En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.

El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.

A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.

Además del conflicto salarial, Solazo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.

Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.

Martín Solazo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.

Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nocional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.

El reciente anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre la implementación del boleto escolar gratuito ha generado un abanico de reacciones entre la comunidad educativa y la ciudadanía en general. La medida, que busca aliviar el gasto de transporte de estudiantes y docentes, responde a una promesa de campaña, pero su instrumentación y sustentabilidad financiera plantean interrogantes que aún no han sido despejados.

Durante su discurso de Apertura de Sesiones en la Cámara de Diputados, Orrego oficializó la iniciativa que permitirá que tanto alumnos como docentes accedan al transporte sin costo. En la misma línea, la ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó que la medida entrará en vigencia a partir del 14 de abril y precisó que se aplicará tanto a instituciones públicas como privadas.

La propuesta se sustenta en la idea de garantizar el derecho a la educación sin que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para la asistencia a clases. En este sentido, representa un avance en términos de equidad, permitiendo que sectores vulnerables no vean afectado su acceso a la escolarización por motivos económicos.

Para hacer efectivo el beneficio, se estableció que los estudiantes y docentes deberán contar con una credencial que los habilite a viajar sin abonar pasaje. Sin embargo, la medida no excluye a quienes no dispongan de esta identificación, ya que en el caso de niños de nivel inicial y primario bastará con que lleven su característico guardapolvo para acceder al servicio gratuito.

Más allá de los principios loables que la sustentan, la implementación efectiva del boleto gratuito despierta ciertos interrogantes. Uno de los puntos clave radica en la logística de distribución de las credenciales y en la fiscalización del uso adecuado del beneficio. Asimismo, el impacto financiero en las arcas provinciales no ha sido suficientemente detallado, lo que abre el debate sobre la viabilidad a largo plazo de la medida.

Si bien el anuncio del boleto gratuito ha sido recibido con entusiasmo por amplios sectores, no han faltado voces críticas que interpretan la decisión como una jugada política. La vinculación con una promesa de campaña sugiere que su implementación podría responder más a un compromiso electoral que a una estrategia integral de movilidad estudiantil.

Es válido preguntarse si esta política de transporte será acompañada de otras medidas complementarias que refuercen la calidad educativa y mejoren la infraestructura escolar. Sin un abordaje más amplio que contemple el fortalecimiento del sistema educativo en su totalidad, el boleto gratuito podría quedar como una medida aislada con un impacto limitado en la realidad estructural de la educación.

La gratuidad del boleto escolar representa, sin duda, un alivio para muchas familias y un avance en términos de inclusión educativa. No obstante, la falta de claridad en su implementación y financiamiento genera incertidumbre sobre su efectividad y sostenibilidad. En este contexto, será fundamental que el gobierno provincial brinde mayores precisiones y garantice que la medida no se convierta en una herramienta de marketing político, sino en una verdadera política de Estado que favorezca el acceso a la educación de manera equitativa y duradera.

La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.