El primer año del gobierno de Javier Milei ha dejado un saldo negativo en el mercado laboral . Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Centro CEPA), durante este período se perdieron 242.896 puestos de trabajo en blanco, lo que representa una caída del 3,67% en las empresas de más de 500 trabajadores y del 1,32% en las empresas de hasta 500 trabajadores.

En términos absolutos, el sector más afectado fue la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una disminución de 99.612 trabajadores entre noviembre 2023 y noviembre 2024. La construcción también se vio severamente impactada, con una caída del 16,4% en el total de trabajadores durante el mismo período.

Además, el informe destaca que 12.638 empresas cerraron durante el primer año de gobierno de Milei, lo que representa una pérdida significativa de empleadores. El sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 2.564 empleadores.

Estos datos reflejan un profundo retroceso en las principales variables del mundo del trabajo en Argentina durante el primer año de gobierno de Milei. La situación laboral sigue siendo un desafío importante para el país, y es fundamental abordarla de manera efectiva para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico.

Los gremios docentes enrolados en la CGT suspendieron el paro previsto para el próximo 5 de marzo, tras un acercamiento con el gobierno nacional. Sin embargo, la CTERA decidió movilizarse el 13 de marzo.

La decisión fue informada mediante un comunicado conjunto de AMET, CEA, SADOP y UDA.

Según la notificación, «en las últimas horas se dio un acercamiento entre el Gobierno Nacional y las entidades sindicales docentes», lo que permitió avanzar en la negociación. Los gremios señalaron que «estos encuentros obligan a las partes a pactar de buena fe» y que «la negociación colectiva es garantía de paz social».

Sin embargo, la CTERA decidió no suspender el paro y movilizarse el 13 de marzo. su titular, Sonia Alesso, había calificado la propuesta del gobierno de subir el salario mínimo docente a 500 mil pesos como «inaceptable».

El gobierno, por su parte, manifestó que «el mínimo ofertado por las provincias, a través del órgano de representación que es el Consejo Federal de Educación, para un docente de media jornada (4 horas) fue de 500 mil pesos desde febrero». Sin embargo, la CTERA cuestionó la propuesta, señalando que el Ejecutivo nacional no había discutido temas como el presupuesto educativo, las condiciones laborales y la infraestructura escolar.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la implementación de medidas de fuerza debido a la falta de pago de incrementos salariales acordados. En diálogo con Marcelo Maldonado, representante del gremio en San juan, explicó en detalle la situación que afecta a los trabajadores del transporte en el interior del país y la postura del sindicato frente a este conflicto.

Un acuerdo firmado pero no cumplido

La problemática se remonta a octubre del año pasado, cuando se estableció un acuerdo salarial para los trabajadores del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Posteriormente, se iniciaron negociaciones con las cámaras empresariales del interior del país con el objetivo de replicar los mismos términos. Sin embargo, estas discusiones se extendieron mucho más de lo previsto y recién el 9 de enero de este año se logró firmar un convenio similar.

El acuerdo establecía que los choferes recibirían los aumentos correspondientes a noviembre, diciembre y enero, con un esquema de pago escalonado:

Diferencias de noviembre: a pagar en febrero,

Diferencias de diciembre: a pagar en marzo.

Diferencias de enero: a pagar en abril.

Desde febrero: aplicación del nuevo salario.

No obstante, a pesar del compromiso firmado, la cámara empresaria argumentó dificultades financieras para afrontar estos pagos. Según Maldonado, los empresarios están condicionando el cumplimiento del acuerdo a la obtención de subsidios, compensaciones tarifarias o ajustes en las tarifas del transporte.

Paciencia agotada y medidas inminentes

El dirigente gremial subrayó que la UTA agotó todas las instancias de diálogo en los últimos meses. A pesar de haber sido pacientes y haber concedido un margen de tiempo razonable para que se cumplan los compromisos, la negativa de la patronal a pagar las diferencias salariales llevó al gremio a tomar medidas de fuerza.

De acuerdo con lo anunciado, si para el viernes no se abona la diferencia salarial de noviembre, se dará inicio a un plan de lucha con una retención de tareas en el horario nocturno. Durante los días sábado, domingo, lunes y martes, los trabajadores iniciarán sus actividades a partir de las 7:00 a.m. y guardarán las unidades a las 20:00 h.

Esta decisión busca minimizar el impacto en los usuarios, quienes, al igual que los trabajadores, no tienen responsabilidad en este conflicto pero terminan siendo los más afectados. Sin embargo, Maldonado enfatizó que, de no haber una solución antes del miércoles, se evaluarán medidas más drásticas para el jueves, con un posible endurecimiento del plan de lucha.

Marcelo Maldonado expresó su indignación ante la postura de la cámara empresaria, que firmó el acuerdo en enero y ahora pretende desconocerlo. Según sus palabras, resulta inaceptable que los trabajadores del transporte continúen con los mismos sueldos desde julio del año pasado, cuando la inflación y el costo de vida han aumentado drásticamente.

Finalmente, el representante de la UTA confirmó que están abiertos a mantener las reuniones que sean necesarias para destrabar el conflicto, pero advirtió que el gremio no cederá en su reclamo por el respeto a los acuerdos firmados y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector.