron que respaldarán a los bancarios en cualquier determinación que tomen para defender la entidad. La situación sigue siendo tensa y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas acciones en contra de la privatización del Banco Nación.

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