El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.

La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.

Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.

La reacción de los líderes sindicales

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».

La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.

El precedente de Ronald Reagan

La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.

La reacción de los diputados demócratas

Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) anunció un nuevo aumento salarial para los trabajadores de las empresas Claro, Telecom y Movistar, que impactará sobre los salarios de marzo y abril.

La dirigencia sindical de la CONSITEL logró un acuerdo con las empresas del sector para una suba salarial que beneficiará a los trabajadores de las empresas Claro, Telecom y Movistar. El acuerdo establece un pago de una suma extraordinaria equivalente al 2,8% de las escalas conformadas en cada categoría de convenio vigentes a marzo de 2025.

Además, el pacto establece un incremento del 2,57% a partir de abril, sobre las escalas de marzo. Para el caso de los trabajadores de la actividad móvil, el aumento se aplicará en un 100% al salario básico, mientras que para los trabajadores de la actividad fija, se distribuirá en un 2,27% en un 60% al salario básico y el 40% restante al adicional especial.

La CONSITEL también informó que los incrementos sobre las escalas salariales también serán aplicables a los efectos del pago del día del trabajador telefónico del 2026. La dirigencia sindical continuará en los próximos días con las gestiones para lograr la recomposición salarial de los trabajadores de ARSAT.

Una investigación independiente realizada por expertos en pericia forense y la red «Mapa de la Policía» revela que el disparo que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante la represión policial en el Congreso fue intencional y no un accidente, como sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La investigación, liderada por los peritos Guillermo Pregliasco y Martín Onetto, ambos investigadores del CONICET, reconstruyó la escena del disparo utilizando imágenes y videos de testigos presenciales. Los resultados revelan que el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado de manera horizontal y a quemarropa, incumpliendo las recomendaciones internacionales y los protocolos de la fuerza policial.

La ministra Bullrich había defendido al policía que disparó, asegurando que había seguido el protocolo establecido. Sin embargo, la investigación independiente demuestra lo contrario. «Le tiraron a matar», sentencian los expertos.

La reconstrucción de los hechos también revela que el disparo provino de un policía ubicado a un costado de un camión hidrante. La investigación concluye que la responsabilidad del disparo no solo recae en el policía que lo realizó, sino también en los jefes policiales y especialmente en la ministra Bullrich.