El primer año del gobierno de Javier Milei ha dejado un saldo negativo en el mercado laboral . Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Centro CEPA), durante este período se perdieron 242.896 puestos de trabajo en blanco, lo que representa una caída del 3,67% en las empresas de más de 500 trabajadores y del 1,32% en las empresas de hasta 500 trabajadores.

En términos absolutos, el sector más afectado fue la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una disminución de 99.612 trabajadores entre noviembre 2023 y noviembre 2024. La construcción también se vio severamente impactada, con una caída del 16,4% en el total de trabajadores durante el mismo período.

Además, el informe destaca que 12.638 empresas cerraron durante el primer año de gobierno de Milei, lo que representa una pérdida significativa de empleadores. El sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 2.564 empleadores.

Estos datos reflejan un profundo retroceso en las principales variables del mundo del trabajo en Argentina durante el primer año de gobierno de Milei. La situación laboral sigue siendo un desafío importante para el país, y es fundamental abordarla de manera efectiva para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico.

Los gremios docentes enrolados en la CGT suspendieron el paro previsto para el próximo 5 de marzo, tras un acercamiento con el gobierno nacional. Sin embargo, la CTERA decidió movilizarse el 13 de marzo.

La decisión fue informada mediante un comunicado conjunto de AMET, CEA, SADOP y UDA.

Según la notificación, «en las últimas horas se dio un acercamiento entre el Gobierno Nacional y las entidades sindicales docentes», lo que permitió avanzar en la negociación. Los gremios señalaron que «estos encuentros obligan a las partes a pactar de buena fe» y que «la negociación colectiva es garantía de paz social».

Sin embargo, la CTERA decidió no suspender el paro y movilizarse el 13 de marzo. su titular, Sonia Alesso, había calificado la propuesta del gobierno de subir el salario mínimo docente a 500 mil pesos como «inaceptable».

El gobierno, por su parte, manifestó que «el mínimo ofertado por las provincias, a través del órgano de representación que es el Consejo Federal de Educación, para un docente de media jornada (4 horas) fue de 500 mil pesos desde febrero». Sin embargo, la CTERA cuestionó la propuesta, señalando que el Ejecutivo nacional no había discutido temas como el presupuesto educativo, las condiciones laborales y la infraestructura escolar.

En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, expuso la difícil situación que enfrenta el gremio debido a la postergación en la homologación del acuerdo paritario. Desde Buenos Aires, donde participa en reuniones del consejo directivo, explicó los obstáculos burocráticos que han trabado el proceso y el impacto que esto tiene en los trabajadores del sector.

Retrasos Inesperados y un Procedimiento Reiniciado

El acuerdo paritario fue firmado el 13 de enero y, de acuerdo con la normativa vigente, su homologación debía concretarse automáticamente tras los 30 días hábiles. Sin embargo, cuando el plazo estaba por cumplirse, la Secretaría de Trabajo impugnó la validez del convenio, argumentando la falta de una firma de un representante empresarial.

Este hecho resulta inusual, explica Solazzo, ya que en otras ocasiones se han convalidado acuerdos sin necesidad de unanimidad en las firmas. Como consecuencia, el proceso debe reiniciarse desde cero: redactar nuevamente el documento, recolectar las firmas necesarias y esperar otro mes para la homologación. Esta demora no solo genera incertidumbre, sino que también afecta a los trabajadores, dado que muchas empresas han decidido posponer el pago del aumento hasta que el convenio tenga respaldo oficial.

Aumentos Pactados y Barreras Administrativas

Para facilitar la aprobación del acuerdo, la UOM aceptó que los incrementos salariales se ajustaran a los lineamientos oficiales basados en el Índice de Precios al consumidor (IPC). La actualización acordada contempla:

5,5% en noviembre, correspondiente a una deuda previa.

2% en diciembre.

1,8% en enero.

1,5% en febrero y un porcentaje similar en marzo.

1% en marzo

A pesar de esta flexibilidad por parte del gremio, la Secretaría de Trabajo sigue sin avalar el convenio, lo que refuerza la sospecha de una estrategia deliberada para retrasar su implementación.

Consecuencias para Empresas y Trabajadores

La falta de homologación no solo afecta a los empleados, que ven postergados sus aumentos, sino también a las empresas, que eventualmente deberán pagar los montos retroactivos, complicando su planificación financiera. Este escenario se da en un contexto económico desafiante, con restricciones impuestas por el Ministerio de Economía a los aumentos salariales superiores al 2%, lo que suma más incertidumbre a la negociación.

Desde la UOM, el reclamo es claro: evitar la espera innecesaria de otro mes y lograr la validación inmediata del acuerdo. Mientras tanto, los trabajadores siguen expectantes, esperando que se respeten los compromisos firmados y se garantice el cumplimiento de sus derechos concluyó Solazzo.

El Desafío del Sindicalismo en un Contexto de Regulación Creciente

Este conflicto refleja las crecientes dificultades que enfrentan los gremios en la negociación de paritarias en un entorno de mayor intervención estatal. Con una economía inestable y regulaciones que limitan los incrementos salariales, el sindicalismo se encuentra ante el desafío de defender los ingresos de cada trabajador sin que los compromisos sean demorados por trabas administrativas.

La UOM mantiene su postura firme y continuará impulsando gestiones para destrabar la situación. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el tiempo corre en contra de los trabajadores, que siguen esperando respuestas concretas mientras sus salarios pierden poder adquisitivo.