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La decisión judicial del juez federal Alejo Ramos Padilla de suspender el decreto que convertía al Banco Nación en Sociedad Anónima, ha generado un freno a la privatización de la entidad bancaria de alcance nacional. El fallo responde a una presentación colectiva de los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima.

La medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.

El Banco Nación cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.

La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.

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El Futuro de Vialidad Nacional en Juego: ¿Qué Implicaciones Tiene su Eliminación?

El Gobierno de Javier Milei prepara un decreto para eliminar Vialidad Nacional y otros organismos, poniendo en riesgo unos 10.000 empleos. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida y qué futuro les espera a los trabajadores afectados?

La noticia de la posible eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial provocó un gran impacto. Estos organismos, que cuentan con un total de alrededor de 10.000 empleados, son fundamentales para la infraestructura vial y la seguridad vial del país.

Vialidad Nacional, con 5304 empleados, es el organismo encargado de la construcción y mantenimiento de rutas y autopistas en todo el territorio nacional. Corredores Viales, con 3622 empleados, se encarga de la administración y mantenimiento de los corredores viales del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 717 empleados, es la encargada de implementar políticas y programas para mejorar la seguridad vial en Argentina.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la administración de Javier Milei está preparando un decreto para modificar los organigramas de estos organismos y fusionarlos en una sola agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

La eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha generado un gran malestar entre los trabajadores de los organismos afectados, que temen por su futuro laboral y además puede tener graves consecuencias para la infraestructura vial y la seguridad vial del país. Es importante que el Gobierno sea transparente y busque alternativas que minimicen el impacto negativo en los trabajadores y la sociedad en general.

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Los Nodocentes Universitarios se Movilizan por Salarios Dignos y una Universidad Pública de Calidad

La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante un paro nacional en demanda de mejoras salariales y presupuesto para la educación universitaria, en un contexto de desfinanciamiento y deterioro salarial.

La FATUN, liderada por Walter Merkis, convocó a un paro nacional de 48 horas en todo el país, en el marco de las acciones impulsadas por el Frente Sindical universitario. La medida busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector, con salarios en caída, falta de convocatoria a paritarias y desfinanciamiento que pone en riesgo la educación, la investigación y las becas estudiantiles.

Los gremios de nodocentes califican de «insuficientes» los recientes aumentos otorgados por el Gobierno, con subas del 1,5% en enero y 1,2% en febrero. Además, reiteran el pedido de llamado a paritarias, en un contexto en el que el deterioro salarial supera el 70% desde la asunción de Javier Milei a la presidencia.

La FATUN advierte que «sin presupuesto, sin paritarias y sin respuestas por parte del Gobierno Nacional, la educación pública está en peligro». En este sentido, los gremios de nodocentes, junto a los trabajadores docentes de universidades, se sumarán el próximo miércoles a la marcha de los jubilados al Congreso, tras los violentos sucesos de la semana pasada.

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El consumo masivo en caída libre: 15 meses consecutivos de derrumbe

El consumo masivo sigue transitando una pendiente descendente sin frenos. Según el último informe de la consultora Scentia, en febrero las ventas en supermercados y autoservicios se desplomaron un 9,8%, consolidando un ciclo de 15 meses consecutivos de retroceso. La recesión afecta con particular intensidad a los rubros de bebidas, higiene y limpieza, exponiendo el deterioro de la capacidad de compra de los hogares argentinos.

La crisis del consumo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un escenario macroeconómico marcado por la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo. Los números de Scentia reflejan con crudeza la magnitud del problema: las bebidas sin alcohol lideran la caída con un desplome del 18,8%, seguidas de cerca por las alcohólicas, con un retroceso del 16,2%. Los productos de compra impulsiva registraron una contracción del 10,5%, mientras que los artículos de limpieza y los de higiene personal descendieron un 9,7% y un 8%, respectivamente.

El golpe se siente con especial crudeza en los grandes canales de venta. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo en supermercados se redujo un 8,3%, mientras que en el resto del país la caída alcanzó el 4,9%. La contracción no distingue regiones ni segmentos sociales: la merma en la demanda es un síntoma transversal que responde al deterioro generalizado del ingreso disponible.

El costo de la vida, una barrera cada vez más alta

Uno de los principales factores que explican esta caída ininterrumpida es el constante encarecimiento de los productos básicos. La consultora Scentia pone el foco en el impacto de la inflación sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza. En febrero, la CBA experimentó un incremento del 3,2%, el más alto desde septiembre de 2023, mientras que la CBT subió un 2,3%.

En términos concretos, una familia tipo necesitó en febrero $1.057.923 para no ser considerada pobre, y $468.108 para no caer en la indigencia. Estas cifras evidencian que la inflación no solo erosiona la capacidad de compra, sino que empuja a amplios sectores de la sociedad a una situación de vulnerabilidad extrema.

El dilema del gobierno: estabilizar precios o sostener el consumo

Frente a este panorama, la administración de Javier Milei enfrenta un dilema complejo. Su estrategia de ajuste fiscal y reducción del gasto público ha permitido una desaceleración parcial de la inflación en algunos sectores, pero a costa de una profunda contracción del consumo interno. Sin políticas de estímulo que amortigüen el impacto de la caída de la demanda, el riesgo de una recesión prolongada se vuelve cada vez más tangible.

El gobierno apuesta a un reordenamiento macroeconómico que genere estabilidad en el mediano plazo, confiando en que la baja de la inflación eventualmente permitirá una recuperación del consumo. Sin embargo, el deterioro de los ingresos y la persistente suba de precios sugieren que la reactivación tardará en llegar, dejando a una porción significativa de la población en una situación de creciente fragilidad.

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