El consumo masivo sigue transitando una pendiente descendente sin frenos. Según el último informe de la consultora Scentia, en febrero las ventas en supermercados y autoservicios se desplomaron un 9,8%, consolidando un ciclo de 15 meses consecutivos de retroceso. La recesión afecta con particular intensidad a los rubros de bebidas, higiene y limpieza, exponiendo el deterioro de la capacidad de compra de los hogares argentinos.

La crisis del consumo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un escenario macroeconómico marcado por la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo. Los números de Scentia reflejan con crudeza la magnitud del problema: las bebidas sin alcohol lideran la caída con un desplome del 18,8%, seguidas de cerca por las alcohólicas, con un retroceso del 16,2%. Los productos de compra impulsiva registraron una contracción del 10,5%, mientras que los artículos de limpieza y los de higiene personal descendieron un 9,7% y un 8%, respectivamente.

El golpe se siente con especial crudeza en los grandes canales de venta. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo en supermercados se redujo un 8,3%, mientras que en el resto del país la caída alcanzó el 4,9%. La contracción no distingue regiones ni segmentos sociales: la merma en la demanda es un síntoma transversal que responde al deterioro generalizado del ingreso disponible.

El costo de la vida, una barrera cada vez más alta

Uno de los principales factores que explican esta caída ininterrumpida es el constante encarecimiento de los productos básicos. La consultora Scentia pone el foco en el impacto de la inflación sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza. En febrero, la CBA experimentó un incremento del 3,2%, el más alto desde septiembre de 2023, mientras que la CBT subió un 2,3%.

En términos concretos, una familia tipo necesitó en febrero $1.057.923 para no ser considerada pobre, y $468.108 para no caer en la indigencia. Estas cifras evidencian que la inflación no solo erosiona la capacidad de compra, sino que empuja a amplios sectores de la sociedad a una situación de vulnerabilidad extrema.

El dilema del gobierno: estabilizar precios o sostener el consumo

Frente a este panorama, la administración de Javier Milei enfrenta un dilema complejo. Su estrategia de ajuste fiscal y reducción del gasto público ha permitido una desaceleración parcial de la inflación en algunos sectores, pero a costa de una profunda contracción del consumo interno. Sin políticas de estímulo que amortigüen el impacto de la caída de la demanda, el riesgo de una recesión prolongada se vuelve cada vez más tangible.

El gobierno apuesta a un reordenamiento macroeconómico que genere estabilidad en el mediano plazo, confiando en que la baja de la inflación eventualmente permitirá una recuperación del consumo. Sin embargo, el deterioro de los ingresos y la persistente suba de precios sugieren que la reactivación tardará en llegar, dejando a una porción significativa de la población en una situación de creciente fragilidad.

La Comisión Intermedia del sindicato de televisión SATSAID impulsa la regularización laboral de los trabajadores de canales de streaming, un sector en constante crecimiento que plantea nuevos desafíos en materia laboral.

En la actualidad, el sector del streaming se encuentra en una fase de expansión acelerada, lo que plantea nuevos desafíos en materia laboral. La proliferación de plataformas ha generado una demanda creciente de contenido audiovisual, lo que ha llevado a la creación de nuevos empleos en el sector. Sin embargo, esta Extensión también ha planteado desafíos en materia laboral, ya que muchos de estos trabajadores no cuentan con la protección de un contrato laboral formal.

Magalí Rodríguez, delegada de la Comisión Intermedia, ha destacado la importancia de adaptar los marcos laborales existentes para abordar las necesidades específicas de este sector, con el objetivo de promover la formalización laboral y la garantía de derechos para los trabajadores. «Nuestro tarea es asegurar que los trabajadores del streaming gocen de las mismas protecciones y beneficios que otros sectores», señaló Rodríguez.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la falta de contratos laborales formales, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a beneficios sociales. «Es fundamental que se establezcan normativas claras y precisas para regular el sector del streaming y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores», afirmó Rodríguez.

En medio de la creciente tensión social y política en el país, las centrales obreras CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores repudiaron la represión policial y convocaron a una nueva marcha en unidad con los jubilados para el próximo miércoles 19 de marzo.

La conferencia de prensa encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy fue un claro llamado a la acción y la resistencia en contra de la política represiva del gobierno nacional. La represión policial del miércoles anterior, que dejó heridos a varios manifestantes, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, fue calificada como «brutal e inhumana» por Yasky.

Las CTA exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reiteraron el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei ante el Congreso. Además, anunciaron que presentaron una denuncia ante la OIT por la inconstitucionalidad de las medidas de Milei.

La movilización del próximo miércoles 19 de marzo busca sumar voluntades para marchar al Congreso y exigir que las cámaras de Diputados y Senadores rechacen el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se reclama la investigación de la responsabilidad de Milei y sus funcionarios en la criptoestafa $LIBRA.