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En diálogo con Mundo Laboral, Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por la grave situación salarial de los docentes universitarios y la reducción del presupuesto destinado a las universidades nacionales. Frente a la falta de convocatoria a paritarias y el recorte en las partidas presupuestarias, se han confirmado medidas de fuerza para marzo, incluyendo paros y movilizaciones en todo el país.

Barcelona denunció que el gobierno continúa sin convocar a paritarias y que los incrementos salariales otorgados por decreto son insuficientes. Según detalló, los aumentos fueron del 1,5 % en enero y 1,2 % en febrero, cifras muy por debajo de la inflación. Como resultado, los docentes han sufrido una pérdida del 60 % del poder adquisitivo, lo que agrava aún más la crisis económica del sector.

Además, el gobierno no reconoció la inflación de enero y apenas consideró la de diciembre del año pasado, lo que ha llevado a que los aumentos salariales se encuentren constantemente por debajo del índice inflacionario.

Recorte Presupuestario y Falta de Debate en el Congreso

Otro de los puntos críticos es la reducción del presupuesto universitario. Jaime Barcelona explicó que el gobierno continúa operando con recursos prorrogado de 2023, sin someter un nuevo debate presupuestal al Congreso. Según el dirigente, esto genera una administración arbitraria de los fondos, afectando no solo los salarios, sino también el funcionamiento de las universidades.

Barcelona calificó esta actitud como autoritaria, ya que impide un debate abierto sobre las necesidades reales del sistema universitario y permite que el Ejecutivo asigne recursos discrecionalmente, sin considerar los requerimientos específicos de cada institución.

Medidas de Fuerza Confirmadas para Marzo

Ante este panorama, los gremios universitarios han decidido tomar medidas concretas durante el mes de marzo:

5 de marzo: Paro con movilización junto a UDA y otros sindicatos en la provincia.

17 y 18 de marzo: Paro nacional convocado por el Frente Nacional de los Universitarios, con la participación de todas las federaciones docentes y no docentes del país.

Barcelona advirtió que, debido a esta situación, el inicio del cuatrimestre está en riesgo, ya que los docentes enfrentan las mismas dificultades que el año pasado sin soluciones a la vista.

La falta de actualización salarial y el recorte del financiamiento han puesto a las universidades en una situación crítica. Con una pérdida del poder adquisitivo superior al 60 % y sin recursos suficientes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, los gremios universitarios han decidido intensificar su reclamo con paros y movilizaciones a nivel nacional. La incertidumbre sobre el futuro del sector sigue creciendo, mientras docentes y trabajadores exigen una respuesta concreta del gobierno.

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SATSAID y empresas del cable sellan aumento salarial del 3,78%

La negociación paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo 223/75 llegó a un principio de acuerdo entre el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la cámara empresaria del cable. Este acuerdo pone fin a un prolongado conflicto gremial y otorga un suba salarial del 3,78% para el bimestre enero-febrero.

El acuerdo alcanzado entre las partes establece un incremento salarial del 2,3% para enero y del 1,45% para febrero. Este aumento impactará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a diciembre 2024. Además, se acordó que las empresas realizarán una retención equivalente al 50% del artículo 123 del CCT 223/75, que se compensará a los trabajadores con una gratificación extraordinaria equivalente a dicha retención.

La negociación fue llevada adelante durante varias semanas entre los paritarios del SATSAID y las autoridades de la Asociación TIC, Video & Conectividad (ATVC). El acuerdo alcanzado será sometido a discusión en asamblea de personal en todas las empresas del sector TIC, Video & Conectividad.

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Poder adquisitivo en caída libre

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestiona las mediciones del Gobierno sobre la inflación y asegura que los trabajadores registrados perdieron en promedio $1.400.000 desde la asunción de Javier Milei.

El año 2024 ha sido particularmente difícil para los asalariados estables en el país. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el poder adquisitivo de estos trabajadores se desplomó un 13,3% en comparación con el año anterior. Esto se traduce en una pérdida promedio de $1.400.000 desde la asunción de Javier Milei.

El economista Hernán Letcher, responsable del CEPA junto a la diputada nacional Julia Strada, aseguró que los salarios medidos por RIPTE perdieron poder adquisitivo en diciembre pasado, ya que aumentaron solo un 2,0% en términos nominales frente a una inflación del 2,7%. Esto significa que los salarios aún no han alcanzado el nivel de noviembre de 2023, cuando finalizó la anterior gestión.

Letcher también cuestionó la forma en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide la inflación, asegurando que la canasta utilizada «no representa la estructura de gasto de los hogares». Si se tomase la canasta 2017/8, los salarios aún se ubicarían un 9,9% por debajo de noviembre de 2023.

La situación es preocupante, ya que los empleados registrados han visto cómo su poder adquisitivo se reduce significativamente en un contexto de alta inflación. Es fundamental que el Gobierno reconsidere sus políticas económicas y busque soluciones para proteger el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores formales.

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Aumento salarial por encima de la pauta oficial para fuerzas de seguridad federales

En una movida estratégica, el Gobierno Nacional otorgó un aumento salarial del 5% a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales, evitando así una escalada de conflictos en el sector. Esta medida, que supera la pauta salarial oficial, beneficiará al personal de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

La decisión, adoptada a través del ministerio de Seguridad Nacional liderado por Patricia Bullrich, busca promover el bienestar y la profesionalización de los uniformados. Según la resolución 176/25 publicada en el Boletín Oficial, el aumento se implementará a partir de marzo y se traducirá en un incremento en los haberes básicos equivalente al 5% por encima de la pauta salarial.

En este sentido, la Gendarmería Nacional verá actualizados los importes correspondientes a «Funciones de Prevención Barrial» y «Recargo de Servicio», mientras que el personal de la Prefectura Naval recibirá ajustes en la compensación por «Recargo de Servicio». La Policía Federal, por su parte, experimentará incrementos en los haberes mensuales, el suplemento por «Zona» y el valor del Servicio de Policía Adicional.

Un aspecto destacado de esta medida es la equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal con las demás fuerzas nacionales. Se detectaron «diferencias arbitrarias en los haberes de este personal», lo que motivó la necesidad de implementar ajustes para garantizar un trato igualitario.

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