El Gobierno de Javier Milei prepara un decreto para eliminar Vialidad Nacional y otros organismos, poniendo en riesgo unos 10.000 empleos. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida y qué futuro les espera a los trabajadores afectados?

La noticia de la posible eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial provocó un gran impacto. Estos organismos, que cuentan con un total de alrededor de 10.000 empleados, son fundamentales para la infraestructura vial y la seguridad vial del país.

Vialidad Nacional, con 5304 empleados, es el organismo encargado de la construcción y mantenimiento de rutas y autopistas en todo el territorio nacional. Corredores Viales, con 3622 empleados, se encarga de la administración y mantenimiento de los corredores viales del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 717 empleados, es la encargada de implementar políticas y programas para mejorar la seguridad vial en Argentina.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la administración de Javier Milei está preparando un decreto para modificar los organigramas de estos organismos y fusionarlos en una sola agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

La eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha generado un gran malestar entre los trabajadores de los organismos afectados, que temen por su futuro laboral y además puede tener graves consecuencias para la infraestructura vial y la seguridad vial del país. Es importante que el Gobierno sea transparente y busque alternativas que minimicen el impacto negativo en los trabajadores y la sociedad en general.

La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante un paro nacional en demanda de mejoras salariales y presupuesto para la educación universitaria, en un contexto de desfinanciamiento y deterioro salarial.

La FATUN, liderada por Walter Merkis, convocó a un paro nacional de 48 horas en todo el país, en el marco de las acciones impulsadas por el Frente Sindical universitario. La medida busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector, con salarios en caída, falta de convocatoria a paritarias y desfinanciamiento que pone en riesgo la educación, la investigación y las becas estudiantiles.

Los gremios de nodocentes califican de «insuficientes» los recientes aumentos otorgados por el Gobierno, con subas del 1,5% en enero y 1,2% en febrero. Además, reiteran el pedido de llamado a paritarias, en un contexto en el que el deterioro salarial supera el 70% desde la asunción de Javier Milei a la presidencia.

La FATUN advierte que «sin presupuesto, sin paritarias y sin respuestas por parte del Gobierno Nacional, la educación pública está en peligro». En este sentido, los gremios de nodocentes, junto a los trabajadores docentes de universidades, se sumarán el próximo miércoles a la marcha de los jubilados al Congreso, tras los violentos sucesos de la semana pasada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo paro general para el martes 8 de abril, marcando así la tercera medida de fuerza de esta magnitud desde la asunción de Javier Milei. La protesta, que aún no tiene confirmada una movilización al Congreso o a la Casa Rosada, se inscribe en un contexto de creciente confrontación entre el sindicalismo y el gobierno nacional. Mientras el oficialismo desestima la convocatoria y la presenta como un intento de desgaste político, la central obrera advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales y la profundización de la crisis económica.

El anuncio del paro llega en un momento de alta conflictividad social. En las últimas semanas, distintos sectores han expresado su malestar a través de protestas, huelgas y manifestaciones. Desde los docentes universitarios, que llevarán adelante un cese de actividades el 17 y 18 de marzo, hasta la emblemática movilización del 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia, el calendario de reclamos se presenta cargado.

A este escenario se suma el descontento de los jubilados, quienes han sido reprimidos en recientes protestas por mejoras en sus haberes. La CGT, en un comunicado emitido tras estos hechos, denunció la «criminalización de la protesta social» y reafirmó su compromiso con la defensa del derecho a manifestarse.

El desafío de la unidad sindical

Si bien la decisión de avanzar con la huelga contó con el respaldo mayoritario del consejo directivo de la CGT, las tensiones internas no han desaparecido. El ala más dialoguista del sindicalismo había intentado evitar la medida, buscando canales de negociación con el gobierno. Sin embargo, la represión a manifestantes y el endurecimiento del discurso oficialista inclinaron la balanza a favor de la confrontación.

El nivel de adhesión que logre la medida dependerá, en gran parte, de la participación de los gremios del transporte, cuyo papel ha sido históricamente determinante en el éxito de los paros generales. Hasta el momento, ni la CATT (alineada con Hugo Moyano) ni la UGATT han confirmado su participación, lo que podría debilitar el impacto de la protesta.

Una pulseada con múltiples actores

Más allá del enfrentamiento entre la CGT y el gobierno, la situación actual revela un reacomodamiento del tablero político y sindical. Mientras Milei apuesta a desgastar a las organizaciones gremiales y presentarlas como un obstáculo para su agenda de reformas, el peronismo busca capitalizar el malestar social para reorganizarse de cara a futuras contiendas electorales.

La disputa, lejos de circunscribirse a una mera cuestión laboral, refleja una tensión más profunda sobre el modelo de país en disputa. La administración libertaria promueve un ajuste drástico, argumentando la necesidad de corregir los desequilibrios económicos heredados. Del otro lado, los sindicatos denuncian una embestida contra los derechos adquiridos y alertan sobre el impacto de estas políticas en los sectores más vulnerables.

El paro general del 8 de abril no será solo una huelga más en la historia del sindicalismo argentino, sino un nuevo capítulo en la feroz disputa por el rumbo del país. La creciente polarización política y social anticipa que esta confrontación está lejos de resolverse.

La pregunta que se impone es hasta qué punto el gobierno podrá sostener su estrategia de confrontación sin abrir canales de diálogo. Por ahora, la administración Milei parece apostar al desgaste del sindicalismo. Sin embargo, la persistencia de la crisis económica y el descontento social podrían transformar el actual conflicto en una crisis de gobernabilidad de dimensiones imprevisibles.