La Bancaria denuncia el nuevo pacto con el FMI y advierte sobre su inviabilidad

El intento del presidente Javier Milei de obtener el aval parlamentario para un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desatado una fuerte reacción en el ámbito sindical y político. El gremio de los trabajadores bancarios calificó la maniobra como «ilegal e impagable» y denunció que su implementación implicaría un grave perjuicio para la soberanía económica del país.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/2025), remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, plantea serias dudas sobre su legitimidad. La Constitución Nacional establece en su artículo 75, inciso 7, que el Congreso es el único órgano facultado para «arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación». En sintonía con este principio, la Ley 27.612 exige la aprobación legislativa de cualquier acuerdo financiero con el FMI. Sin embargo, el Gobierno intenta eludir este marco normativo mediante un decreto cuya legalidad es, cuando menos, cuestionable.

La estrategia de Milei se apoya en la pasividad o complicidad de sectores legislativos que podrían permitir la validez del DNU si solo una de las cámaras no lo rechaza. Este mecanismo, denunciado por La Bancaria, erosiona la división de poderes y facilita la consolidación de decisiones de trascendencia estructural sin el debido debate democrático.

Consecuencias económicas y sociales del nuevo endeudamiento

Más allá de la cuestión legal, el nuevo acuerdo con el FMI representa un eslabón más en la histórica cadena de sometimiento financiero del país. Según el sindicato, este «arreglo» no solo compromete la capacidad de pago de Argentina, sino que además podría incluir la cesión de activos estratégicos, entre ellos el Banco de la Nación Argentina, en un proceso de desguace del patrimonio estatal.

El impacto del endeudamiento no se limitaría a las finanzas públicas. La profundización de un modelo de ajuste extremo amenaza con una acelerada transferencia de recursos desde los sectores trabajadores y jubilados hacia las grandes corporaciones financieras, los formadores de precios y los intermediarios del sistema financiero internacional. Se trata de un esquema que, lejos de ofrecer soluciones estructurales, perpetúa la dependencia externa y restringe la capacidad del país para definir sus propias políticas económicas.

Un precedente de fraude y cogobierno externo

El antecedente inmediato de esta política se remonta a 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri suscribió un acuerdo con el FMI que resultó inviable y dejó a la Argentina en una situación de virtual default. En aquel momento, el organismo financiero concedió un préstamo sin garantías reales de pago, en lo que diversos especialistas y referentes políticos consideraron un acto de irresponsabilidad compartida entre las autoridades argentinas y los directivos del Fondo.

La Bancaria denuncia que la situación actual no es un «error», sino una estrategia deliberada que coloca al país bajo el control de las potencias que dominan el FMI. En este contexto, Argentina quedaría atada a compromisos que trascienden la actual administración y condicionan las decisiones de futuros gobiernos, limitando su margen de acción en un escenario global cada vez más hostil.

¿Es viable rechazar el pago de la deuda?

El sindicato bancario plantea la posibilidad de desconocer este nuevo endeudamiento, señalando que el acuerdo es «fraudulento» y que su cumplimiento derivaría en consecuencias devastadoras para la economía nacional. Si bien esta postura desafía el marco tradicional de negociación con los organismos multilaterales de crédito, no es una idea inédita: a lo largo de la historia, distintos países han optado por la reestructuración unilateral o el repudio de deudas contraídas en condiciones abusivas.

No obstante, un escenario de confrontación con el FMI podría traer aparejadas represalias económicas y financieras, dificultando aún más el acceso a mercados internacionales de crédito y acelerando la crisis cambiaria. La viabilidad de esta alternativa dependerá no solo de la voluntad política interna, sino también de la posibilidad de generar alianzas estratégicas con actores internacionales que puedan ofrecer respaldo en una negociación alternativa.