El paro de la UTA en el AMBA fue suspendido tras la conciliación obligatoria del Gobierno

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días en el marco del conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida obligó al gremio a suspender el paro de colectivos previsto para este viernes 28 de marzo, evitando así un colapso en el sistema de transporte que afectaría a millones de pasajeros. Sin embargo, la decisión gubernamental no resuelve el problema de fondo y expone un conflicto estructural que se agrava con el tiempo.

Un conflicto sin solución a la vista

La disputa entre la UTA y las cámaras empresariales del sector tiene como eje central la falta de un acuerdo salarial. En la última audiencia entre el gremio y las empresas –representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)– no se presentó ninguna oferta de incremento de haberes. Las patronales se respaldaron en la resolución de la Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, que estableció la congelación salarial hasta junio de 2025.

Frente a esta negativa, la UTA convocó al paro, argumentando que los trabajadores se ven forzados a tomar medidas de fuerza ante la intransigencia empresarial. Sin una actualización salarial que compense el deterioro del poder adquisitivo, el gremio advierte que la situación es insostenible para los choferes.

El escenario llevó a las empresas del sector a solicitar la intervención del Estado. La Secretaría de Trabajo, bajo la dirección de Julio Cordero, respondió decretando la conciliación obligatoria, un mecanismo que suspende temporalmente las medidas de fuerza mientras las partes intentan negociar.

Si bien la conciliación evita un paro que hubiera afectado a unos nueve millones de usuarios del transporte público en el AMBA, la medida no constituye una solución definitiva. Se trata, en esencia, de un aplazamiento del conflicto que reactivará sus tensiones en cuanto expire el plazo de 15 días.

El trasfondo de la crisis radica en la falta de financiamiento para el sector. Las empresas, que dependen en gran parte de los subsidios estatales, argumentan que no pueden asumir incrementos salariales sin una revisión del esquema de subsidios o un aumento en las tarifas. A su vez, el Gobierno mantiene una política de ajuste fiscal que limita la posibilidad de asistencia adicional, lo que deja a los trabajadores en una encrucijada sin respuestas inmediatas.

Por otro lado, la UTA enfrenta una presión creciente de su base sindical, que exige mejoras salariales urgentes en un contexto de inflación persistente. La conciliación obligatoria solo posterga el conflicto, pero no lo desactiva. Si en estos 15 días no se logra un acuerdo, es altamente probable que el gremio retome las medidas de fuerza con mayor contundencia.