La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo paro general para el martes 8 de abril, marcando así la tercera medida de fuerza de esta magnitud desde la asunción de Javier Milei. La protesta, que aún no tiene confirmada una movilización al Congreso o a la Casa Rosada, se inscribe en un contexto de creciente confrontación entre el sindicalismo y el gobierno nacional. Mientras el oficialismo desestima la convocatoria y la presenta como un intento de desgaste político, la central obrera advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales y la profundización de la crisis económica.

El anuncio del paro llega en un momento de alta conflictividad social. En las últimas semanas, distintos sectores han expresado su malestar a través de protestas, huelgas y manifestaciones. Desde los docentes universitarios, que llevarán adelante un cese de actividades el 17 y 18 de marzo, hasta la emblemática movilización del 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia, el calendario de reclamos se presenta cargado.

A este escenario se suma el descontento de los jubilados, quienes han sido reprimidos en recientes protestas por mejoras en sus haberes. La CGT, en un comunicado emitido tras estos hechos, denunció la «criminalización de la protesta social» y reafirmó su compromiso con la defensa del derecho a manifestarse.

El desafío de la unidad sindical

Si bien la decisión de avanzar con la huelga contó con el respaldo mayoritario del consejo directivo de la CGT, las tensiones internas no han desaparecido. El ala más dialoguista del sindicalismo había intentado evitar la medida, buscando canales de negociación con el gobierno. Sin embargo, la represión a manifestantes y el endurecimiento del discurso oficialista inclinaron la balanza a favor de la confrontación.

El nivel de adhesión que logre la medida dependerá, en gran parte, de la participación de los gremios del transporte, cuyo papel ha sido históricamente determinante en el éxito de los paros generales. Hasta el momento, ni la CATT (alineada con Hugo Moyano) ni la UGATT han confirmado su participación, lo que podría debilitar el impacto de la protesta.

Una pulseada con múltiples actores

Más allá del enfrentamiento entre la CGT y el gobierno, la situación actual revela un reacomodamiento del tablero político y sindical. Mientras Milei apuesta a desgastar a las organizaciones gremiales y presentarlas como un obstáculo para su agenda de reformas, el peronismo busca capitalizar el malestar social para reorganizarse de cara a futuras contiendas electorales.

La disputa, lejos de circunscribirse a una mera cuestión laboral, refleja una tensión más profunda sobre el modelo de país en disputa. La administración libertaria promueve un ajuste drástico, argumentando la necesidad de corregir los desequilibrios económicos heredados. Del otro lado, los sindicatos denuncian una embestida contra los derechos adquiridos y alertan sobre el impacto de estas políticas en los sectores más vulnerables.

El paro general del 8 de abril no será solo una huelga más en la historia del sindicalismo argentino, sino un nuevo capítulo en la feroz disputa por el rumbo del país. La creciente polarización política y social anticipa que esta confrontación está lejos de resolverse.

La pregunta que se impone es hasta qué punto el gobierno podrá sostener su estrategia de confrontación sin abrir canales de diálogo. Por ahora, la administración Milei parece apostar al desgaste del sindicalismo. Sin embargo, la persistencia de la crisis económica y el descontento social podrían transformar el actual conflicto en una crisis de gobernabilidad de dimensiones imprevisibles.

La Comisión Intermedia del sindicato de televisión SATSAID impulsa la regularización laboral de los trabajadores de canales de streaming, un sector en constante crecimiento que plantea nuevos desafíos en materia laboral.

En la actualidad, el sector del streaming se encuentra en una fase de expansión acelerada, lo que plantea nuevos desafíos en materia laboral. La proliferación de plataformas ha generado una demanda creciente de contenido audiovisual, lo que ha llevado a la creación de nuevos empleos en el sector. Sin embargo, esta Extensión también ha planteado desafíos en materia laboral, ya que muchos de estos trabajadores no cuentan con la protección de un contrato laboral formal.

Magalí Rodríguez, delegada de la Comisión Intermedia, ha destacado la importancia de adaptar los marcos laborales existentes para abordar las necesidades específicas de este sector, con el objetivo de promover la formalización laboral y la garantía de derechos para los trabajadores. «Nuestro tarea es asegurar que los trabajadores del streaming gocen de las mismas protecciones y beneficios que otros sectores», señaló Rodríguez.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la falta de contratos laborales formales, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a beneficios sociales. «Es fundamental que se establezcan normativas claras y precisas para regular el sector del streaming y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores», afirmó Rodríguez.

En medio de la creciente tensión social y política en el país, las centrales obreras CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores repudiaron la represión policial y convocaron a una nueva marcha en unidad con los jubilados para el próximo miércoles 19 de marzo.

La conferencia de prensa encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy fue un claro llamado a la acción y la resistencia en contra de la política represiva del gobierno nacional. La represión policial del miércoles anterior, que dejó heridos a varios manifestantes, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, fue calificada como «brutal e inhumana» por Yasky.

Las CTA exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reiteraron el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei ante el Congreso. Además, anunciaron que presentaron una denuncia ante la OIT por la inconstitucionalidad de las medidas de Milei.

La movilización del próximo miércoles 19 de marzo busca sumar voluntades para marchar al Congreso y exigir que las cámaras de Diputados y Senadores rechacen el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se reclama la investigación de la responsabilidad de Milei y sus funcionarios en la criptoestafa $LIBRA.