La CGT confirmó paro general para el 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su tercer paro general contra la administración del presidente Javier Milei, fijado para el 10 de abril, acompañado de una movilización el día previo en respaldo a los jubilados. La medida de fuerza se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el movimiento sindical y el Ejecutivo, que rechaza la huelga y la califica de política. A su vez, la central obrera ratificó su participación en la marcha del 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia, en un claro posicionamiento frente a la coyuntura política y social del país.

En una reunión del Consejo Directivo de la CGT, encabezada por el Triunvirato conformado por Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), se selló la convocatoria a la protesta. Con la participación de representantes de sectores estratégicos como bancarios, aeronavegantes, docentes, judiciales y la industria manufacturera, el respaldo sindical quedó consolidado.

La huelga no solo responde a la coyuntura inmediata sino que es el reflejo de un malestar estructural con las políticas económicas del Gobierno, marcadas por un severo ajuste fiscal y una contracción del mercado interno. El propio Daer, en declaraciones recientes, reconoció que la medida tiene una carga política indiscutible, al tiempo que advirtió sobre la fragilidad del tejido productivo fuera del sector extractivo y de commodities. En su visión, el modelo económico vigente acelera una crisis cuyo impacto trasciende lo sindical y afecta a la sociedad en su conjunto.

El Gobierno cierra filas y rechaza la protesta

Desde la Casa Rosada, la respuesta fue inmediata. Manuel Adorni, vocero presidencial, minimizó la convocatoria y la atribuyó a intereses sectoriales, afirmando que «no hay nada que amerite un paro». La postura oficial se alinea con la estrategia de deslegitimación de los reclamos gremiales, en sintonía con la narrativa de «cambio de paradigma» que impulsa el Ejecutivo.

Sin embargo, los números y las señales económicas contradicen esa percepción. La caída del consumo, el desplome de la actividad industrial y el aumento de la conflictividad social sugieren un escenario más complejo de lo que el Gobierno pretende admitir. La luna de miel entre la sociedad y la administración libertaria parece haber llegado a su fin, especialmente tras la exposición del presidente en el Foro de Davos, donde delineó un rumbo que genera incertidumbre en los sectores productivos.

El paro del 10 de abril se proyecta como el más contundente de la gestión Milei, y su impacto dependerá de la adhesión de sectores estratégicos. La CGT, por su parte, buscará ampliar su base de apoyo a través de sus regionales, articulando con otras expresiones del sindicalismo y movimientos sociales.

En el horizonte, el interrogante no solo es si la huelga logrará modificar la postura del Gobierno, sino si marcará el inicio de una conflictividad creciente. La administración libertaria, por ahora, apuesta a la resistencia y al desgaste del movimiento obrero. No obstante, en un país donde el sindicalismo ha sido históricamente un actor clave en la disputa de poder, subestimar su capacidad de acción podría ser un error de cálculo.

La tensión entre la CGT y el Gobierno configura uno de los capítulos más relevantes del actual proceso político. El desenlace, aún incierto, dependerá de la dinámica económica y de la capacidad de ambas partes para sostener o modificar sus posiciones en un escenario de incertidumbre creciente.