La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.
La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.
El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.
A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.
En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.
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Las CTA Convocan a una Nueva Marcha en Unidad con los Jubilados
En medio de la creciente tensión social y política en el país, las centrales obreras CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores repudiaron la represión policial y convocaron a una nueva marcha en unidad con los jubilados para el próximo miércoles 19 de marzo.
La conferencia de prensa encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy fue un claro llamado a la acción y la resistencia en contra de la política represiva del gobierno nacional. La represión policial del miércoles anterior, que dejó heridos a varios manifestantes, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, fue calificada como «brutal e inhumana» por Yasky.
Las CTA exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reiteraron el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei ante el Congreso. Además, anunciaron que presentaron una denuncia ante la OIT por la inconstitucionalidad de las medidas de Milei.
La movilización del próximo miércoles 19 de marzo busca sumar voluntades para marchar al Congreso y exigir que las cámaras de Diputados y Senadores rechacen el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se reclama la investigación de la responsabilidad de Milei y sus funcionarios en la criptoestafa $LIBRA.
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La inflación tuvo un leve repunte y fue de 2,4% en febrero
La inflación de febrero registró un leve repunte con respecto a enero, alcanzando un 2,4% y un 66,9% interanual, según el Indec. Sin embargo, este dato no debe ser tomado a la ligera, ya que refleja la persistencia de una inflación alta y descontrolada que sigue afectando la economía y la vida de los argentinos.
La división de mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,7%, debido a subas en alquileres y gastos conexos, así como en electricidad, gas y otros combustibles. Esto es particularmente preocupante, ya que estos servicios son esenciales para la vida cotidiana y su aumento afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la economía y tomar medidas efectivas para controlar los aumentos. La persistencia de la inflación alta es un reflejo de la falta de política económica efectiva y de la incapacidad del gobierno para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población.
Consecuencias Sociales
La inflación alta tiene consecuencias sociales graves, como la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la calidad de vida y la aumento de la pobreza. Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar estas consecuencias y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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La Justicia Frena la Privatización del Banco Nación
La decisión judicial del juez federal Alejo Ramos Padilla de suspender el decreto que convertía al Banco Nación en Sociedad Anónima, ha generado un freno a la privatización de la entidad bancaria de alcance nacional. El fallo responde a una presentación colectiva de los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima.
La medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.
El Banco Nación cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.
La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.
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