Conflicto sindical en ascenso: Marchas, paros y la resistencia al ajuste

Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.