
ATE enfrenta al gobierno por los despidos masivos
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este lunes en ministerios y secretarías para exigir la renovación automática y anual de los contratos de aproximadamente 50 mil trabajadores de la administración pública. El gremio de estatales, liderado por Rodolfo Aguiar, no descarta ocupar los edificios y realizar «permanencias pacíficas» para evitar los despidos masivos.
La fecha límite para la renovación de los contratos es este lunes, y el gobierno aún no dio señales de ceder a las demandas de ATE. La tensión es palpable, y los trabajadores estatales se preparan para una larga y dura lucha. «Tenemos un gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes», denunció Aguiar.
La CGT se suma a la protesta
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en solidaridad con los trabajadores estatales. La medida es un golpe duro para el gobierno, que ya se encuentra bajo presión por la crisis económica y la inflación.
La disputa entre ATE y el gobierno nacional no es solo una cuestión laboral, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad argentina. La prestación de servicios esenciales, como la salud y la educación, se vería afectada si se producen despidos masivos. «El Estado no soporta más recortes», advirtió Aguiar.
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Martín Solazzo: El último acuerdo paritario fue histórico para la UOM

En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.
El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.
A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.
Además del conflicto salarial, Solazo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.
Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.
Martín Solazo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.
Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nocional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.
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Alerta en Vialidad Nacional: 1.600 despidos y la paralización de obras viales

La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.
Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.
La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.
La incertidumbre laboral
La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.
La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.
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Abril llega con aumentos de servicios y combustibles

Abril llega con una serie de aumentos en servicios esenciales y combustibles que impactarán directamente en los bolsillos de los argentinos. Los servicios de luz y gas, los combustibles, los alquileres y las prepagas serán algunos de los sectores más afectados por estos ajustes.
Los servicios de luz y gas experimentarán un aumento del 2%, según fuentes del sector energético. Esto se suma a los aumentos en los combustibles, que serán impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de los ajustes solicitados por las petroleras. Se estima que la suba estará por debajo del 2%.
Alquileres y prepagas también en alza
Los contratos de alquiler que aún se rigen por la antigua ley tendrán una actualización del 116,85% en abril. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una desaceleración con respecto a marzo, cuando el incremento anual fue del 149,3%, y febrero, cuando alcanzó el 174%. Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en las cuotas, con aumentos que oscilarán entre el 1,75% y el 2,9%, dependiendo del tipo de afiliación.
Contexto de inflación creciente
Estos aumentos llegan en un contexto de inflación creciente. Mientras en febrero el índice de precios marcó un 2,4%, las proyecciones de consultoras privadas prevén que en marzo el IPC supere el 3%, acelerando la presión sobre el costo de vida. Es importante destacar que el salario mínimo, vital y móvil no tendrá aumentos en abril, lo que podría afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.
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