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A partir de abril, el costo del boleto del pasaje urbano se incrementará a $750, en una decisión que responde al aumento de costos operativos y salariales. Mientras el Estado intenta amortiguar el impacto con subsidios, los usuarios vuelven a ser los principales perjudicados.

En un contexto de creciente presión inflacionaria y ajustes tarifarios en los servicios esenciales, el Gobierno de San Juan confirmó un aumento del 34% en la tarifa del transporte público. A partir del mes de abril, el pasaje de la primera sección pasará de $560 a $750, una suba que, si bien se encuentra por debajo de las expectativas empresariales, impactará de lleno en el presupuesto de los ciudadanos.

Este ajuste no solo afecta a los usuarios del sistema urbano, sino que también repercutirá en las tarifas de los viajes interurbanos, cuyo valor se incrementará de manera proporcional a la distancia recorrida. Además, se establecieron montos diferenciados para los boletos escolares y docentes, fijados en $250 y $375 respectivamente. Estas cifras obedecen a cálculos oficiales que estipulan que la tarifa estudiantil debe equivaler a un tercio del pasaje general, mientras que la docente debe representar el 50% del mismo.

El incremento tarifario no es un hecho aislado. Su aprobación ocurre en un escenario de negociaciones salariales con los conductores del servicio de colectivos, cuyo último acuerdo fijó un sueldo de $1.060.000. Para acompañar este ajuste, el Gobierno provincial anunció una asistencia extraordinaria de $280 millones para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones, además de los $3.000 millones ya comprometidos en subsidios.

Sin embargo, este esquema de financiamiento público no logra evitar que el costo del servicio termine recayendo sobre los pasajeros. El argumento oficial apunta a la necesidad de sostener un sistema de transporte en funcionamiento en un contexto de creciente presión inflacionaria y recortes en los aportes nacionales. No obstante, para el usuario promedio, la ecuación es clara: cada ajuste tarifario representa un golpe directo a su economía, reduciendo su capacidad de movilidad y acceso a servicios esenciales.

El aumento del boleto de colectivo en San Juan se inscribe en una dinámica más amplia de ajustes y reconfiguración de subsidios en el transporte público. Mientras las autoridades intentan equilibrar las cuentas y sostener las fuentes de empleo en el sector, la realidad cotidiana de los sanjuaninos se ve afectada por tarifas cada vez más elevadas. La pregunta que persiste es hasta qué punto el esquema actual es sostenible sin un impacto más equitativo en la distribución de costos entre el Estado, las empresas y los usuarios.

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Martín Solazzo: El último acuerdo paritario fue histórico para la UOM

En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.

El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.

A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.

Además del conflicto salarial, Solazo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.

Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.

Martín Solazo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.

Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nocional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.

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Alerta en Vialidad Nacional: 1.600 despidos y la paralización de obras viales

La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.

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Abril llega con aumentos de servicios y combustibles

Abril llega con una serie de aumentos en servicios esenciales y combustibles que impactarán directamente en los bolsillos de los argentinos. Los servicios de luz y gas, los combustibles, los alquileres y las prepagas serán algunos de los sectores más afectados por estos ajustes.

Los servicios de luz y gas experimentarán un aumento del 2%, según fuentes del sector energético. Esto se suma a los aumentos en los combustibles, que serán impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de los ajustes solicitados por las petroleras. Se estima que la suba estará por debajo del 2%.

Alquileres y prepagas también en alza

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la antigua ley tendrán una actualización del 116,85% en abril. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una desaceleración con respecto a marzo, cuando el incremento anual fue del 149,3%, y febrero, cuando alcanzó el 174%. Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en las cuotas, con aumentos que oscilarán entre el 1,75% y el 2,9%, dependiendo del tipo de afiliación.

Contexto de inflación creciente

Estos aumentos llegan en un contexto de inflación creciente. Mientras en febrero el índice de precios marcó un 2,4%, las proyecciones de consultoras privadas prevén que en marzo el IPC supere el 3%, acelerando la presión sobre el costo de vida. Es importante destacar que el salario mínimo, vital y móvil no tendrá aumentos en abril, lo que podría afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.

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