La inflación de febrero registró un leve repunte con respecto a enero, alcanzando un 2,4% y un 66,9% interanual, según el Indec. Sin embargo, este dato no debe ser tomado a la ligera, ya que refleja la persistencia de una inflación alta y descontrolada que sigue afectando la economía y la vida de los argentinos.

La división de mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,7%, debido a subas en alquileres y gastos conexos, así como en electricidad, gas y otros combustibles. Esto es particularmente preocupante, ya que estos servicios son esenciales para la vida cotidiana y su aumento afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la economía y tomar medidas efectivas para controlar los aumentos. La persistencia de la inflación alta es un reflejo de la falta de política económica efectiva y de la incapacidad del gobierno para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población.

Consecuencias Sociales

La inflación alta tiene consecuencias sociales graves, como la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la calidad de vida y la aumento de la pobreza. Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar estas consecuencias y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los gremios universitarios ratifican un paro nacional de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, exigiendo mejoras salariales y rechazando la represión a los jubilados.

En una situción compleja entre el gobierno nacional y los gremios universitarios, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó un paro nacional de 48 horas para el próximo 17 y 18 de marzo. La medida de fuerza busca denunciar los aumentos salariales unilaterales y el ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei.

Los gremios señalaron que los aumentos otorgados de manera unilateral no lograron recuperar la inflación de enero y febrero, lo que ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios. Además, denunciaron la falta de presupuesto universitario y la «completa arbitrariedad» del gobierno en el manejo de los fondos públicos.

La dirigencia gremial universitaria advirtió que el sistema educativo enfrenta un escenario crítico ante la falta de presupuesto y la represión policial. «Acá está en juego la república», expresó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

El paro nacional cuenta con el apoyo de todos los gremios docentes y nodocentes del país, incluyendo la CONADU, CONADU-Histórica, FAGDUT y FATUN. La medida de fuerza se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias y políticas, y se presenta como una respuesta contundente frente al ajuste económico y la represión policial.

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales sigue latente en la provincia de San Juan y en todo el país. En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Collado brindó detalles sobre la situación que atraviesan los empleados del sector y las medidas de fuerza que se han dispuesto para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde diciembre de 2023, los judiciales nacionales no han recibido una recomposición salarial, lo que ha generado una significativa pérdida del poder adquisitivo. Según Collado, los trabajadores han visto reducida su capacidad de compra en un 25 % durante 2024, lo que ha impactado no solo en su calidad de vida sino también en el consumo general de la población. Frente a este escenario, el gremio ha decidido intensificar sus reclamos con una serie de manifestaciones y protestas.

Medidas de fuerza en todo el país

Las acciones gremiales han sido constantes durante la última semana. Todo comenzó con la participación en la marcha del Día de la Mujer, continuó con un acompañamiento a los jubilados en distintas ciudades y un banderazo en Buenos Aires. La medida más contundente está prevista para el viernes, con un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Collado destacó la importancia de garantizar guardias mínimas para atender situaciones urgentes, considerando que detrás de los trámites judiciales hay personas que dependen de la resolución de sus causas. “Entendemos que trabajamos con justicia y que detrás de los papeles hay personas. Siempre se establecen guardias mínimas para evitar perjuicios mayores a la población”, explicó.

Preocupación por la situación de los jubilados

Otro de los puntos que preocupa al gremio es la situación de los jubilados, quienes, según Collado, atraviesan una crisis profunda debido a los bajos haberes y las recientes modificaciones en el sistema previsional. “Es muy penoso que un trabajador, luego de años de esfuerzo, pase a cobrar apenas el 47 % de su sueldo. Es inaceptable que un compañero que se jubila de un día para el otro no pueda sostener su calidad de vida”, expresó.

El referente gremial también cuestionó la suspensión de las moratorias previsionales, argumentando que muchas personas han trabajado en la informalidad por falta de oportunidades y no por elección propia. “No se trata de vagancia, sino de la realidad laboral del país. No todos han tenido la posibilidad de acceder a un empleo en blanco, y ahora se les niega la oportunidad de jubilarse dignamente”, agregó.

Un gremio con trayectoria y coherencia

Collado resaltó la coherencia del gremio a lo largo del tiempo y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. “Hace mucho tiempo que venimos peleando por salarios dignos y mejores condiciones laborales. Nuestro sindicato siempre ha mantenido una postura firme en la lucha por los derechos de los judiciales, y esta no será la excepción”, concluyó.

El conflicto sigue en pie y, con el paro nacional en el horizonte, el sector judicial refuerza su postura en busca de una solución concreta. Mientras tanto, la incertidumbre y la preocupación siguen creciendo entre los trabajadores y jubilados, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora en un contexto económico cada vez más difícil.