La tensión política crece ante el acuerdo con el FMI

Sergio Palazzo arremete contra los legisladores que avalen el pacto con el Fondo y la cesión de facultades extraordinarias a Javier Milei. El debate entre legalidad, pragmatismo y lealtad institucional.

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, lanzó una de las acusaciones más contundentes de la política: calificó de «infames traidores a la Patria» a aquellos legisladores que aprueben el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en paralelo, habiliten al Ejecutivo a negociar sin límites. La denuncia no es menor, ya que se apoya en el artículo 29 de la Constitución Nacional, una cláusula con una carga histórica y jurídica de extrema gravedad.

El trasfondo de esta acusación radica en la iniciativa del presidente Javier Milei de obtener un nuevo entendimiento con el organismo financiero internacional en condiciones aún desconocidas, lo que generó una ola de rechazo en la oposición y sectores sindicales. El decreto 179/2025, cuestionado por Palazzo y La Bancaria, habilita al mandatario a negociar sin que los términos sean sometidos al escrutinio legislativo, lo que, según sus detractores, supone una cesión inadmisible de atribuciones.

La utilización de la figura de «traición a la Patria» en el discurso político no es un recurso menor. La Constitución establece que quienes otorguen «la suma del poder público» al Ejecutivo incurren en un delito de gravedad extrema, con consecuencias jurídicas y políticas que podrían derivar en la nulidad absoluta de la medida y la responsabilidad penal de sus promotores. Sin embargo, la aplicación concreta de este precepto es motivo de controversia entre constitucionalistas, algunos de los cuales consideran que se trata de una interpretación demasiado rígida y no necesariamente aplicable en el contexto actual.

Desde el oficialismo, los defensores del acuerdo con el FMI argumentan que la delegación de facultades es un instrumento necesario para evitar el colapso financiero y recuperar la confianza de los mercados. En este marco, sostienen que la postura de Palazzo responde más a una estrategia de confrontación política que a una lectura objetiva del marco normativo.

El dilema central se sitúa en la tensión entre dos principios fundamentales: el respeto a la división de poderes y la necesidad de contar con herramientas para gestionar una crisis económica de magnitudes considerables. Para el gobierno de Milei, la delegación de facultades extraordinarias no representa una violación constitucional, sino un mecanismo pragmático para destrabar negociaciones en un contexto de urgencia.

El peso de la historia y la memoria política

Más allá del debate técnico-jurídico, las palabras de Palazzo resuenan en un país con un pasado marcado por cesiones de poder al Ejecutivo que derivaron en crisis institucionales. La historia argentina está atravesada por antecedentes en los que gobiernos de facto o administraciones debilitadas recurrieron a maniobras similares con resultados desastrosos para la democracia.

En este sentido, el llamado del dirigente sindical a recordar «los nombres» de quienes aprueben la medida busca instalar en la opinión pública una percepción de ilegitimidad sobre los legisladores que la avalen. El mensaje apunta a un electorado que aún recuerda los efectos de anteriores acuerdos con el FMI y las consecuencias sociales de sus condicionamientos.