Durante su intervención en el segmento «Mundo Laboral San Juan», Daniel Quiroga, representante de AMET, abordó con claridad y convicción la situación actual que atraviesa el sector educativo. Con una actitud positiva, a pesar de las adversidades, destacó que el compromiso y el trabajo constante se mantienen a pesar de las tensiones generadas por una medida de fuerza anunciada recientemente.

Quiroga explicó que la convocatoria al paro nacional, prevista desde hace tiempo, responde a la inacción del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Educación para establecer paritarias que fijen un salario mínimo digno para toda la docencia del país. Según sus palabras, la ausencia de un acuerdo que contemple las necesidades reales del gremio ha obligado a los docentes a asumir las consecuencias de políticas salariales deficientes, en un contexto marcado por una fuerte inflación y una depreciación considerable de la moneda.

El dirigente enfatizó que el sector educativo enfrenta una crisis salarial en la que los trabajadores terminan pagando los platos rotos, sufriendo el impacto de recortes y la falta de incrementos. En este escenario, AMET convoca a medidas de fuerza en dos fechas clave, el 24 de febrero y el 5 marzo, con el objetivo de unificar la movilización a nivel nacional y generar la presión necesaria para reabrir el diálogo. La incertidumbre sobre si el paro del 5 del mes entrante se realizará con movilización masiva o de forma parcial se definirá en función de los resultados de las próximas reuniones internas.

En cuanto a las negociaciones recientes con las autoridades del gobierno provincial, Quiroga denunció un estancamiento debido a la inflexibilidad gubernamental, lo que impidió alcanzar un acuerdo salarial que resultara convincente tanto para los afiliados como para la comunidad docente en general. Según sus declaraciones, la falta de flexibilidad y la renuencia al diálogo no solo agravan la crisis, sino que también amenazan con intensificar los problemas a largo plazo, afectando directamente la calidad de la educación y, en última instancia, perjudicando a los niños.

En síntesis, las palabras de Daniel Quiroga reflejan un escenario de tensión y desafío, en el que el sector educativo se ve obligado a recurrir a medidas de fuerza para lograr el reconocimiento y la mejora de sus condiciones laborales. La lucha por sueldos justo se presenta como un elemento crucial para garantizar no solo el bienestar de los docentes, sino también para asegurar una educación de calidad que beneficie a toda la sociedad. La expectativa es que, a través del diálogo y la movilización coordinada, se pueda alcanzar un acuerdo que responda a las necesidades de todos los involucrados y permita avanzar hacia un entorno laboral más equitativo y sostenible.

La decisión del Gobierno de desvincular a 500 empleados de la ex Secretaría de Hábitat y Vivienda es solo la punta del iceberg de una política de ajuste que está devastando al sector público y a los trabajadores estatales.

La política de recortes y despidos implementada por el Ejecutivo nacional es una clara muestra de su falta de compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. La desvinculación de 500 empleados de la ex Secretaría de Hábitat y Vivienda es solo la última en una serie de medidas que han dejado sin trabajo a miles de personas en el sector público.

La justificación del Gobierno para estos recortes es la necesidad de reducir el gasto público y promover la eficiencia en el sector estatal. Sin embargo, esta argumentación es débil y no se sostiene ante la realidad de los hechos. La verdad es que el Gobierno está llevando a cabo una política de ajuste que beneficia solo a los intereses de los grandes empresarios y financieros, mientras que los trabajadores estatales y los ciudadanos en general son los que pagan el precio.

La eliminación de programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia es un ejemplo claro de cómo el Gobierno está abandonando su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los ciudadanos. La desvinculación de empleados públicos es solo la consecuencia lógica de esta política de abandono y desinterés.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de ajuste del Estado, cerrando definitivamente la planta de Fabricaciones Militares en el departamento de Jáchal, San Juan. La fábrica, que había cesado sus actividades en junio de 2024, despidió a unos 80 trabajadores y remató todos sus bienes, incluyendo una planta completa de producción de Sipolex.

La planta de Jáchal tenía como objetivo principal distribuir explosivos para la minería local y proveer a la región Cuyo y el NOA. Sin embargo, estos planes nunca se concretaron y la fábrica solo abastecía a la mina de Gualcamayo.

El cierre del complejo industrial militar de Jáchal se enmarca en la política de ajuste del Estado impulsada por el Gobierno nacional, que busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sector estatal. Sin embargo, esta medida generó preocupación entre los trabajadores y las comunidades locales, que temen por el impacto económico y social del cierre de la fábrica.

Se rumorea que las instalaciones de Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires) podrían correr con la misma suerte, lo que generaría un impacto aún mayor en el sector.

En cuanto a la subasta de los bienes de la fábrica, se realizó de manera online a fines de enero, y se vendieron vehículos, mobiliario, contenedores y la planta completa de producción de Sipolex. Solo quedó personal de seguridad para cuidar las instalaciones.