La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.

Abril llega con una serie de aumentos en servicios esenciales y combustibles que impactarán directamente en los bolsillos de los argentinos. Los servicios de luz y gas, los combustibles, los alquileres y las prepagas serán algunos de los sectores más afectados por estos ajustes.

Los servicios de luz y gas experimentarán un aumento del 2%, según fuentes del sector energético. Esto se suma a los aumentos en los combustibles, que serán impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de los ajustes solicitados por las petroleras. Se estima que la suba estará por debajo del 2%.

Alquileres y prepagas también en alza

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la antigua ley tendrán una actualización del 116,85% en abril. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una desaceleración con respecto a marzo, cuando el incremento anual fue del 149,3%, y febrero, cuando alcanzó el 174%. Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en las cuotas, con aumentos que oscilarán entre el 1,75% y el 2,9%, dependiendo del tipo de afiliación.

Contexto de inflación creciente

Estos aumentos llegan en un contexto de inflación creciente. Mientras en febrero el índice de precios marcó un 2,4%, las proyecciones de consultoras privadas prevén que en marzo el IPC supere el 3%, acelerando la presión sobre el costo de vida. Es importante destacar que el salario mínimo, vital y móvil no tendrá aumentos en abril, lo que podría afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.

En una entrevista con Manuel Jiménes, Secretario General del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan, se abordaron diversos temas de interés para el sector, destacándose el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Casino, que se celebrará los días 22 y 23 de abril en la provincia.

Este evento reunirá a representantes de 13 provincias, con el objetivo de analizar la realidad del rubro y debatir sobre los desafíos actuales de los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y salarios insuficientes. Los sueldos son bajos y no se ajustan a la rentabilidad de la industria del juego”, subrayó Jiménez.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que, si bien en algunas provincias se aplican ajustes salariales en función del índice inflacionario, los esfuerzos siguen resultando insuficientes. “El mundo de los casinos siempre ha sido un negocio rentable, por lo que los sueldos deberían reflejar esa realidad”, sostuvo.

El Paro Nacional y la Lucha por Paritarias Libres

En este contexto de creciente malestar social, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril, con el objetivo de exigir una revisión de la política salarial y la reapertura de paritarias sin restricciones. Jiménez respaldó la medida y enfatizó la importancia de que el gobierno nacional escuche las demandas de los trabajadores.

“Si realmente hablamos de libertad, como plantea el discurso oficial, entonces los acuerdos salariales deberían ser negociados sin limitaciones entre empleadores y empleados”, argumentó. Además, confirmó la adhesión de la CGT San Juan a la medida de fuerza, señalando que más de 40 sindicatos clave manisfestaron su apoyo a la protesta.

Mayor Control y Auditorías en el Sector del Juego

Por otro lado, Manuel Jiménez se refirió a la solicitud del sindicato para que las empresas concesionarias del juego en San Juan sean sometidas a auditorías más rigurosas. En respuesta a esta demanda, la Caja de Acción Social comenzó a implementar controles más exhaustivos, particularmente en lo que respecta al canon que deben abonar las operadoras del sector, concluyó.

Con un clima de tensión creciente entre los trabajadores y el gobierno nacional, el paro del 10 de abril se perfila como una fuerte señal de protesta en defensa del salario y de mejores condiciones laborales. Entretanto, la industria del juego continúa en la mira, con reclamos por mayor transparencia y equidad en la distribución de sus ingresos.