Milei impone su voluntad y nombra por decreto a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema

El presidente Javier Milei designó a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema por decreto, en una decisión que ha causado alarmas sobre la independencia del poder judicial.

La designación por decreto es un procedimiento que ha sido utilizado en el pasado, pero en este caso, generó mucha preocupación sobre la falta de transparencia y la ausencia de debate en el Congreso. La oposición ha cuestionado la legitimidad de la decisión, argumentando que se trata de un abuso de poder y una violación del procedimiento establecido por la Constitución.

La independencia del poder judicial es un principio fundamental en cualquier democracia, y la designación por decreto de Lijo y García Mansilla ha causado dudas sobre la capacidad del gobierno para respetar esa independencia. La Corte Suprema es el máximo tribunal del país, y su independencia es esencial para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley.

La oposición ha calificado de «inconstitucional» la medida, y anticipó que trabajará para rechazar el decreto presidencial. Lo cierto es que la crisis puede desembocar en un conflicto de poderes no sólo porque los pliegos pueden ser llevados al recinto para ser rechazados sino porque hay dudas sobre si las designaciones en comisión se mantienen ante una eventual negativa del Congreso.